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Autoridad Local del Agua Denuncia Ante Fiscalía Irregularidades en Junta de Usuarios Jequetepeque

El Administrador Local del Agua – Jequetepeque, Ing. Carlos Alvitez Alvitez ha alcanzado diversos elementos de juicio al Ministerio Público para que, en virtud de sus atribuciones, inicie las investigaciones por presuntos ilícitos penales que habría cometido la gestión de Hugo Herminio Quilcate Sánchez, en la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jequetepeque - Clase A.

La comunicación cursada por el ALA-J, ha sido ingresada el miércoles 1 de agosto a la Fiscalía Mixta Corporativa de la Provincia de Pacasmayo. En medio de la convulsión nacional por los actos de corrupción en el Poder Judicial y el mismo Ministerio Público, esta vez corresponderá a la Fiscalía Provincial de Pacasmayo acreditar idoneidad por este preocupante caso que afecta a más de 15 mil usuarios.

Al constituirse en dineros públicos corresponden acciones de investigación que determinen la comisión de ilícitos penales en agravio del Estado, perseguidos por el Ministerio Público.

El jefe del ALA-J es claro en el oficio 348-2014, dirigido a la fiscalía, solicita investigación sobre presuntas irregularidades en gastos provenientes de tarifa de agua. En su escrito precisa que “la tarifa de agua, conforme lo ha establecido la Contraloría General de la República en la hoja informativa N° 164-2017-CG/LEG… constituye indubitablemente recursos públicos, según lo establecido en el artículo 92° del Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI”. Al constituirse en dineros públicos corresponden acciones de investigación que determinen la comisión de ilícitos penales en agravio del Estado, perseguidos por el Ministerio Público.

SEGUIMIENTO DE USUARIOS

Sin embargo el caso en cuestión, no ha sido un descubrimiento del ALA-J. Según el oficio, la autoridad del Agua destaca la denuncia formulada por un grupo de usuarios agrarios que son los que han detectado “malos manejos económicos de los directivos de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jequetepeque - Clase A, en perjuicio del Estado, al estar usando dinero proveniente de la tarifa de agua en contravención a lo normado en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su reglamento, así como la Ley N° 30157, Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua”.

Estas denuncias de los agricultores, llevaron al jefe de ALA-J a realizar supervisiones y fiscalizaciones, a fin de verificar el desempeño de la gestión Quilcate de acuerdo a Ley.

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Se verificó, señala el documento, el cumplimiento del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (POMDHI) de los años 2017 y 2018, los cuales se financian con los recursos provenientes del cobro de la tarifa de agua en todas las comisiones de regantes y que se centraliza en la JUJ.

La verificación del plan operativo de la JUJ dejó sorpresas que poco a poco han crecido en importancia y definitivamente en preocupación de la autoridad del Agua por las implicancias no solo administrativas, sino posiblemente penales.

De acuerdo al presupuesto programado aprobado, informa el jefe de ALA-J al Ministerio Público, “existe un exceso de gasto en 13 partidas, ello sin contar que el POMDHI, puede ser modificado, con autorización previa consulta y justificación de los cambios y ser aprobado por Resolución Administrativa, acción que a la fecha no lo han realizado”.

La Junta de usuarios Jequetepeque ha dispuesto del dinero del Estado sin justificación ni sustento, ni comunicado al ALA-J, como prevé la norma.

CONCILIACIÓN DE MEDIO MILLÓN DE SOLES

El jefe del ALA-J, ha apuntado como hecho trascendente, que merece especial atención por el Ministerio Público, una sospechosa conciliación de la Junta que preside Quilcate, con el ex gerente de Opema Jequetepeque, Segundo Reyna Marín. En las supervisiones que ha realizado -señala- existe “un pago ejecutado mediante una conciliación extrajudicial al Sr. Segundo Reyna Marín, quien ha obtenido una sentencia judicial para el pago de sus beneficios laborales por un monto de S/ 206 mil soles, habiéndosele cancelado un monto total de S/ 450 mil soles”.

SIN RESPUESTA NI SUSTENTO

Las irregularidades halladas por los usuarios, verificadas por el ALA-J, fueron notificadas a la Junta, a fin de que sean absueltas de manera sustentada con la documentación pertinente. Sin embargo, indica el jefe de ALA-J, Alvitez Alvitez, “no han sido alcanzadas, pese a haber sido válidamente notificados”. La instancia administrativa hasta el momento solo tiene evidencias de la comisión de irregularidades que han obligado a trasladar los actuados al Ministerio Público.

Concluye el oficio indicando que “más allá de ameritar el pronunciamiento correspondiente de la Autoridad Nacional de Agua como instancia administrativa, podrían tener connotación jurídico penal, al presumirse que existiría la comisión de un delito penal”.

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