Luego de la entrega de un memorial dirigido al Arzobispo Metropolitano de Trujillo, promovido por el comité pro templo de Guadalupe, ayer, se reafirmó que el diálogo y la voluntad entre los firmantes del convenio tripartito para la ejecución de dicho proyecto de restauración, es el que primará sobre los documentos cursados en los últimos días y que generaron un clima tenso en la comunidad católica y sociedad civil.

Desde la emisión de un comunicado del Arzobispado del 11 de agosto en el que se advertía un incidente en el marco del cumplimiento del convenio tripartito que firmaron el Arzobispado, el Gobierno Regional de La Libertad y la Dirección Desconcentrada de La Libertad en abril de 2025, la preocupación fue creciendo en medio del desarrollo del proyecto que ya había tenido su punto de inicio formal de la ejecución física con la entrega del terreno el 15 de julio y el inicio del plazo contractual el 16 de julio.

El proyecto “Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural en la Iglesia y Antiguo Convento de Nuestra Señora de Guadalupe Distrito de Guadalupe de la Provincia de Pacasmayo del Departamento de La Libertad”, con CUI debió empezar con el levantamiento de información para la elaboración del expediente técnico, por un plazo establecido de 1 año.

Sin embargo el 24 de julio, cuando el equipo de trabajo de la empresa ejecutora del proyecto llegó a Guadalupe para iniciar su labor, no pudo hacerlo debido a que el párroco Ronald La Barrera Villarreal les comunicó que por disposición del Arzobispado, no podían ingresar hasta que la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel  responda a la carta enviada que le envió Monseñor Alfredo Vizcarra Mori el día 22 de julio.

pasaron 20 días y al no haber respuesta, el Arzobispado Metropolitano de Trujillo hizo de conocimiento público la falta de respuesta. La carta, que simultáneamente fue dirigida al director de la DDC-LL Christian Arbaiza Mendoza, contenía una propuesta de término del convenio para la formulación y ejecución del proyecto. Las razones, según lo textualmente escrito en la carta, “determinadas condiciones… incompatibles con los estándares de integridad y transparencia… rompiéndose la confianza institucional”.

Hecho público el comunicado del Arzobispado respecto de la carta no respondida, la noche del 12 de agosto la gobernadora regional suscribe carta de respuesta, señalando que se ha cumplido con todas las formalidades que exige la normatividad. “... confío en que desistirá de su decisión de resolver el Convenio materia de la presente comunicación, permitiendo asegurar la continuidad del Proyecto de Inversión”, dice Cabrera Pimentel al Arzobispo Vizcarra Mori en su carta.

En este contexto es que el comité pro templo de Guadalupe se reúne con el párroco Ronald La Barrera Villarreal y posteriormente sientan posición haciendo suyo el pedido de la gobernadora. El párroco por su parte instó a orar para que se materialice una solución al incidente, el mismo que pasaba por la reunión entre las partes firmantes del convenio.

La comunidad católica guadalupana organiza y participa en una vigilia con esa finalidad. Tanto el comité y el párroco se reunirían la primera quincena de septiembre con el Arzobispo Vizcarra Mori para conocer de parte de la autoridad eclesiástica el contexto que motivó la carta y despejar las dudas sobre su repercusión en el proyecto.

Mientras se esperaba esa fecha por definir, el comité pro templo promovió la realización de una movilización a la sede del Arzobispado Metropolitano de Trujillo para entregar un memorial pidiendo que el proyecto continúe.

Ello se materializó la mañana de ayer. Un grupo de ciudadanos guadalupanos, con carteles pidiendo la continuidad del proyecto, se instalaron frente al Arzobispado y esperaron hasta que la presidenta del comité pro templo, Cecilia Vera Velásquez ingresó a la sede junto al consejero regional por la provincia de Pacasmayo, José Cabos Urrunaga y la miembro del comité Norka Alcántara Castro.

Según indicaron a su salida, el abogado del arzobispado, Dr Pedro Hernani Gracey Vizconde y el Vicario a cargo ante la ausencia por viaje del arzobispo, confirmaron que se está coordinando las agendas de los tres titulares de las entidades firmantes del convenio para tratar las observaciones que la Iglesia ha planteado y se resuelvan de la mejor manera.

De acuerdo a lo que señaló Vera Velásquez, los representantes del Arzobispado consideraron que hubo una mala interpretación de los términos de la carta, que el proyecto debe continuar y que la voluntad de diálogo es para resolver los puntos observados. En el fondo se evidenció una voluntad de resolver el incidente, más allá de la vehemencia con la que se redactaron los documentos.

No se ha fijado aún la fecha de la reunión que podría poner término al incidente que por ahora ha suspendido todas las actividades relacionadas al proyecto.

El proyecto, que tuvo un inicio de plazo contractual el 16 de julio, tiene por ahora elementos para justificar la suspensión de dicho plazo.

Según se pudo conocer, la mañana de ayer cuando todos miraban a Trujillo y la sede del Arzobispado, a Guadalupe habría llegado nuevamente el equipo de la empresa formuladora del expediente técnico.

En tanto la situación ha llevado a proyectar una reunión entre el GRLL, la DDC-LL y el Arzobispado, para absolver las observaciones de este último, el equipo del formulador del expediente técnico tuvo que abandonar la ciudad, pero con una nueva evidencia documental que le permita mantener la suspensión del plazo mientras se resuelven los asuntos pendientes del convenio.