Seis organizaciones políticas con representación en el nuevo Congreso bicameral recibirán en total 222 millones 119 mil 117 soles por concepto de Financiamiento Público Directo para el quinquenio 2026-2031. 

El subgerente de Verificación y Control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Luis Camino Palomino, confirmó la millonaria cifra que proviene directamente del Tesoro Público, es decir, de los impuestos de todos los contribuyentes peruanos.

El sustento normativo de este millonario desembolso se encuentra en la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 28094), en concordancia con la Ley de Presupuesto del Sector Público, que determina otorgar el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto emitido para el Parlamento. La magnitud de este presupuesto representa un incremento exponencial del 185% respecto al periodo 2021-2026, cuando apenas se asignaron S/ 77.9 millones. 

Este incremento drástico se debe a la bicameralidad: las agrupaciones sumaron votos válidos tanto de la elección de senadores como de diputados, ensanchando la base de cálculo de forma automática.

Los partidos beneficiados que lograron superar la valla electoral y asegurar escaños legislativos son encabezados por Fuerza Popular, agrupación que lidera la asignación con S/ 45.7 millones. Le siguen en la escala de transferencias Renovación Popular y Juntos por el Perú. Completan la lista de receptores el Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.

A pesar de que el fin legal de estos recursos es estrictamente institucional —con un 50% destinado a gastos operativos ordinarios y el otro 50% exclusivo para capacitación, formación e investigación— los historiales de fiscalización han encendido las alarmas públicas. Informes previos de la ONPE detectaron recurrentes casos de mal uso de dinero público. Resaltan esquemas de simulación de capacitaciones fantasma, contratos de asesoría a consultores vinculados a los propios fundadores partidarios, y el pago indebido de sueldos fijos a dirigentes nacionales y familiares directos bajo la fachada de “personal administrativo”. Ante este escenario de bonanza para las cúpulas partidarias y crisis de representatividad, diversas consultoras políticas y especialistas exigen reformas urgentes para endurecer las auditorías directas, y hay quienes consideran que se debe retirar el financiamiento.