La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo formalizó investigación preparatoria contra dos ex directivas de la APAFA de la IE José Andrés Rázuri, por presunta apropiación ilícita de más de S/89 mil soles.

El hecho que generó gran revuelo y preocupación en la IE se arrastra desde fines del año 2024 cuando la gestión de la presidenta Amarilis Tatiana Vergara Rayco empezó a ser cuestionada por resistirse a rendir cuentas. La comunidad educativa de la emblemática Institución Educativa José Andrés Rázuri llegó a destituirlas en asamblea general y nombrar una nueva directiva que ahora preside el padre de familia Raúl Dennis Carrasco Solano. Esta nueva directiva fue encargada por la asamblea de asumir la defensa de los intereses de los padres y demandar a las anteriores presidenta y tesorera a fin de recuperar los más de S/ 89 mil de los padres de familia que tuvieron en su poder y que hasta ahora no se sabe de su destino.

Formulada la denuncia, luego de las diligencias de investigación policial, el 26 de marzo mediante la Disposición Fiscal N° Dos, la fiscal Taly Chayguaque Ventura dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra las dos ex integrantes del comité directivo de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) por el presunto delito de apropiación ilícita.

Las investigadas Amarilis Tatiana Vergara Rayco, ex presidenta del comité, y Leydi Rocío Del Pilar Villena Rodríguez, ex tesorera, según la disposición fiscal, son investigadas por presuntamente haber incurrido en irregularidades graves durante su gestión en el periodo 2024-2025, afectando directamente los recursos destinados al beneficio de los estudiantes.

Fondos sin paradero conocido

La denuncia, presentada a nombre de la APAFA por el actual comité representado por Raúl Dennis Carrasco Solano, acusa una gestión con grave falta de transparencia de los fondos institucionales. Se denuncia y sustenta que a la tesorera, Villena Rodríguez, se le depositaron sumas considerables provenientes de los padres de familia por conceptos de matrículas, alquiler de quioscos y actividades de exalumnos.

El Ministerio Público resalta sobre el cálculo del dinero administrado del cual se desconoce su ubicación, que “Durante el año 2024, dichos ingresos ascendieron a la suma aproximada de S/. 21 000.00. Además, en el año 2025, se habría recaudado íntegramente el pago de las matrículas... representando un ingreso total aproximado de S/. 68 000.00; en consecuencia, el monto total administrado por la imputada Villena Rodríguez asciende a S/. 89 000.00”.

La expresidenta Vergara Rayco, quien comparte una cuenta mancomunada con la ex tesorera para tener manejo de los fondos, es señalada por no cumplir con las disposiciones legales básicas, como la presentación oportuna del balance económico y la convocatoria a asambleas según el reglamento de la Ley N° 28628.

Sin rendición de cuentas

A pesar de haber sido destituidas por acuerdo de la asamblea general de padres de familia, decisión ratificada mediante resoluciones directorales de la institución, las investigadas no habrían cumplido con la entrega del dinero ni con la rendición de cuentas exigida.

En la disposición fiscal se resalta la conducta omisiva de las investigadas. “Por comunicaciones de WhatsApp y en las asambleas correspondientes se ha solicitado a la expresidenta... la entrega del dinero administrado... sin embargo, hasta la fecha no se ha efectuado dicha entrega, ni tampoco se ha rendido cuentas, impidiendo conocer con claridad los montos manejados”.

Incluso, se han cursado cartas notariales el 13 de mayo de 2025 exigiendo la devolución de los recursos, sin que se haya obtenido una respuesta satisfactoria hasta el momento.

Tipificación y diligencias

El delito imputado por el Ministerio Público es apropiación ilícita común, tipificado en el artículo 190° del Código Penal, el cual sanciona a quien se apropia indebidamente de dinero recibido bajo administración con la obligación de devolverlo. La pena para este ilícito oscila entre los dos y cuatro años de privación de libertad.

La fiscal Taly Chayguaque Ventura, a cargo del caso, ha determinado que la investigación tendrá una naturaleza común con un plazo de 120 días. Entre las diligencias programadas para el año 2026, destacan, el 27 de abril, la declaración testimonial de una ex integrante de la Apafa 2024-2025 que renunció a seguir perteneciendo al ver la falta de transparencia envolvía a dicha gestión.

El 28 de abril en horas de la mañana, deberán presentarse a su declaración indagatoria la ex presidenta de la Apafa,  Amarilis Vergara Rayco, y la ex tesorera Leydi Villena Rodríguez.

El Ministerio Público también ha solicitado a la APAFA del colegio José Andrés Rázuri, remitir toda la información documentada sobre las cuentas bancarias donde se habrían realizado los depósitos objeto de la controversia.

Preparan documentación

El presidente de la Apafa de la IE José Andrés Rázuri, Raúl Dennis Carrasco Solano, dijo a Diario Últimas Noticias que su directiva prepara toda la documentación solicitada por el Ministerio Público para el esclarecimiento y eventual sanción de las responsables.

Se dirigió a los padres de familia explicando que aunque los procesos de investigación son largos dentro del sistema judicial, a directiva sigue el caso de cerca para cumplr con el encargo de la APAFA de recuperar el dinero retenido ilícitamente y demostrar a la IE, y a las instituciones educativas en general que los recursos económicos que con mucho esfuerzo aportan los padres, no pueden desaparecer sin sanción.

Respecto de la actual gestión de la APAFA, indicó que se está trabajando muy celosamente con el manejo del dinero, atendiendo los requerimientos de la dirección en beneficio de los estudiantes.

Añadió que todo el ingreso y egreso se bancariza y es registrado en el sistema informático.

Concluyó indicando que se está preparando el primer informe económico y de gestión, que será expuesto a la asamblea de padres de familia, la tercera semana de abril.