CHEPEN, (ULTIMAS NOTICIAS DIARIO). Después de dos audiencias frustradas y varios meses de por medio, fue declarado procedente el pedido fiscal para que el Juzgado de Investigación Preparatoria remita los actuados relacionados al congresista Reber Joaquín Ramírez Gamarra, a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a fin de que esa instancia gestione que se le levante la inmunidad parlamentaria para que pueda ser investigado por el presunto delito de falsificación de documentos.

La jueza de Investigación Preparatoria, Liana Argomedo Pérez, en audiencia celebrada al mediodía de este jueves 21, admitió el pedido.

Las partes

Solamente asistió el fiscal Francisco Domingo Rivera Navarro.

No estuvo el abogado de la Comunidad Campesina de Chepén, José Acosta Tello, demandante; tampoco el representante de los investigados; ni el Procurador Público del GR La Libertad, a quien también se le notificó.

La audiencia fue instalada, pero se interrumpió por varios minutos, luego de que la magistrada consultara con el fiscal quién tenía la defensa de los investigados. La respuesta fue un defensor público.

La jueza se comunicó con la coordinadora de la Defensa Pública, y después de alrededor de 10 minutos llegó un abogado de esa instancia. Tras dialogar con la doctora Argomedo, se retiró.

Congresista notificado

La magistrada verificó que se había notificado a las partes, conforme a lo dispuesto en la audiencia del 12 de noviembre 2015.

En el caso del congresista investigado, se le notificó en el domicilio que figura en su ficha Reniec; así como en el que indicara al apersonarse en el proceso, dijo el fiscal Rivera Navarro.

La jueza refirió que el notificador había informado que la dirección de domicilio que consta en la ficha Reniec de Ramírez, en Baños del Inca, Cajamarca, era imprecisa y nadie lo conocía. Sin embargo sí fue notificado en la dirección de Rivera Navarrete 645, 4º Piso, San Isidro, Lima. En la notificación consta un sello de Grupo empresarial Ramírez que da por recibida la notificación.

Al verificar que las partes habían sido válidamente notificadas, la jueza decidió continuar la audiencia.

Argumentos del fiscal y los involucrados

El fiscal Francisco Domingo Rivera Navarro sustentó su solicitud de remitir los actuados referidos al parlamentario Ramírez Gamarra, a la Corte Superior de Justicia de La Libertad para que obre conforme corresponde, por considerar que existen hechos que vinculan a éste con la investigación.

Rivera Navarro ofreció detalles de la denuncia de la Comunidad Campesina de Chepén.

Los dirigentes comunales denunciaron a Ramírez, porque supuestamente se apoderó de 1.183 hectáreas de terrenos comunales mediante documentos presuntamente fraguados. En el certificado de posesión número 06-2012, se menciona al investigado como comunero representando a Empresa Agroindustrial San José SAC.

Agregó que se había solicitado documentos a Hidrandina y a la Administración Local de Agua (ALA) Jequetepeque relacionados a gestiones realizadas por Rodman Eduardo Souza Reátegui, quien actuó en nombre de Ramírez Gamarra, en virtud de un poder. En el caso de Hidrandina era para gestionar instalación de servicio eléctrico en el predio Las Uvas. En ALA Jequetepeque, licencia de agua para irrigar parte de los terrenos mencionados.

Al recibir los documentos de esas entidades, los dirigentes comunales habrían descubierto que sus firmas fueron falsificadas en el certificado de posesión 06-2012.

La investigación se ha formalizado contra Souza Reátegui, representante de Universidad Alas Peruanas (UAP), porque el representante de Agroindustrial San José SAC, congresista Ramírez, mediante convenio cedió a la UAP el terreno que reclaman los comuneros. También se considera necesario incluir a Ramírez en la investigación, pero por su investidura debe cumplirse con las formalidades de ley.

Rivera refirió que dos audiencias anteriores para pedir se tramite el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ramírez se frustraron debido a que no se había acreditado notificación para Ramírez, en los términos debidos.

Indicó que los presuntos delitos que se investigan son:

• Contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, uso de documento falsificado
• Contra la administración pública en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio de la Comunidad Campesina de Chepén y el Estado, representado por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional La Libertad.

La jueza Argomedo Pérez declaró procedente el pedido fiscal y ordenó elevar los actuados a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La audiencia finalizó a las 12.26 de la mañana de este jueves 21.