La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, a través del Equipo de Lavado de Activos, solicitó formalmente al Poder Judicial una extensión de 8 meses para continuar con una investigación preparatoria en un proceso declarado complejo. El caso de presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano tiene como principales investigados al ex alcalde de Pacanga Santos Apolinar Cerna Quispe; a su hijo César Cegnili Cerna Cruzado, a Juan Manuel Bazán Palomino, y otras veinte personas que estarían estrechamente vinculadas a estas supuestas operaciones.

El requerimiento judicial fue presentado de manera oficial por la fiscal provincial titular, Sara Carola García Arrascue. El pedido remitido al Juzgado de investigación Preparatoria aún se encuentra pendiente de programar fecha para su vista. En el petitorio, la magistrada explica detalladamente que el plazo actual de la investigación preparatoria tiene como fecha de vencimiento el 26 de mayo de 2026. Esta etapa procesal ya había sido declarada como compleja debido a la magnitud de los presuntos hechos ilícitos y la gran cantidad de personas involucradas, pero el tiempo transcurrido no ha sido suficiente para concluir con todas las diligencias programadas, según el pedido fiscal.

Para fundamentar su pedido de ampliación de plazo, la fiscal recuerda el rol constitucional y fundamental de su institución en la búsqueda de la verdad. En el texto, se enfatiza de manera literal que "El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad". Es bajo este principio que la fiscalía argumenta que todavía "falta recabar información de suma importancia que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados".

Entre las acciones pendientes más destacadas, el Ministerio Público requiere a los imputados "presentar toda la información contable, tributaria, económica y financiera que acredite sus ingresos y gastos". Este exhaustivo análisis abarca un periodo de quince años, comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2022. El objetivo de revisar estos documentos es rastrear rentas, préstamos de entidades bancarias, transferencias recibidas del exterior, adquisición de vehículos e inmuebles, y diversos gastos familiares. Para lograr este detallado nivel de escrutinio, el documento fiscal también requiere a la judicatura aprobar de manera oficial el "levantamiento de secreto bancario tributario y bursátil" de todos los acusados.

Con esta información financiera, la fiscalía espera culminar una pericia contable minuciosa. Este estudio técnico permitirá finalmente confirmar o descartar de forma definitiva si existe un desbalance patrimonial injustificado en las cuentas de los investigados.

Además de las finanzas de las personas naturales, la fiscalía ha puesto la mirada en los contratos celebrados con el Estado. Por ello, ha solicitado a las municipalidades de Pacanga, Chepén y Huarango que informen si los investigados mantuvieron vínculos laborales o contractuales con dichas entidades durante esos años. De igual manera, se busca información sobre múltiples empresas constructoras, como la Corporación Sinai Ingenieros, para revisar todas las licitaciones ganadas. El juzgado deberá evaluar estos argumentos, convocar a audiencia, escuchar la argumentación fiscal y decidir si otorga el plazo solicitado u otro que el juzgador considere más adecuado.