Los casos referidos a la adjudicación de lotes a favor de los Aldea así como de Escurra Castro ya fueron informados por Últimas Noticias (25 julio 2017, 20 diciembre 2017) sin que hubiese intervención del OCI o del concejo municipal.

El denunciante Alejandro Merino explica el proceso que se dio en cada caso.

Refiere que es de conocimiento que algunos de esos lotes son ocupados actualmente por el alcalde Aldea Huamán. Los certificados y adjudicaciones se hicieron al final de su anterior mandato, o sea en los últimos días de diciembre 2010.

En cuanto a Marcos Escurra Castro, favorecido también con un lote en Puémape, indica que se le expidió constancia pese a ser sobrino directo del entonces y actual regidor José Manuel Castro Huamaní, sin que éste se opusiese “o ejerza fiscalización dada a la prohibición establecida en la Ley y por el contrario, radicando en el mismo domicilio, según dirección consignada en su D.N.I.s, (ambos radican en el Jr. Ayacucho N° 402 en San Pedro de LLoc) consintió dicho hecho”.

SIN EXPEDIENTE

En cuanto a Rolando Jaime Pérez Lulicha, el recurrente afirma: “Es hermano del señor Daniel Segundo Pérez Tavera (ex) Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, conforme así se verifica de las Acta de Nacimiento N° 360 expedida por la oficina de RRCC de la MPP y el Acta de Nacimiento N° 269 RRCC MPP, donde se consignan como padre común al señor Segundo Pérez de la Cruz”.

Respecto a este caso precisa que “en el mes de diciembre del año 2010, sin ningún expediente administrativo, (salvo que lo elaboren en este tiempo para justificar) se adjudica y titula al señor Rolando Jaime Pérez Lulicha dos lotes de terreno de propiedad de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, uno signado como lote N° 18 Mz. R del Balneario POEMAPE del distrito de San Pedro de Lloc y el otro signado como lote N° 15 de la Manzana U del Asentamiento Humano “Las Palmeras””.

Informa que el lote de Puémape fue inscrito en Sunarp el 5 de enero del 2011, Partida 11006065; y el 26 de setiembre 2012, con escritura pública celebrada ante el notario César Torres Gonzales, se transfirió a Jackie Kourniatis Elias, por cinco mil soles. El 22 de noviembre 2013, se transfiere el mismo lote a Wilbor Hugo Oliveros Cerna, por cinco mil dólares americanos.

Respecto al lote del AH Las Palmeras fue vendido a José Jesús Vásquez Elías y Sara Edelmira Pérez Tavera (hermana del subgerente DUR-MPP), por dos mil soles.

GRAVE INCRIMINACION

En su pedido, Merino hace una grave incriminación. Dice: “Se debe precisar que el señor Rolando Jaime Pérez Lulicha, no solicitó lote alguno y no existe expediente administrativo que lo promueva, no pagó sol alguno y se adjudicó dos lotes conocidos (tal vez existan más), cuando la Ley TAMBIÉN prohíbe la adjudicación de más de un lote”.

“De ello, a pesar de ser pública esta irregularidad el Órgano de Control Interno MPP, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el Concejo Municipal, no fiscalizan, controlan o denuncian hasta la fecha esta irregularidad y siendo pública se trató en sesión de concejo sin que se adopten las medidas correctivas omitiendo su función”.

Igual en el otro caso, sostiene: “En este último caso, los ciudadanos Marco Antonio Panduro Javier y Blanca Nieve Montenegro Hernández, actuando de mala fe y recurriendo en falsa declaración en procedimiento administrativo, no declaran ser cónyuges, que ya tienen propiedad en la jurisdicción de la provincia de Pacasmayo y se hacen adjudicar, mediante la Constancia de Posesión N° 0267-2014, el lote “6” manzana “12” del Balneario Puémape y el Certificado de Posesión N° 0266-2014 sobre el lote “5” manzana “12” del mismo Balneario, lo que no sólo amerita que dichas constancias sean anuladas judicialmente sino que se denuncie a los referidos ciudadanos por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo”.

REGIDORES PODRÍAN SER DENUNCIADOS TAMBIÉN

Concluye su escrito alertando a los regidores que “de no asumir su función de fiscalización y de evitar autorizar lo solicitado en tiempo prudencial, me veré obligado acudir al Ministerio Público para denunciarlos por los delitos de omisión de denuncia, omisión de actos funcionales y de encubrimiento a actos de corrupción”.