Han pasado 135 días desde que el Ministerio Público trasladó a la Comisaría de Pacasmayo la carpeta fiscal abierta por la denuncia del presidente de la APAFA de la IE José Andrés Rázuri contra Tatiana Amarilis Vergara Rayco, expresidenta, y Leydi Rocío Villena Rodríguez, ex tesorera del comité de la APAFA por la presunta comisión del delito de apropiación ilícita de S/ 89 mil soles de los aportes de los padres de familia de los años 2024 y 2025.

La Comisaría de Pacasmayo tenía, de acuerdo a ley, la responsabilidad de realizar las diligencias preliminares de acuerdo a la Disposición Fiscal del 24 de septiembre de 2025.

Dichas Diligencias Preliminares, del Caso N° 2315-2025, a cargo de la fiscal Taly Chayguaque Ventura, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo, debieron realizarse dentro de los 60 días dispuestos, sin embargo hasta ayer, no se terminaba de cumplír la disposición.

El presidente del comité transitorio de la APAFA de la IE JAR, Raúl Dennis Carrasco Solano, explicó a Diario Últimas Noticias que su representada sigue de cerca el caso y que en las últimas horas se apersonó a la comisaría para conocer el estado de las investigaciones. Se le informó que las investigadas no habrían accedido a dos primeras citaciones y que se estaba oficiando una tercera citación.

Diario Últimas Noticias pudo acceder a unas citaciones con fechas 10 de diciembre y del 2 de enero de 2026 para Amarilis Tatiana Vergara Rayco, ex presidenta de la APAFA-JAR. Existiría una tercera citación, aunque no se ha acreditado documentalmente. Similares citaciones se habrían generado para su co investigada, Leydi Rocío Villena Rodríguez.

MONTOS OBSERVADOS SUPERAN LOS S/ 89 MIL

De acuerdo con la denuncia, durante los años 2024 y 2025 se habrían administrado sumas de dinero provenientes del pago de matrículas, alquiler de quioscos y actividades realizadas por exalumnos. La denuncia ante el Ministerio Público señala que durante el año 2024, los ingresos ascendieron a un monto aproximado de S/ 21,000.00, en el año 2025 se habría recaudado íntegramente el pago de las matrículas con un monto de S/ 80.00 por estudiante, que en total serían S/ 68,000.00. Se sabe que no todos los padres de familia pagan o pueden pagar dicho aporte.

En ese sentido, el monto total que habría sido recaudado por las ex dirigentes alcanzaría aproximadamente los S/ 89,000.00, recursos que estaban destinados a la adquisición de material educativo, la banda escolar y otras actividades institucionales en beneficio de la población escolar del Emblemático José Andrés Rázuri.

FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESTITUCIÓN DEL COMITÉ

En la denuncia se recuerda también que durante el período en el que Vergara Rayco presidió la APAFA, no se cumplió con presentar ante la Asamblea General de Padres de Familia el balance económico, ni se convocó oportunamente a la asamblea, tal como lo exige el artículo 18 de la Ley de APAFAS.

Esta situación fue determinante para que los padres de familia acuerden la destitución del comité directivo 2024-2025, decisión que quedó formalizada mediante resoluciones directorales emitidas por la institución educativa.

Igualmente se informó a la fiscal del caso que, pese a reiterados pedidos verbales, mensajes por WhatsApp y solicitudes realizadas en asamblea, las denunciadas no entregaron ni el dinero ni las cuentas correspondientes, impidiendo conocer con claridad los montos manejados durante su gestión.

INVESTIGACIÓN POR APROPIACIÓN ILÍCITA

Este delicado caso que involucra el dinero que esforzadamente aportaron los cerca de mil padres de familia de la IE JAR, llegó al extremo de que en asamblea los mismos padres de familia requieran al comité transitorio, asuma el encargo de denunciar los hechos que fueron tipificados preliminarmente por la fiscalía como delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita, previsto en el artículo 190 del Código Penal. Este ilícito sanciona a quien se apropia indebidamente de dinero recibido en administración u otro título que obligue a su devolución.

Bajo este contexto legal, la fiscal Taly Chayguaque Ventura dispuso el 24 de septiembre de 2025, promover diligencias preliminares de investigación contra las señaladas, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita, otorgándo un plazo de 60 días. La disposición agrega que se remitiría la carpeta a la Comisaría de Pacasmayo, para que de acuerdo a su función, recabe las declaraciones del denunciante y de las denunciadas, así como la documentación financiera relacionada con los ingresos por matrículas y otros conceptos cobrados por la APAFA.

Se desconoce si la Comisaría de Pacasmayo recibió la disposición fiscal inmediatamente emitida, es decir el mismo 24 de septiembre, o después. El plazo fijado haría prever que las diligencias debieron cumplirse a fines de noviembre, sin embargo es evidente que hasta la fecha no concluyen.

LA META ES ESCLARECER Y SENTAR PRECEDENTE

El presidente del comité transitorio de la APAFA - JAR, Raúl Dennis Carrasco Solano, dijo que su representada está en el deber de cumplir con el encargo de la asamblea general de padres de familia.

Precisó que esta no es una acción personal contra las investigadas. Aclaró que las ex dirigentes han tenido todos los espacios y oportunidades para esclarecer los hechos, dar cuenta de su gestión y entregar el dinero de los padres de familia, que según los documentos supera largamente la cifra citada en la investigación.

Agregó que esta situación se debe esclarecer, no solo porque es un lamentable antecedente dentro de la institución sino que es un recurso económico que con mucho esfuerzo aportaron los padres de familia. Dijo que nadie sabe cuánto ha hecho cada padre y madre para dar un dinero pensando en el bienestar y una mejor educación de sus hijos, y que ese dinero simplemente desaparezca ante sus ojos. Por este motivo dijo tanto el comité como la comunidad educativa en su conjunto y la colectividad en general están atentos a las acciones que realizan los operadores de justicia.

Señaló que cómo termine este caso, será una llamada de atención a quienes piensen que se puede hacer los mismo en otras instituciones educativas sin sufrir consecuencias. La justicia tiene que dar una lección en este caso, dijo.

Finalmente, alentó a los padres de familia a renovar su confianza en las Apafas y que no se desanimen y participen cuando se trate de mejorar las condiciones educativas de sus hijos. En el caso del comité que preside, dijo que se está trabajando con transparencia y el manejo económico puede ser consultado, revisado y además será expuesto a los padres de familia de acuerdo a norma.