Que los agricultores asentados en las márgenes del canal Talambo Zaña se mantienen en el contexto de una figura ilegal y hasta podría señalarse delictiva es una realidad. Por ello es que la Procuraduría del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) intervino y erradicó un grueso número de bombas instaladas en los márgenes del canal Talambo Zaña.

Sin embargo, vale repasar la documentación que entregó el gerente de la Junta de Usuarios Jequetepeque, Edgar Salazar Arias, advirtiendo que hay un historial detrás que debe conocerse.

Este historial se remonta a abril del año 2010. Aunque en otro contexto normativo, no deja de contener información relevante que pone en contexto la condición de los agricultores “bomberos”, respecto al operativo del Midagri realizado recientemente.

En acta del 8 de abril del 2010, en reunión promovida por el entonces jefe de la Administración Local del Agua Jequetepeque (ALA-J), Lucio Estrada Arrasco, y en la que participaron el entonces presidente de la Junta de Usuarios Jequetepeque, César Rodríguez Castañeda; el gerente de Opema, Segundo Reyna Marín; el representante del Pejeza, Marco Palomino Barba; así como representantes de las comisiones de Talambo y Pacanga, se acordó “evaluar las condiciones y acciones a tomar que permitan precisar las obligaciones y derechos para tales regantes”. Textualmente se señala que estos son, “los terrenos eriazos que se ubican en la colindancia del canal de derivación Talambo-Zaña”.

Se hace referencia a una serie de consideraciones como los volúmenes a utilizar, la condición de propiedad o posesión de los terrenos, la modalidad de extracción del agua del canal, y el antecedente histórico, todo con intenciones de “solucionar esta problemática, no habiéndose concluido con los objetivos”.

En el acta de abril 2010 también consta entre los acuerdos fijar un volúmen de atención cuya tarifa sería propuesta por la Junta de Usuarios Jequetepeque y el ALA-J establecería “la retribución económica y ex amortización”.

A estas consideraciones plasmadas en un acta le siguen acciones en el tiempo, coordinadas entre los actores antes mencionados. Se plantea la “identificación de regantes mediante un empadronamiento”, coordinado entre las instituciones participantes y que “la ALA-J promoverá”. Incluso se propone la constitución de un comité de usuarios de ese sector.

Al mes siguiente, mayo 2010, una nueva acta consolida la anterior, con la participación de los mismos actores, que incluso es resaltada por Lucio Estrada Arrasco, del ALA-J, por “el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos”. Se plantean alternativas para que se supere la contingencia del derecho de propiedad que es vital para acceder al derecho al agua regulada.

Se acuerda el valor de tarifa, el monto a pagar por el uso de años anteriores, y la estricta regularización administrativa de cada usuario “tramitando ante el ALA”. ALA-J asume un rol de conducción del proceso de formalización.

Cuatro años después, el 13 de agosto de 2014, luego de una paralización de todo lo antes acordado, se reunieron los representantes de las instituciones que emprenderían la formalización y los beneficiarios. Se trataría la “presentación del informe del equipo técnico, sobre identificación de uso de agua de Bomberos ubicados en canal Talambo Zaña”.

Tácitamente se asume no haber avanzado en los 4 años y que se elaboraría un “padroncillo” con la información contenida en el informe presentado en la fecha por el equipo técnico. Se detallan 290 parcelas conducidas por igual número de “bomberos”, que hacían un total de 2,500.44 ha. con cultivos variados como lenteja, alfalfa, palto, uva, maíz amarillo duro, cebolla, taya, quinua, yuca, frejol, y frutales.

Otro elemento vinculante es el oficio 014-2015-DC-CCCH de la Comunidad Campesina de Chepén (CC-CH) que responde a una consulta del ALA-J, Víctor Valentín Pineda Sampén, sobre la opinión de la comunidad campesina sobre si se debe otorgar derecho de uso de agua a los agricultores asentados en las márgenes del canal Talambo Zaña. La respuesta es positiva del entonces presidente de la CC-CH, José Flores Vargas.

El entonces director ejecutivo del Pejeza, Augusto Sayán Gianella, al ser consultado por el ALA-J por el mismo tema, había respondido que pese al litigio que mantenía con la comunidad campesina por el derecho de propiedad de las tierras en mención, opinaba favorablemente para que se otorgue licencia de uso de agua.

La letanía del proceso de formalización no quedó allí. El 26 de junio de 2016, ALA-J emitió el Aviso Oficial 007-2016-ANA-AAAJZ-ALAJ, en el que se da a conocer el listado de “solicitudes de acogimiento a la formalización para el otorgamiento de licencia de uso de agua superficial”, de 101 usuarios de los más de 290 identificados en 2014.

Actualmente se calcula que hay cerca de 600 agricultores “bomberos”, y el problema no deja de ser social.

En este contexto, si bien es cierto las intervenciones de la Procuradoría del Midagri están justificadas debido a que los agricultores ubicados en las márgenes del canal Talambo Zaña son informales y no deberían sustraer agua de manera clandestina; también está demostrado que la formalización ha resultado un fracaso.

En la reciente intervención contra los agricultores “bomberos”, casi de manera tangencial, se habló de buscar un mecanismo para regularizarlos, lo que ya se intentó hace 16 años. 

En tanto la informalidad sigue expandiéndose dando réditos a intereses particulares mimetizados en el sistema.