El policía Harold Stewart Vargas Sánchez -quien se halla tras las rejas cumpliendo un mandato de prisión preventiva de 9 meses, investigado por el asalto al grifo San Isidro- presentó demanda de habeas corpus contra el juez de Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayo, Luis Pérez León; el fiscal Germán Risco Baquedano; el SOS PNP Manuel Flores Lingán (de Depincri) y contra el defensor público Salvador Domínguez Rujel quien lo defendió en la audiencia de requerimiento de prisión  preventiva.

La demanda ha sido interpuesta ante el 2º Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo – Exp. 0463-2016-0-1601-JR-PE-02- que despacha el juez Rosendo Pompeyo Vía Castillo, quien antes ejerciera dicha función en la provincia de Chepén.

En su escrito –con firma del abogado Dante Darwin Guzmán Hermenegildo- el policía que está en condición de reo en cárcel, alega que se han vulnerado los principios y derechos a libertad personal y al de no autoincriminación, el debido proceso y el de motivación de las resoluciones judiciales.

El juez Vía Castillo ha corrido traslado de la demanda a las partes para que los demandados contesten dentro del plazo de ley.

En su escrito, el policía sostiene: “(…)  se me ha compelido; inducido y/o engañado a firmar una declaración donde reconozco culpabilidad como partícipe del delito de robo agravado que se investiga, en el sentido que habría prestado mi arma de fuego a una tercera persona para que asalte un grifo, además de haber delatado a otras personas como cómplices del evento delictivo”.

Afirma que contra él no existía prueba que lo vincule como autor o partícipe del asalto al grifo San Isidro, del CP Mariscal Castilla, Guadalupe, ocurrido en mayo pasado.

Para justificar la existencia del acta suscrita por él, autoincriminándose y con firma de su defensor, argumenta que “(…) dichas expresiones fueron concebidas subrepticiamente en el acta de declaración por parte de los órganos persecutores del delito (Fiscalía-PNP) y avalados por el propio Defensor Público quien no solo llegó tarde a la diligencia de declaración, pues la misma había sido impresa y solo se limitó a firmarla sin leerla vulnerando con ello mis derechos constitucionales…”.

Juez le leyó sus derechos

Entre los demandados se ha comentado que el juez Pérez León celebró audiencia de lectura de derechos a los imputados. En esa ocasión, el policía Vargas Sánchez no denunció que se hubiese violado alguno de sus derechos. Es más, por su formación académica se entiende que conocía ese derecho.

En la audiencia judicial del 25 de mayo 2016,  Vargas compartió lugar con Juan Diego Almengor Huatay para quien también se dictó prisión preventiva por 9 meses.

En esa ocasión el defensor Domínguez Rujel alegó que la autoinculpación no era suficiente para incriminar a su patrocinado Vargas, y denunció una investigación presuntamente deficiente.

En el caso de Almengor Huatay, su abogado, el defensor público Marino Díaz Rimarachín, dijo que había colaborado desde el inicio para contar cómo ocurrieron los hechos acogiéndose a la confesión sincera.

Vargas Sánchez apeló pero su recurso no ha sido resuelto todavía; además ha interpuesto la demanda de habeas corpus que hemos detallado.