Diez meses después de que se advirtió de un posible perjuicio al sitio arqueológico ubicado en el Cerro La Mina, en el distrito de Jequetepeque, recién la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad  realizaría una inspección para determinar la situación.

Diario Últimas Noticias conoció por fuente bien informada de la instalación de una granja informal que habría provocado una afectación a la zona arqueológica del Cerro La Mina, y luego de hacer las averiguaciones del caso se pudo determinar que el proceso tomó más de 10 meses, pese a lo cual no hubo reacción de las autoridades para garantizar que no se afectara el patrimonio protegido de la Nación.

Nuestra fuente alcanzó registros fotográficos de la instalación de la granja en un sector ubicado cerca del sitio mundialmente conocido como “Cerro La Mina”.

Consultado sobre el caso, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Jequetepeque, Manuel Ruiz Paredes, informó que se promovió una acción penal ante el Ministerio Público, caso que sigue en sede fiscal.

Al solicitarle precise si la construcción de la granja tuvo algún tipo de autorización o permiso municipal, la autoridad edil aseguró que no se le otorgó ninguna autorización, ni permiso a la granja.

Sobre la posible afectación al patrimonio cultural de la Nación, Últimas Noticias le preguntó si como municipalidad se cumplió con el deber de comunicar a las autoridades de Cultura. El alcalde Ruiz Paredes respondió que sí se hizo.

En ese sentido, el alcalde facilitó la comunicación dirigida el 6 de octubre de 2025 al entonces director de la DDC de La Libertad, David Oswaldo Calderón de los Ríos, advirtiéndole la presunta afectación al patrimonio. Mediante el Oficio 265-2025-MDJ/A, el alcalde Ruiz Paredes comunica al director de la DDC de “hechos de terceros, quienes están cercando un terreno que se ubicaría dentro del área denominada Cerro La Mina, la misma que es conocida en nuestro distrito por ser una zona que guarda legado cultural”.

El alcalde añade en su comunicación que solicitaba la intervención de Cultura, por cuanto no podían precisar el área de presunta afectación. Para mayor conocimiento de la Dirección Desconcentrada de Cultura, la municipalidad  compartía el Informe 231-2025-MDJ/GDEPTGS del 6 de octubre de 2025 en el que se detalla el resultado de la inspección realizada  al lugar. Se esperaba que con todo esto la DDC “evalúe y de ser el caso pueda tomar las acciones correctivas y legales correspondientes”.

Resulta impresionante que casi 40 años después de que el sitio arqueológico Huaca de la Mina, o Cerro de la Mina, se diera a conocer en 1987, por un masivo y clandestino saqueo que destruyó una tumba de la élite moche (período Moche I), hasta ahora permanezca sin la atención que su nivel de importancia demanda.

En ese mismo año, 1987, se descubría en Lambayeque la Tumba del Señor de Sipán. 

Cabe anotar que la alerta de la Municipalidad Distrital de Jequetepeque sobre el daño a La Mina se produjo inmediatamente después de haber sido advertidos por la subprefecta distrital de Jequetepeque, Sandy Vanessa Castillo Yenque.

La autoridad política dio la alerta, y acompañó la inspección municipal en la que se halló a personas que no se identificaron pero que alegaban ser propietarios del área, por una supuesta compra a la Comunidad Campesina de Jequetepeque.

En aquella inspección de la municipalidad, del 6 de octubre de 2025, la Policía Nacional del Perú, a través del personal de la comisaría de Jequetepeque también tuvo conocimiento del hecho e incluso se redactó un acta, advirtiéndose la presunta afectación al área arqueológica.

En el informe municipal se precisa que en la base gráfica del Ministerio de Cultura no se identifica una delimitación arqueológica en la zona en cuestión, aunque esto era una razón mayor para que se intervenga inmediatamente sobre el espacio próximo a la conocida huaca jequetepecana.

El informe municipal que fue enviado a la DDC, recordaba que existe la Resolución Directoral 117 del 5 de diciembre de 1994 que reconoce al Cerro La Mina como sitio arqueológico integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

Efectivamente dicha resolución directoral contiene el listado de los sitios declarados y en el artículo segundo señala expresamente, “cualquier proyecto de obra de habilitación urbana y otras que puedan afectar los sitios arqueológicos reconocidos… deberán someterse a la calificación del Instituto Nacional de Cultura, dirección La Libertad”.

Pese a toda la evidencia material y documental de un caso que merecía atención inmediata, la DDC no reaccionó y la construcción de la granja avanzó sin permisos municipales, con una denuncia en fiscalía en camino, y evidentemente sin un Certificado de Inexistencia de Recursos Arqueológicos (CIRA) y mucho menos la presencia de la autoridad de cultura, a pesar de que fue advertida del presunto perjuicio.

Diario Últimas Noticias también se comunicó con la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, que dirige el arquitecto Christian Arbaiza Mendoza. Asumió el cargo en enero de 2026.

Al consultarle sobre el hecho, Arbaiza indicó que estaba tomando conocimiento y que dispondría el desplazamiento de personal de la DDC para ejecutar la inspección respectiva a fin de determinar las acciones a seguir.