CHEPEN, (ULTIMAS NOTICIAS DIARIO). Al fin se instaló la audiencia en el caso de las 1,058 bolsas de cemento. Fue en el Día de Pascua de Reyes que al fin concurrieron todas las partes comprendidas en uno de los procesos que la Fiscalía Anticorrupción investiga y que involucra a la administración del exalcalde Wilfredo Quesquén Terrones. La audiencia fue por el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra 5 de los 8 investigados.

La jueza de Investigación Preparatoria (JIP), Liana Argomedo Pérez, declaró improcedente la prisión preventiva. Sin embargo dictó comparecencia con restricciones sujeta al cumplimiento de reglas de conducta, y fijó una caución de un mil soles que cada uno de los investigados debe pagar en el lapso de 10 días de dictada su resolución.

Fiscalía e Investigados Apelan

Ninguna de las partes estuvo conforme con la decisión de la magistrada. El fiscal Wilder Delgado Flores, sustituyó al fiscal titular del caso Regis Oliver Sánchez quien se encuentra de vacaciones. Delgado anunció que apelaban al fallo.

Los abogados de los investigados Wilfredo Quesquén Terrones, Jaime Guanilo Díaz, Haydeé Ellen Bracamonte Goicochea, José Toro Montenegro y Manuel Ahumada Fernández (Ferretería Mafer) hicieron lo mismo en los extremos de la caución y del mandato de comparecencia con restricciones.

La audiencia se prolongó por espacio de 2 horas y media; se inició a las 12 del día.

Argumentos de fiscal

El fiscal argumentó que los funcionarios y el proveedor son investigados por la presunta comisión del delito de colusión y pidió prisión preventiva por 9 meses, que el delito que se les imputa podría acarrear pena mínima de 6 años. Recordó cómo se originó el caso:

En forma inusualmente rápida, en el periodo del alcalde Quesquén Terrones, se tramitó requerimiento de 1,058 bolsas de cemento para la obra de pavimentación de las calles Los Pinos y Las Lilas, pese a que esas calles ya estaban pavimentadas.

El requerimiento de ese material se procesó con una rapidez inusitada e igualmente se canceló en la misma forma, pese a que el cemento no ingresó a los almacenes de la municipalidad. Con el gobierno del alcalde David Lías Ventura, quien reemplazó a Quesquén al ser vacado éste por el JNE, el gerente municipal Juan Julio Mori Vera, el 18 de enero del 2013 denunció que el cemento fue pagado pero no ingresó a la Municipalidad. Puntualizó que cuando el proveedor Manuel Ahumada Fernández (de la empresa Mafer) cobró 20 mil 102 soles por el cemento informó que estaba entregando el producto. Sin embargo, después de hecha la denuncia pública, cursó cartas admitiendo que el cemento estaba en su poder. Si no se reclamaba, el cemento a lo mejor no hubiese sido entregado. El fiscal remarcó que se pidió ese material para pavimentar dos calles que ya estaban pavimentadas.

Hizo una recapitulación de los hechos y de la investigación, considerando que existía peligro de fuga u obstaculización de la investigación ya que algunos de los investigados están comprendidos en otros procesos.

Hablan abogados de imputados

A su turno, los abogados Fidel Machado Frías (por Bracamonte Goicochea), Paco Burgos Vejarano (por Quesquén, Guanilo y Toro), y Juan Carlos Cienfuegos (por Ahumada Fernández) rechazaron la imputación fiscal calificándola de desleal, irresponsable, temeraria, etc. Machado alegó que existía un informe especial de Contraloría que determina que el cemento ingresó, que no se recibió porque la municipalidad no contaba con almacenes; dijo que su patrocinada solo trabajó 14 días en la Municipalidad de Chepén; y si actuó como lo hizo fue para evitar que el dinero revierta a la Caja Fiscal por no emplearse. Criticó a la Fiscalía porque no había solicitado, previamente, informe de Contraloría.

Burgos manifestó que si se hablaba de colusión el primero en ser comprendido en el proceso debió ser el exgerente de Obras, Martín Antonio Torres Pérez, porque fue él quien hizo el requerimiento del cemento. Negó que exista delito de colusión. Dijo que jamás se les notificó la investigación preliminar iniciada por fiscalía; que después de 7 meses que el proceso estuvo detenido, se abrió otra investigación por los mismos hechos, pero por presunto delito de peculado doloso en los que los mismos investigados estaban como testigos. Indicó que el cemento no se recibió porque la municipalidad tenía un almacén pequeño solo para alimentos.

Cienfuegos sostuvo que su patrocinado jamás se negó a entregar el producto, que se le encargó a efectos de que no se malogre. La municipalidad lo iría a recoger cuando lo necesitara. Indicó que en octubre del 2013 el gerente denunciante (Mori) recién solicitó 650 bolsas y que luego solicitó tubos para desagüe cuyo valor pidió pagar canjeándolo por el precio equivalente al de 350 bolsas.

La jueza formuló varias preguntas antes de rechazar la prisión preventiva.

Detalles

Por la Procuraduría asistió la abogada María Elena Solís Mendoza; por la defensoría pública el letrado Juan Carlos Martínez, en reemplazo de su colega Chepe Huamán. También estuvo la doctora Rosa Ledesma Alcántara.

Hubo un fuerte debate respecto del presunto informe de examen especial realizado por Contraloría y al cual aludía el abogado Machado pero sin tener una copia. Criticó a fiscalía no haberlo solicitado. El fiscal replicó que la Directiva que obliga a solicitar los informes de exámenes especiales se dio un mes después que la Fiscalía había cerrado la investigación y por lo tanto no estaban obligados a pedirlo. Los abogados cuestionaron ese planteamiento indicando que la investigación estaba cerrada pero no se había formalizado aun. Fue un pasaje en el que las partes hablaron desordenadamente cada una tratando de imponer su punto de vista.