Jueza Dictó Prisión Preventiva Contra Imputado por Presunto Delito de Extorsión
En audiencia realizada el viernes 27 de setiembre, la titular del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia de Pacasmayo, Katherine Yessenia Matta Sarmiento, acogió el requerimiento de prisión preventiva de 9 meses formulado por el Ministerio Público contra César Augusto Mendoza Pajares (23), “Cesarín”, al hallar suficientes y graves elementos de convicción que comprometen al imputado en la presunta comisión de los delitos de microcomercialización de drogas y extorsión.
Mendoza Pajares fue intervenido el 16 de septiembre por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Pacasmayo, luego de que se ejecutara un operativo en el marco de un caso de presunta extorsión.
En la audiencia realizada entre las 2.30 y 5.30 de la tarde, de manera virtual, la magistrada valoró los argumentos de la fiscal Taly Chayguaque Ventura e impuso la medida coercitiva contra Mendoza Pajares, la cual se cumplirá hasta el 15 de junio del 2025.
La fiscal precisó que Mendoza Pajares tuvo en su poder la moto; y fue quien ejerció amenaza contra el agraviado para pedir el rescate de la moto a cambio de dinero.
En el caso de la microcomercialización de drogas, la defensa del imputado buscó desmantelar la imputación fiscal diciendo que la droga era para consumo personal.
Expuesta la decisión de la magistrada, la defensa legal del imputado anunció que presentará apelación a la decisión de la jueza dentro del término de ley.
La víctima en el caso que involucra a Mendoza Pajares es un ciudadano de Pacasmayo al que le hurtaron su moto frente a la fábrica de Cementos Pacasmayo.
Mendoza Pajares habría realizado las negociaciones pidiendo el dinero para devolver la moto robada.
Hasta el momento ha jugado un papel importante en el caso los hallazgos de mensajes en el celular del imputado, mensajes que el Ministerio Público ha clasificado como determinantes en la sustentación de la autoría del delito que busca demostrar y sea sancionado al final en el proceso.
Fiscalía ha previsto una pena de once años de prisión.
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