En estado de desierto concluyó el primer intento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) que pretendía precisar y esclarecer las implicancias de la deuda financiera que arrastra la Junta de Usuarios Jequetepeque desde el año 2017 al Estado por pago de tarifa por uso del sistema hidráulico del valle Jequetepeque.

El día 20 de febrero de 2026, el Ministerio de Agricultura y Riego (MDAGRI) publicó el proceso de contratación CM-69-2026-MIDAGRI-OGA-OA, para contratar un servicio de consultoría especializada que permita determinar con precisión el monto de la deuda que mantiene la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jequetepeque Clase A con el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA), correspondiente al periodo 2017–2025.

El proceso tuvo su etapa de inicio de cotización el 23 de febrero y fin de cotización el 27 de febrero, sin embargo no fue cubierto y fue declarado desierto.

De acuerdo a los Términos de Referencia (TDR) del servicio, el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, es el área usuaria del requerimiento y detalla con precisión que la finalidad de esta contratación es “realizar un peritaje técnico, contable y legal que determine con precisión el monto real de la deuda”, asegurando además “la protección del patrimonio del Estado” y “la transparencia en el uso de recursos” .

Este estudio multidisciplinario será fundamental para sustentar futuras decisiones administrativas o incluso acciones judiciales en defensa de los intereses del Estado, según señalan los mismos términos de referencia.

Como se recuerda, el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña ha reclamado administrativa y judicialmente contra la Junta de Usuarios Jequetepeque, la no transferencia y uso ilegal de recursos que recauda por concepto de la Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Mayor (TUIHMA).

En los términos de referencia se señala como antecedente el marco normativo e indica que la Junta de Usuarios actúa como agente recaudador y está obligada a transferir estos fondos a PEJEZA, entidad encargada de la operación y mantenimiento del sistema hidráulico mayor. Sin embargo, el propio documento agrega que “desde el año 2017 hasta el 2025, PEJEZA ha señalado que la Junta… no ha cumplido con la transferencia íntegra de los montos recaudados”.

Esta situación ha generado múltiples discrepancias entre ambas entidades, incluyendo diferencias en los estados financieros, controversias sobre el cálculo de tarifas y cuestionamientos sobre el uso de los fondos. Mientras la Junta sostiene haber destinado parte de los recursos a labores de operación y mantenimiento, PEJEZA afirma que dichos gastos no contaban con autorización formal y que los montos debieron ser transferidos en su totalidad.

El MIDAGRI para esclarecer los alcances del caso, dispuso en su Plan de Operativo Institucional (POI) 2026 se ejecute una evaluación exhaustiva que permita “determinar el monto real recaudado”, “identificar la trazabilidad financiera de los fondos” y “cuantificar el eventual saldo adeudado y los intereses correspondientes” . Para ello, se dispuso que el peritaje a contratar incluya análisis de ingeniería, auditoría contable y revisión legal, además de la evaluación de expedientes judiciales ya existentes.

El objetivo final, indican los TDR, es la elaboración de un dictamen pericial integral que constituya una prueba sólida y verificable. Según el requerimiento, este informe deberá cuantificar la deuda real con precisión técnica y sustento legal, determinando el uso no autorizado de fondos y estableciendo la exigibilidad del pago.

El peritaje tendría un plazo de ejecución de 60 días calendario y se desarrollaría tanto de manera presencial como remota, incluyendo trabajo en las oficinas de PEJEZA en la sede administrativa de Gallito Ciego, y la sede central del MIDAGRI en Lima. Se realizarían investigaciones en la Junta de Usuarios Jequetepeque.

Si las ya conocidas interferencias políticas a las que se han apelado múltiples veces no enturbian esta necesaria contratación, este peritaje se convertiría en un paso decisivo para esclarecer definitivamente la controversia que involucra importantes recursos económicos del Estado. También consolidarían la sostenibilidad de la infraestructura hídrica en una de las principales zonas agrícolas del norte del país.

El resultado del peritaje, señala los términos de referencia, tendrá implicancias legales y administrativas sobre las instituciones involucradas.

Aún no se sabe cuándo se lanzará la segunda convocatoria, aunque se ha deslizado que sería pasada la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.