Es evidente que el Arzobispado Metropolitano de Trujillo no ha expuesto públicamente cuáles son los detalles de la contundente posición de terminar con el convenio tripartito para la continuación del proyecto "Recuperación del Servicio de Interpretación Cultural en la Iglesia y Antiguo Convento de Nuestra Señora de Guadalupe" con CUI 2663387. Lo que sí ha dejado claro entre líneas es que se trata de un asunto de falta a la integridad y debida diligencia, un mensaje dirigido a los funcionarios del GRLL pero también al tercer firmante del convenio, la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

LLAMADA PARA TERMINAR CONVENIO

La carta del 22 de julio, es expresamente una llamada al diálogo, pero dirigido a terminar el convenio. La posición inflexible que se planteaba fue comunicada de manera oficial a ambas entidades del Estado, GRLL y DDC-LL y fijaba un tiempo prudencial de 15 días naturales para “alcanzar un acuerdo… para formalizar dicha terminación consensuada” . De no haber respuesta, advirtió, se comunicaría formalmente la decisión de separarse del convenio acogiéndose a “la facultad de libre separación, reconocida en la Cláusula Sexta del Convenio y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo No 004-20L9-fUS, procediendo a comunicar formalmente su decisión de separarse del Convenio.”.

El día 11 de agosto, cuando el Arzobispado publicó un comunicado informando que había enviado la carta pero que no había recibido ninguna respuesta, habían pasado 20 días.

Al día siguiente de la emisión del comunicado, el 12 de agosto, a las 7 con 18 minutos de la noche, la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel firmó el oficio 2427-2026-GRLL-GOB comunicando su respuesta, solicitando al Arzobispo reconsiderar su pedido y continuar con el convenio.

LA MISTERIOSA RAZÓN IMPLÍCITA

La carta no expone detalles de los actos que han generado la pérdida de confianza del Arzobispado en sus pares firmantes del convenio. Esta desconfianza, según como se interprete, incluso alcanzaría o tendría su origen en la empresa elegida para financiar el proyecto, Paltarumi S.A.C.

El texto de la carta señala que, “El Convenio de la referencia fue celebrado sobre la base de la confianza mutua y la buena fe de quienes lo suscribimos y, evidentemente, teniendo en cuenta la naturaleza de las instituciones intervinientes, especialmente la del Arzobispado. En ese espíritu, resultaba esencial que cada coordinación y actuación derivada de su ejecución observara escrupulosamente los más altos estándares de debida diligencia, transparencia e integridad, tratándose de la puesta en valor de un bien que integra el Patrimonio Cultural de la Nación y que representa, a la vez, un espacio de fe y de encuentro para los fieles de Guadalupe, la región La Libertad y población en general.”

La elección del postor para el financiamiento empieza a marcarse como fundamental. Dice la carta, “ la selección y contratación de los postores llamados a ejecutar materialmente el Proyecto constituía un aspecto de especial trascendencia. Siendo sus representadas las entidades encargadas de su coordinación y gestión, correspondía que dicho proceso se desarrollara con la máxima cautela y rigurosidad, aplicando una debida diligencia reforzada respecto de las personas naturales o jurídicas que participarían en la ejecución de las obras”.

A continuación, el quiebre de la confianza se describe. “... consideramos que no se ha cumplido con dicha obligación, lo cual constituía una condición implícita para la continuidad del Convenio suscrito. Bajo este contexto consideramos que determinadas situaciones que se han presentado resultan incompatibles con los estándares de integridad y transparencia que sustentaron la celebración del Convenio, rompiéndose la confianza institucional que justificó la intervención del Arzobispado en el Proyecto en el Convenio, afectando la forma en que debe ejecutarse un proyecto de esta envergadura y por la naturaleza de nuestra institución”.

POR IMAGEN Y REPUTACIÓN

No se termina de describir el detalle de la invariable decisión, aunque se señala de manera expresa que “responde al deber institucional del Arzobispado de preservar su imagen y reputación, así como de asegurar que su participación institucional se mantenga siempre alineada con los principios de integridad, transparencia y probidad que inspiran su actuación”.

DEFENSA TÉCNICA

Aunque la carta del Arzobispado no detalla si la decisión de terminar el convenio fue por una falta de diligencia técnica o legal; o si ésta abarca también el campo moral, al citar el término integridad, la respuesta de la gobernadora se centró exclusivamente en los cumplimientos legales.

Cabrera Pimentel, en su respuesta de la noche del 12 de agosto, repasa las fechas de suscripción de  la relación contractual con Paltarumi S.A.C., la entrega de terreno el 15 de julio. También la carta presentada el 5 de agosto por la empresa ante la negativa del párroco el día 24 de julio de permitir el acceso de sus profesionales al convento para iniciar el levantamiento de información para la elaboración del expediente técnico, por orden del arzobispado y hasta que se le responda la carta del 22 de julio.

En el oficio, luego de un análisis técnico y legal, la gobernadora, “expresa su desacuerdo con la propuesta de resolución del Convenio Tripartito”.

Concluye, “en atención a los fundamentos técnicos y legales expuestos, confío en que desistirá de su decisión de resolver el Convenio materia de la presente comunicación, permitiendo asegurar la continuidad del Proyecto de Inversión”.