Un nuevo incidente interno que recrudece los cuestionamientos en la Junta de Usuarios Jequetepeque inició el martes 19 de mayo cuando un grupo de usuarios, entre ellos ex candidatos y miembros del colectivo Junta de Usuarios Sin Corrupción, ingresó un “reclamo formal de impugnación y nulidad de estados financieros 2025”, ante el actual consejo directivo de la organización de usuarios de agua.

El reclamo que apunta a presuntas irregularidades en los campos administrativo y económico apuntan directamente contra el Gerente de la JUJ, Edgar Salazar Arias, y la Contadora, Araceli Maribel Bueno Urbina. Se señala responsabilidad funcional directa, individual y concurrente en el manejo presuntamente irregular de los recursos económicos y en la formulación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2025.

LOS ARGUMENTOS

El petitorio de los reclamantes exige la nulidad absoluta e inmediata de los Estados Financieros, con corte al 31 de diciembre de 2025, argumentando que estos adolecen de vicios estructurales insubsanables que afectan su legalidad, validez y confiabilidad. Según indican, entre las anomalías detectadas en los documentos contables resalta la ausencia de las firmas obligatorias del Gerente, la Presidenta y el Tesorero de la Junta.

Sin embargo, uno de los hallazgos que cuestionan los agricultores y usuarios denunciantes es la condición legal y ética de la encargada de la contabilidad de la institución. Según los documentos técnicos presentados, los Estados Financieros de 2025 fueron elaborados y validados por Araceli Bueno Urbina, una profesional que arrastra un antecedente firme de destitución del aparato estatal.

A través de la Resolución de Gerencia General N° 0106-2023-ANA-GG, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) destituyó formalmente a Bueno Urbina tras determinarse que actuó con deshonestidad al presentar y utilizar de forma deliberada documentación falsa para acceder a puestos de trabajo. Dicha sanción extrema fue ratificada y confirmada en última instancia por el Tribunal del Servicio Civil mediante la Resolución N° 001915-2024-SERVIR/TSC-SEGUNDA SALA. Para los denunciantes, este hecho configura una "incompatibilidad ética estructural permanente" , despojando a la contadora de la idoneidad moral indispensable para la administración de recursos públicos provenientes de las tarifas de agua del valle.

A esta situación se suma la acusación directa contra el gerente, a quien se le atribuye un rol ineficiente y permisivo en la dirección, supervisión y control de la información financiera. Los usuarios señalan que toleró a sabiendas la intervención de una persona no idónea en un puesto tan crítico y estratégico, por lo que denuncian una presunta complicidad en la emisión de los documentos inválidos.

"HUECOS" FINANCIEROS E INDICIOS

El informe económico que sustenta la denuncia advierte una distorsión contable y manejo desprolijo del dinero recaudado de los usuarios. Según el análisis técnico se detectaron hallazgos financieros que, según los reclamantes, presumen la posible comisión de delitos como la apropiación ilícita o desvío de fondos.

Indican que el balance revela que la Junta de Usuarios cuenta con un efectivo disponible de S/ 7,826,716.99. No obstante, los fondos retenidos y no transferidos que legítimamente corresponden a las comisiones de usuarios ascienden a S/ 9,690,121.73. Esto genera un déficit real de S/ 1,863,404.74. Otro punto expuesto es la diferencia en el registro de obligaciones financieras. Mientras la deuda real verificada de la institución se sitúa en S/ 752,994.45 , la contabilidad oficial de la Junta solo mantiene registrada una deuda de S/ 196,071.41, derivando en un pasivo negativo de menos de S/ 1,099,018.20. Según los asesores legales de los reclamantes, esto evidenciaría una manipulación contable deliberada, destinada a ocultar la realidad económica de la entidad mediante la subvaluación de pasivos.

Los usuarios consideran que se está desviando recursos de las tarifas destinadas al uso y mantenimiento de la infraestructura hidráulica para fines no autorizados, reteniendo los montos parafiscales de las comisiones sin respaldo contable que lo justifique.

AL CONSEJO DIRECTIVO

Al ejercer una función pública delegada por el Estado y administrar dinero de naturaleza pública, en las tarifas de agua, los funcionarios se encuentran sometidos a un régimen de responsabilidad directa, señalan los denunciantes. Respaldados en su derecho legal de fiscalización y acceso a la información, los usuarios exigen formalmente al Consejo Directivo de la Junta, en su calidad de Primera Instancia Administrativa, que actúe de manera inmediata sin escudarse en dilaciones o derivar la responsabilidad a la Asamblea General.

El pliego de peticiones es que se declare la nulidad total de los balances del 2025 y se realice obligatoriamente una reformulación.

También que se separe inmediata y definitivamente de sus cargos al gerente y a la contadora por la pérdida absoluta de confianza e idoneidad.

Añaden que se debe iniciar un Procedimiento Disciplinario Sancionador individualizado y motivado contra ambos funcionarios.

Finalmente proponen la solicitud formal de una Auditoría Integral que abarque exhaustivamente el manejo económico de los periodos comprendidos entre los años 2021 y 2025 inclusive, a ser ejecutada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Contraloría General de la República.

"Cualquier intento de encubrimiento o inacción por parte de la actual administración generará responsabilidad legal adicional sobre los miembros del propio Consejo Directivo", añade el escrito, considerando que el caso podría escalar a acciones penales, de no atenderse.

Los usuarios alertan que el recorte económico a las Comisiones de Usuarios paraliza y deteriora severamente las obras de mantenimiento de la infraestructura hidráulica del Sistema Hidráulico del Valle Jequetepeque. Señalan que de no aplicarse medidas correctivas drásticas, existe el riesgo inminente de trasladar costos indebidos y deudas millonarias que en el futuro serán cargadas directamente a los bolsillos de todos los agricultores del valle.

Finalmente, los reclamantes señalan que si el Consejo Directivo incurre en inacción o emite fallos sin sanciones reales, activarán de forma automática acciones legales externas. Estas incluyen denuncias administrativas ante la ANA por infracciones graves vinculadas al uso incorrecto de las tarifas de agua fuera del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (POMDIH) y por no transferir a tiempo los recursos de la TUIHME. Asimismo, anunciaron que recurrirán a la vía judicial penal interponiendo denuncias por presunta apropiación ilícita, administración fraudulenta de dinero público y falsedad documental contra los implicados y el anterior Consejo Directivo, además de elevar el caso en apelación ante la Administración Local de Agua (ALA) Jequetepeque como instancia administrativa.

El documento es suscrito por 16 usuarios de las comisiones de Chepén, Pacanga, Pueblo Nuevo, San Pedro, San José, Limoncarro, Talambo, Jequetepeque, Pay Pay, y Guadalupe.