La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso volvió a blindar a la ex presidenta del Perú, Dina Boluarte Zegarra, y salvarla de dos acusaciones que se presentaron infracciones a la Constitución y por presuntos delitos de corrupción que habría cometido durante su mandato. 

La subcomisión, que preside Lady Camones (Alianza Para el Progreso), aprobó, en su décimo primera sesión extraordinaria, un total de cinco informes que declaran improcedentes cinco denuncias. Dos  de estas denuncias tienen que ver con Boluarte Zegarra.

La primera es la Denuncia Constitucional 517, formulada por el congresista Juan Burgos Oliveros (PP), contra la expresidenta Boluarte Zegarra y contra el expresidente del consejo de ministros Gustavo Adrianzén Olaya, por presunta infracción constitucional.

Se les acusó de haber limitado el derecho fundamental a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. 

El archivamiento obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones, con lo cual el blindaje a Boluarte quedó ejecutado.

La otra denuncia que enfrentaba Boluarte en el Congreso es la Denuncia Constitucional 657, que fue formulada por el congresista Edwin Martínez Talavera (AP). En la denuncia estaban incluidos los exministros Raúl Pérez Reyes y César Sandoval Pozo, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de colusión simple y agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo.

Se les acusó de haber aprobado el Decreto Supremo 015-2025-MTC, mediante el cual se aprueba el texto de la adenda 5 del contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, que extiende la concesión por 30 años adicionales. Este archivamiento también obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.

Los otros casos archivados corresponden al fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana que enfrentaba dos denuncias; y la denuncia que formuló el expresidente de la república Pedro Castillo Terrones, contra los congresistas Patricia Juárez, Eduardo Castillo, Manuel Revilla, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Adriana Tudela y José Williams, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de omisión de actos funcionales, encubrimiento real, omisión de denuncia y obstrucción de la justicia.