Hace más de una semana se inició una serie de operativos dirigidos por la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en coordinación con el Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, y con apoyo de la Policía Nacional del Perú para retirar las conexiones de tuberías y motobombas que extraen irregularmente recurso hídrico del Canal Talambo Zaña.

Esta acción del Estado, a través de la procuraduría del Midagri, incluyó la demolición de casetas donde los usuarios precarios habían instalado sus motobombas a un costado del canal principal que es parte de la infraestructura mayor de riego del sistema hidráulico y que está bajo responsabilidad de operación del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña.

El Midagri ha asegurado que en ningún momento se ha producido decomiso de equipos ni accesorios que son de propiedad de los agricultores asentados a las márgenes del canal. En teoría los agricultores de esta zona que utilizan bombas de manera irregular, no pagan ningún derecho por el uso del agua, que como se recordó, es un bien público y que en este caso está bajo la administración del Pejeza, entidad con título habilitante que le confiere la operación y mantenimiento de toda la infraestructura mayor del sistema.

El retiro de la bombas y tuberías, se produjo de forma pacífica, señalaron los interventores y agregaron que esta tarea no ha concluido, pues hay una sección de considerable longitud del canal que será liberado por lo que advirtieron a los posesionarios de las márgenes del canal que deben retirar sus pertenencias voluntariamente. Según se informó, existe un margen a los costados del canal que es una franja intangible que no puede estar ocupada por ningún tipo de estructura. Si se encuentra alguna, será demolida para devolver las condiciones espaciales reglamentarias de la infraestructura hidráulica.

CONTROVERSIA CON AGRICULTORES

Esta intervención que, si bien es cierto es un procedimiento legal amparado en la normatividad del sector, también ha reavivado una situación que por décadas sigue sin resolverse: la instalación de áreas de cultivo en las márgenes, sin derecho de uso de agua.

El día 8 de julio, un grupo de agricultores que conducen esas tierras expresaron su malestar, e incluso repitieron un trascendido no sustentado, de que estas intervenciones serían promovidas por la empresa agroindustrial Agrícola Cerro Prieto. El único nexo con esta teoría sería que efectivamente la empresa sería la afectada del uso ilegal del agua, supuestamente reduciendo el volumen que se le entrega. Sin embargo, esta presunción no contenía pruebas objetivas.

Si se expusieron hecho concretos como la permanencia de larga data y una instalación de siembras que no dejan duda de la permisibilidad de la autoridad que ahora con la remoción de las bombas ponía en serio riesgo la continuidad del proceso se siembra de productos que, según afirmaban los agricultores, abastecen los mercados de la provincia de Chepén e incluso alcanzan algunos mercados del valle Jequetepeque.

Algunos de estos agricultores, que incluso están agrupados en una “asociación de usuarios de bombas”, aseguraban que pagaban un derecho de uso de agua a la Comisión de Regantes de Talambo y a la Junta de Usuarios Jequetepeque, por lo que consideraban injusta la medida adoptada por la procuraduría del Midagri.

Con las instalaciones agrícolas a las márgenes del canal, sugirieron a las autoridades competentes que se alcance la formalización que por años aspiran.

 Es un hecho que la producción agrícola que se genera en estos espacios dan trabajo y sostienen a varias familias.

Esta situación, según se pudo conocer, sí ha sido contemplada por las autoridades que participaron en el operativo, por lo que se estarán revisando los mecanismos que conduzcan a la formalización de los instalados a las márgenes del canal.

PAGOS E INVESTIGACIÓN

La intervención de la Procuraduría Pública del Midagri, en su tarea para liberar el canal Talambo Zaña de la informalidad en el uso del recurso hídrico, encontró de los agricultores no solo sus versiones del supuesto derecho que postulaban para utilizar el agua.

A estas versiones varios agricultores acompañaron documentación que fue mostrada al Procurador Público el Midagri y acompañantes.

Entregaron vouchers de pago en el banco BBVA, en la Caja Piura, a favor de las cuentas de la Junta de Usuarios Jequetepeque, de años anteriores, incluidos algunos de este año y mes. También documentos como constancias de conducción de áreas con “infraestructura menor de riego; canal de derivación Talambo - Zaña” firmado por funcionarios de la junta de usuarios. Se presentaron evidencias a nombre de personas naturales, pero también de al menos una empresa con áreas bajo riego, pero sin licencia ni permiso, también en la ruta del canal Talambo Zaña.

Toda esta documentación sería evaluada y de ser el caso serían pruebas en eventuales acciones legales, debido a que la junta de usuarios no tendría derecho a cobrar por el agua que transporta dicha infraestructura hidráulica, dado que el responsable exclusivo de la operación y mantenimiento de ella es el Pejeza, según el título habilitante por tiempo indeterminado que posee.

Se reiteró que el operativo de remoción de equipos e infraestructura a las márgenes del canal Talambo Zaña continuará en los próximos días.