El jefe de la Administración Local del Agua Jequetepeque, Ing. Carlos Alvitez Alvitez, en entrevista con Últimas Noticias, confirmó que se ha iniciado proceso administrativo sancionador contra la Junta de Usuarios Jequetepeque, que preside Hugo Quilcate Sánchez. Asimismo indicó que las respuestas que ha dado hasta el momento la gestión, respecto a los gastos excesivos detectados, no han sido satisfactorias; pero siguen recibiendo sus explicaciones, las cuales les corresponde fiscalizar.

¿En el campo administrativo qué continúa y en qué plazos, tras la denuncia elevada a la fiscalía?

Lo que ha hecho ALA J es trasladar la denuncia de un grupo de agricultores para que Ministerio Público de acuerdo a  sus facultades, y como se trataba de denuncias sobre manejo de recursos provenientes de la tarifa de agua que es el tesoro público, tome las acciones que corresponda.

Nosotros como instancia administrativa, estamos dando todos los pasos necesarios, somos el ente encausador dentro del ANA; posteriormente viene el ente fiscalizador que es la AAA que está en proceso también. Las denuncias de los usuarios corresponden al año 2017. En nuestro caso, ALA  ya inició proceso administrativo sancionador para determinar cuáles son las justificaciones de gastos de la Junta de Usuarios, que ha demorado en contestar.

¿La JUJ ha respondido, pero no ha satisfecho?  ¿Cuál es la figura?

No ha satisfecho. () Se hizo gastos excesivos de acuerdo al plan de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hidráulica, y se han excedido en los gastos. Eso se ha venido observando en la supervisión a la Junta de Usuarios; y debería informar antes de los gastos; el PAT tampoco se ha modificado. Ahorita estamos pidiendo explicaciones. Por ejemplo, hay partida que se proyectó  en 5,000 pero se ha gastado cerca de 500 (mil).

La Junta nos alcanza una sustentación contable y hasta allí está bien: que ha pagado 60 mil dólares por asesoramiento legal, 30 mil primero, después 20 mil y 10 mil. Pero, en fiscalización, se debe determinar por qué se pagó, cuáles son los términos de referencia de ese contrato, qué actividades se hizo y qué producto se entregó. Y esto no solo en cuanto a consultoría legal, sino por consultoría técnica, hay exceso de gastos.

Se cuestiona el pago por conciliación a un trabajador, y obviamente una conciliación debería ser mejor para la institución, no perjudicarla. ¿Qué se ha determinado?

En el balance del primer semestre hay disponibilidad de partida que corresponde a Opema de algo de 600 mil soles en cifras redondas; y en el balance también del 2017 al final del año, en el segundo balance, el saldo que queda es de 150 mil y picos. La diferencia exacta de eso es 460 mil soles. Lo que pedimos, y a la fecha ALA no logra determinar, es en base a qué gastos está ese monto tipificado.

¿Qué se les ha respondido en los otros temas?

Hay varias, pero son 13 partidas donde se ha hecho el mayor gasto y hemos pedido que (la Junta de Usuarios) explique. Cuando se trasladó la denuncia a fiscalía,  todavía no llegaban acá (la respuesta de la junta). En supervisión se ha detectado cosas relacionadas a personal, familiares de presidentes y directivos trabajando. Un alcance que tenemos es que al 3 de agosto se manifiesta que estos trabajadores vienen desde antes de periodo, posiblemente sea cierto, pero esto recién nos llega.

Hay otras informaciones sobre pago de asesoría legal, y tampoco teníamos al momento de trasladar la denuncia. Como se trata del dinero de la tarifa de agua se trasladó a la fiscalía como medio más efectivo por los indicios. La fiscalía determinará si hay situaciones penales o no.

() En base a las supervisiones ya se inició el proceso administrativo sancionador. Hay observaciones pendientes pero la junta puede seguir alcanzando información, adjuntando un  plan de trabajo para hacer seguimiento estableciendo fechas, cronograma, hasta cuándo va a cumplir. Por ejemplo se les observa la no entrega del inventario de infraestructura de riego menor, para eso se ha pedido cronograma de trabajo y para cuándo va a cumplir. Se tiene que dar plazos y la junta debe alcanzar cronograma de trabajo.

¿Cómo se garantizará que la junta no continúe en estos "errores"?

Estamos en fiscalización,  en cuanto se detecta irregularidad y que corre peligro los fondos provenientes de la tarifa técnica, la norma establece que se puede suspender a esa junta directiva pero se tiene que contar con pruebas.

Si el Ministerio Público haya elementos para abrir proceso, ¿se apersonará el procurador del ministerio, al caso?

Será la AAA la que asume y se oficiará al procurador público para que se apersone.