Las desmedidas intervenciones del Congreso de la República sobre la política de gasto público del Estado está pasando factura; y uno de los principales golpes contra la ciudadanía, además del avance de la criminalidad, es la interrupción de las obras públicas que recibieron la primera parte de su financiamiento con el presupuesto del año 2025 y ahora están a la espera de un crédito suplementario para que puedan ser concluidas.

Dos obras que son un botón del descalabro del gasto promovido por el Congreso son la de mejoramiento de pistas y veredas en el sector Santa Lucía en San Pedro de Lloc y la de Saneamiento en Pacanga. Pero estas no son las únicas. Hay más de 12 mil que están en riesgo de entrar en una paralización, entre ellas un paquete de obras en San Pedro de Lloc. A nivel nacional esta situación se repite y se espera que en los próximos días el Congreso de la República apruebe el crédito suplementario que incorpora estas obras.

SANTA LUCÍA

En cuanto a la obra de Santa Lucía, en San Pedro de Lloc, en el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, se reportó la paralización en febrero de este año.

La obra es ejecutada por el Consorcio Vial Santa Lucía, integrado por Construcción y Servicios Izesfra SAC y Costaselva Arquitectura e Ingeniería SAC por el valor dR S/ 2 millones 803 mil 387,37.

Al consultar al alcalde provincial de Pacasmayo, Elmer León Pairazamán, por esta situación que afecta directamente a la población beneficiaria, indicó que hace aproximadamente un mes volvió a visitar al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, para pedirle intervención a fin de que se continúe la obra que se ejecuta mediante convenio entre la MPP y dicha cartera ministerial. 

El ministro Sifuentes acogió el pedido e incluso dirigió un escrito al Ministerio de Economía con los proyectos que tiene Vivienda pendientes del crédito suplementario para su continuidad y conclusión.

El alcalde dijo que se espera que esta semana el Congreso ponga a debate, y apruebe, el crédito suplementario. Se desconoce si esto llegará a ocurrir.

OTRAS OBRAS CON SIMILAR PROBLEMA

Aunque a nivel nacional se han reportado más de 12 mil de obras con los mismos problemas, en el mismo San Pedro de Lloc, hay potenciales situaciones similares con ejecuciones en curso.

Es el caso del paquete de obras de mejoramiento de la movilidad urbana en San Isidro, Cruce El Milagro, y en el centro de la ciudad en las calles Zepita, San Pablo, Vicente Villa y Pasaje Progreso.

El mismo caso ocurre en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén, donde se inició una obra de saneamiento y que hasta la fecha sigue con zanjas y colectores abiertos, provocando un cuadro de insalubridad e intransitabilidad agudo.

En el caso del paquete de obras de mejoramiento de movilidad urbana de calles, de San Pedro de Lloc, el alcalde León Pairazamán ha señalado que salvo Santa Lucía, para las demás aún hay recursos para que se avance la ejecución pero no será por mucho tiempo y se espera el financiamiento a través del crédito suplementario para su continuidad. El compromiso de gasto está, el dinero lo tendrá que transferir el gobierno porque está asignado, el problema -dijo- es la velocidad con la que el Congreso de la República apruebe el crédito suplementario.

BOLUARTE, JERÍ, BALCÁZAR

El compromiso de gasto nació en la gestión de Dina Boluarte, pero luego de que se generó la asignación y transferencia de la primera parte del financiamiento de estas más de 12 mil obras a nivel nacional, hubo cambios en los cuadros técnicos ministeriales por el cambio de presidentes.

De Dina Boluarte a José Jerí, y ahora Balcázar Zelada, las rotaciones internas volvieron a requerir que los alcaldes vuelvan a buscar en Lima que se retomen las iniciativas con el consiguiente retraso.

Es de recordar que, a inicios de febrero de este año, la entonces ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, preparó el proyecto de crédito suplementario que fue enviado al Congreso entre fines de marzo e inicios de abril, con el objetivo de asegurar la continuidad de proyectos de inversión a nivel nacional en ejecución que, para entonces, ya enfrentaban problemas de financiamiento y paralización.

El mismo MEF reconocía una situación crítica acumulada en la inversión pública subnacional, producto de decisiones adoptadas en años anteriores que se agravó con las iniciativas de gasto que se auto aprobó el actual Congreso cuyos principales partidos buscan continuar dicha política.

En ese contexto, la exministra Mirelles señaló que el crédito suplementario se evaluaría sobre la base de una proyección de los ingresos fiscales, considerando el comportamiento esperado de la recaudación en los próximos meses. Esperaban que el periodo de regularización anual del Impuesto a la Renta de las empresas de un respiro. Sin embargo, el crédito suplementario sigue esperando.

Al corte de enero de 2026, el MEF identificó 12,575 proyectos con problemas de financiamiento por más de S/ 21 mil millones. De este total, 9,740 proyectos corresponden a gobiernos locales. Allí se concentra más del 80% de la falta de financiamiento.

LOS CULPABLES EN EL CONGRESO

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene el compromiso funcional de garantizar la continuidad de las inversiones públicas, fortalecer la ejecución en los gobiernos subnacionales y asegurar que las decisiones presupuestales contribuyan al desarrollo sostenible del país, se tiene que lidiar con las prácticas de los partidos políticos que manejan el Congreso de la República, que han generado ineficiencias y sacrificando la gestión responsable de los recursos públicos.

En este contexto, es responsabilidad del actual Congreso que ha aprobado más de 200 leyes de alto impacto fiscal que comprometen la sostenibilidad económica. Esto, al generar gastos fijos sin respaldo presupuestal, normas que terminan desplazando los recursos destinados a la inversión pública en infraestructura.

El Consejo Fiscal, que tiene como finalidad analizar y hacer seguimiento de las políticas fiscales, su consistencia con el ciclo económico y la sostenibilidad fiscal, advirtió que estas 200 leyes suman cerca de S/ 36,000 millones en costos. Estos gastos corrientes generados, que son de carácter permanente, obligan al Estado a recortar partidas de capital, paralizar proyectos de inversión o recurrir a un mayor endeudamiento para mantener el equilibrio financiero.