El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, detectó deficiencias técnicas, económicas y documentarias en el expediente técnico del proyecto de inversión “Mejoramiento del Parque Paseo de la Paz del distrito de Pacasmayo” (CUI N.° 2558193), situación que pone en riesgo la continuidad del proceso, la razonabilidad del presupuesto y la ejecución de la obra”.

Según lo contenido en el Informe de Visita de Control N° 001-2026-OCI/0421-SVC, elaborado tras una evaluación realizada entre el 20 y el 26 de enero de 2026, se realizó para verificar que el expediente técnico se elaboró conforme a los términos de referencia y a la normativa vigente.

El informe indica que la actualización del expediente técnico aprobada en septiembre de 2025, encargada al arquitecto Anderson Silva Pairazamán, arrojó un incremento de S/ 723 mil 753,91 en el valor referencial de la obra. Con esto, el proyecto pasó de S/ 2 647 304,18 a S/ 3 371 058,09, además de duplicar el plazo de ejecución de 90 a 180 días calendario.

Añade que se incorporaron nuevos conceptos no contemplados originalmente, como Gestión del Proyecto y Control Concurrente, además de un aumento en los costos de supervisión, liquidación y elaboración del expediente técnico.

La principal observación del OCI señala que el expediente técnico presenta errores sustanciales en la cuantificación de partidas (metrados), análisis de costos unitarios (ACU) y fórmula polinómica, lo que afecta directamente la confiabilidad del presupuesto.

Según el informe, “se advierte deficiencias en dos (2) conceptos clave para determinar el presupuesto a nivel de costo directo de una obra, como es el metrado y el precio”. Se detectó el uso del término “AUTOCAD” como unidad de medición, lo cual “no corresponde a un sistema de medida como tal”, originando una imprecisión, según el informe.

Se encontraron partidas con formas de medición incongruentes, especificaciones técnicas incompletas y ausencia del método de pago en diversas partidas de arquitectura, estructuras e instalaciones.

El OCI también advirtió que varios insumos y subcontratos no cuentan con las cotizaciones exigidas por los Términos de Referencia, e incluso existen precios sin ningún sustento documental.

En el caso de las esculturas ornamentales, el informe detalla que “las partidas relacionadas con esculturas (…) solo cuentan con una (1) cotización” y que los montos utilizados en los análisis de costos unitarios no coinciden con los valores cotizados.

Se observó la inclusión de materiales con marcas específicas, pese a que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe hacer referencias a marcas, debido a que puede generar un direccionamiento o afectar la libre competencia.

Otro hallazgo relevante indica que la fórmula polinómica del expediente técnico es incorrecta, debido a que la suma de los coeficientes de incidencia supera la unidad, incumpliendo la normativa vigente.

El informe precisa que “los coeficientes de incidencia suman más que la unidad (1)”, alcanzando 1.103, cuando la norma establece expresamente que “la suma de todos los coeficientes (…) siempre será igual a la unidad (1)”.

La segunda situación adversa identificada, señala que los planos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas de las especialidades de estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas no cuentan con la firma de los profesionales responsables, requisito obligatorio según las normas técnicas de edificación. Esto debe subsanarse.

En estructuras, el propio consultor consignó que “no se requiere análisis estructural”, pese a que los planos contemplan losas, vigas y estructuras de concreto armado, lo que, según el OCI, resulta incompatible con la normativa técnica vigente.

En instalaciones sanitarias y eléctricas, además de la falta de firmas, se detectaron errores de cálculo, incongruencias entre planos y memorias, y riesgos técnicos que podrían generar fallas operativas y controversias durante la ejecución de la obra, según el informe de Contraloría.

El informe concluye indicando que las deficiencias encontradas no justifican la razonabilidad del valor referencial y “generan el riesgo de controversias durante el proceso de selección o ejecución contractual”.

Finalmente el OCI recuerda que, de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, la responsabilidad por errores u omisiones en el expediente técnico recae en el consultor y en la entidad que lo aprueba, pudiendo ser reclamada hasta por tres años después de otorgada la conformidad de obra.

La Contraloría recomienda trasladar al alcalde Ricardo Guanilo Ayala, el Informe de Visita de Control a fin de que sea notificado de las situaciones adversas identificadas y adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional. Añade que estas correcciones son necesarias para “asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la propia Entidad”.

El titular de la MDP, deberá comunicar al OCI en un plazo máximo de 5 días hábiles, documentalmente, las acciones preventivas o correctivas adoptadas.