La Libertad: Contraloría Sancionó a 25 Funcionarios por Comisión de Faltas Graves
Contraloría General de la República sancionó administrativamente a 25 funcionarios y servidores públicos en la región La Libertad por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de trabajar en el Estado.
Este récord de suspendidos se registró en enero y abril del 2018 y las sanciones van de 30 a 360 días, o inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.
La región La Libertad se encuentra en el sétimo lugar a nivel nacional en donde mayor cantidad se funcionarios y servidores públicos son sancionados, teniendo como antecesores a Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46) y Tumbes (30).
De las 468 sanciones administrativas, 153 quedaron consentidas en primera instancia, no fueron apeladas; 315 fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), al ser apeladas pero fueron desestimadas.
La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o servidores por los mismos hechos, aclaró la CGR.
Los jefes de las entidades públicas deben ejecutar de manera inmediata las resoluciones que emita la CG y el TSRA contra los que hayan sido sancionados administrativamente. Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de Servir y publicadas en el portal web de la Contraloría.
Se subraya que con la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, vigente desde el 29 de marzo de 2018, las autoridades electas que incurran en alguna acción u omisión considerada como infracción grave o muy grave podrán ser procesados en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y ser pasibles de sanciones de suspensión y/o inhabilitación, según corresponda.
El procedimiento sancionador tiene dos instancias que cuentan con autonomía técnica:- La primera instancia está a cargo de la Contraloría e integrada por el Órgano Instructor; y un Órgano Sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas.
- La segunda instancia a cargo del TSRA, órgano colegiado adscrito a la Contraloría General, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.