El 19 de mayo, el usuario Esteban Marín Tantaleán y un grupo de agricultores entre ellos ex candidatos y miembros del colectivo Junta de Usuarios Sin Corrupción, presentaron ante la presidencia de la Junta de Usuarios Jequetepeque, un “reclamo formal de impugnación y nulidad de estados financieros 2025”, esperando que el actual consejo directivo de la organización de usuarios de agua trate el pedido y responda.

El reclamo señala presuntas irregularidades administrativas y económicas contra el gerente de la JUJ, Edgar Salazar Arias, y la contadora, Araceli Maribel Bueno Urbina, esta última además de falta de idoneidad para el cargo. Advierten presunta responsabilidad funcional directa, individual y concurrente en el manejo de los recursos económicos y en la formulación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

RESPUESTA Y PEDIDO REITERADO

La respuesta de la presidenta de la JUJ, Nancy Palacios Linares, se trasladó el  25 de mayo a los solicitantes, poniendo en conocimiento un informe legal. Esta respuesta fue considerada incompetente porque no contenía una decisión del consejo directivo al pedido formulado.

Los usuarios reclamantes reiteraron su pedido el 1 de junio y a la vez enviaron los actuados a la Autoridad del Agua para conocimiento.

Para los usuarios reclamantes, que la presidenta de la JUJ les respondiera remitiendo únicamente un informe legal interno, elaborado por el abogado de la institución, Luis Ahumada Ledesma, y dirigido al gerente Edgar Salazar Arias, en el que se limita a argumentar que los Estados Financieros fueron aprobados “por mayoría”, no constituye una respuesta competente.

Consideran que esta respuesta sería un intento de evadir responsabilidades y bloquear una investigación real, pese a la gravedad de lo denunciado. Asimismo, critican duramente al Consejo Directivo por no emitir hasta el momento ningún acuerdo formal ni pronunciamiento institucional, lo que, según los reclamantes, demostraría una intención de proteger al gerente y a la contadora.

Los usuarios reclamantes, en su mayoría miembros del colectivo denominado “Junta de Usuarios Valle Jequetepeque Sin Corrupción” advirtieron que estas irregularidades ponen en alto riesgo la sostenibilidad económica del Sector Hidráulico Menor, afectando a miles de agricultores que terminarían pagando las deudas generadas por la actual administración.

De no recibir una respuesta formal y legal dentro de los plazos establecidos, el colectivo anunció que impulsará acciones administrativas, civiles y penales, entre las que figuran una denuncia formal ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA), solicitud de intervención a la Contraloría General de la República, así como acciones ante las instancias anticorrupción del Estado.

Añaden que si la evasión a la respuesta del consejo directivo continúa, recurrirán a la Administración Local de Agua (ALA) Jequetepeque y promoverán denuncia penal ante el Ministerio Público para sancionar a los responsables.

EL RECLAMO

El reclamo formal exigiendo la nulidad total de los Estados Financieros (EEFF) 2025 de la Junta de Usuarios del Valle Jequetepeque y solicitando una investigación exhaustiva del desempeño del gerente y la contadora por el presunto manejo irregular de los fondos recaudados a través de las tarifas de agua, se basó en el balance financiero de 2025. De acuerdo al análisis de los usuarios reclamantes, habría un déficit de S/ 1,863,404.74 entre el dinero disponible y las obligaciones reales pendientes.

Los agricultores demandantes reiteran que existiría una retención indebida de fondos y señalan indicios de incumplimiento de transferencias obligatorias, supuesto uso indebido de los recursos de la Tarifa de Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor (TUIHME) e incluso una presunta apropiación ilícita o desvío.

Además, en el reclamo acusan una distorsión en la información contable. El documento indica que la deuda real de la Junta asciende a S/ 752,994.45, pero en los registros se muestra una deuda de S/ 196,071.41. Esta discrepancia, según los demandantes, genera un pasivo negativo de menos S/ 1,099,018.20, lo que evidenciaría una subvaluación de pasivos y una manipulación contable para ocultar la realidad económica de la institución.

También acusan una desviación de recursos públicos, señalando que los fondos destinados al sistema hidráulico común Jequetepeque habrían sido utilizados para fines no autorizados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), configurando presuntos delitos de desviación de la finalidad pública y uso irregular de recursos parafiscales.

La denuncia cuestiona la validez legal de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025, argumentando que fueron elaborados y aprobados con graves deficiencias formales y técnicas.

Entre las observaciones señalaron la ausencia de las firmas obligatorias del gerente, presidenta y tesorero. También la entrega de la documentación financiera al inicio de la Asamblea General, lo que impidió cualquier revisión o análisis previo por parte de los asistentes.

Cuestionaron la participación directa de la contadora en la elaboración de los documentos, a pesar de que registra una sanción firme de destitución impuesta por la ANA (Resolución N° 0106-2023-ANA-GG) y confirmada por SERVIR (Resolución N° 001915-2024-SERVIR/TSC-SEGUNDA SALA) por la generación de documentos falsos para mantenerse en el cargo.