La Contraloría General de la República, a través de la Subgerencia de Prevención, está realizando una verificación de oficio respecto de los cumplimientos de los organismos del Estado en cuanto a las actividades de prevención ante la llegada del Fenómeno El Niño, anunciado reiteradamente como “catastrófico”.

En este contexto, su labor llegó a revisar el desempeño de varias municipalidades en la Región La Libertad y al mismo Gobierno Regional. En el Valle Jequetepeque detectó que las municipalidades Provincial de Chepén y distrital de Guadalupe, presentan un nivel nulo de ejecución en los fondos destinados a mitigar los efectos del próximo evento climático. Resaltó que su ejecución es un preocupante 0%.

Según los informes de orientación de oficio 11007-2026-CG/PREV-SOO y 10797-2026-CG/PREV-SOO, emitido el 5 y 6 de agosto de 2026, la Subgerencia de Prevención señala que las comunas antes descritas no han utilizado los recursos asignados de manera oportuna. Esta inacción representa una amenaza directa para decenas de miles de ciudadanos residentes en sus jurisdicciones.

El documento de control detalla que, tras revisar la base de datos pública del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, al 31 de julio de 2026 las entidades municipales mostraron un avance financiero inexistente en el rubro asignado para estas emergencias.

El informe señala textualmente en su hallazgo principal que las comunas "no ejecutó (0,0%) el Programa Presupuestal 0068 – Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, pese a haber transcurrido más de 30 días de los 60 establecidos para su ejecución".

Con los pronósticos cada vez más cerca de la temporada crítica del Fenómeno de El Niño, esta situación resulta cuestionable dado que dicho programa constituye el principal instrumento del presupuesto institucional para financiar las intervenciones orientadas a la prevención, reducción del riesgo, preparación y respuesta frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La incidencia negativa de este retraso se acentúa, si consideramos que se produce en el contexto normativo de emergencia nacional. Como se recuerda en el informe, el 1 de julio de 2026 se emitió el Decreto Supremo N° 097-2026-PCM, el cual declaró el Estado de Emergencia por el plazo de 60 días calendario en diversas provincias y distritos del país, incluyendo Chepén y Pacasmayo con sus distritos, debido al peligro inminente ante intensas lluvias y el Fenómeno El Niño.

Es por demás conocido que la ciudad capital de Chepén y el distrito de Guadalupe en la Provincia de Pacasmayo, tienen amplias zonas periféricas que son duramente golpeadas en eventos climáticos extremos.

La declaratoria de estado de emergencia exigía que los gobiernos locales se pongan a trabajar sin descanso para ejecutar de forma inmediata las medidas necesarias de reducción del muy alto riesgo al que están expuestas.

Sobre ello, el ente de control advierte de manera literal en el informe relacionado con Chepén, que la falta de gasto "limita la implementación de medidas de prevención ante el Fenómeno El Niño 2026-2027, poniendo en riesgo la integridad de 90 659 pobladores". Similar advertencia haces sobre el distrito de Guadalupe, “poniendo en riesgo la integridad de 46 782 pobladores”.

Asimismo, la evaluación del equipo de control, subraya que la oportunidad en el uso de los fondos adquiere una relevancia especial debido a la inminente llegada del evento hidrometeorológico. La Contraloría advierte textualmente que los retrasos en el desarrollo de estas actividades "pueden disminuir la capacidad institucional para reducir los efectos adversos sobre la población, la infraestructura pública y la continuidad de los servicios esenciales, en correspondencia con la reciente declaratoria de estado de emergencia".

Las autoridades locales, remarca el informe, contaban además con el respaldo de la Ley N° 32732, que autorizaba modificaciones presupuestarias a fin de garantizar la ejecución de inversiones destinadas a mitigar estos impactos, mecanismos que no fueron reflejados en el gasto de la entidad.

Estas situaciones adversas, detectadas por la Contraloría General de la República, fueron notificadas formalmente con todos los anexos de la evaluación a los alcaldes de las municipalidades Provincial de Chepén, Julio Salvador Correa Chávez, y distrital de Guadalupe, Juan Castañeda Llanos, mediante oficios.

Pero estos casos no son los únicos. Resalta entre los informes el que se refiere al distrito de Jequetepeque. Señala que pese a la necesidad, la entidad no asignó presupuesto para el rubro.

En el caso del Gobierno Regional La Libertad, se resaltó que había ejecutado el 18.7% “pese a haber transcurrido más de 30 días de los 60 establecidos para su ejecución; situación que limita la implementación de medidas de prevención ante el fenómeno el niño 2026-2027, poniendo en riesgo la integridad de 2 181 593 pobladores.”

Se les ha otorgado un plazo máximo de cinco días hábiles para comunicar al Órgano de Control Institucional las acciones preventivas o correctivas que su administración adoptará para revertir esta deficiencia presupuestal para intentar salvaguardar a la población, un deber funcional inexcusable.