“Sácame de aquí porque me van a matar”, fue el pedido de Erick, adolescente de 17 años, a su padre, Javier Cubas, desde el calabozo de la comisaría de Manchay donde permaneció detenido ilegalmente por 48 horas, señalado por un presunto hurto.

Poco después su padre vería cómo lo sacaban de la comisaría, golpeado, y con la ropa rasgada. Estaba muerto, en un hecho ha despertado indignación.

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín abrió una investigación preliminar contra el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para esclarecer la muerte del adolescente dentro de la carceleta de la Comisaría de Manchay, en Pachacámac. 

Se sospecha que el menor fue víctima de tortura, extorsión y abuso de autoridad.

El examen forense del Instituto de Medicina Legal arrojó como causa de muerte: asfixia mecánica por ahorcamiento. En tanto se espera practicar análisis toxicológicos y el peritaje exhaustivo de las prendas de la víctima, así como de la infraestructura de la celda para determinar si el trauma fue autoinfligido o provocado por terceros.

En esa misma línea se espera los videos de las cámaras de seguridad.

Los padres del menor relataron a varios medios una secuencia de graves irregularidades procesales, como la detención ilegal del adolescente, por un presunto hurto. La comisaría nunca notificó formalmente a la familia, violando la ley de protección a menores. Los padres supieron el paradero por aviso de vecinos dos días después.

Al ser menor de edad, Erick no debió ingresar a una celda común. Sus padres denunciaron que compartió el espacio con internos mayores de edad.

Además, los progenitores afirmaron que los efectivos policiales les exigieron S/ 2,000 y un pollo a la brasa, a cambio de liberar al menor.

Javier Cubas, padre del menor, declaró que vio indicios de que su hijo estuvo “enmarrocado y que fue agredido”.

La Policía Nacional del Perú defendió la hipótesis del suicidio, alegando que el cuerpo fue hallado durante las rondas de control y trasladado de urgencia a un centro médico, donde se confirmó el deceso.

El Ministerio Público mantiene bajo sospecha a todo el personal de guardia que custodió la carceleta durante las 48 horas de reclusión del menor. Preliminarmente se evalúa la presunta comisión de homicidio, tortura, abuso de autoridad, concusión y cohecho.