Mediante nota de prensa divulgada recientemente, la Contraloría General de la República informaba: “Contraloría señala que exfuncionarios y servidor tendrían responsabilidad por apropiación de S/ 229 000“ en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. 

A continuación revelamos detalles del caso que pone al descubierto graves irregularidades en la administración de fondos de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, durante la gestión del ex alcalde Víctor Raúl Cruzado Rivera.  

PERJUICIO ECONÓMICO

Entre las varias irregularidades detectadas se identificó un perjuicio económico a la MPP por el monto de S/ 229,152.79 por “desembolsos indebidos en beneficio de gerente de Administración y Finanzas, de un trabajador de la subgerencia de Tesorería y de una persona sin vínculo laboral y/o contractual con la entidad, destinados originalmente al pago de planillas, efectuados en el período 2021 y 2022”.

La Contraloría ha publicado el primer tomo  del Informe de Auditoría N° 021-2025-2-0421-AC “Pago de las planillas únicas de remuneraciones de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, durante los años 2021 y 2022“ que consta de 294 páginas. 

El informe comprende en total cuatro tomos con 1899 páginas, como resultado de la revisión del período del 3 de enero de 2021 al 18 de mayo de 2022.  En el informe se detallan además dos aspectos relevantes.

MULTAS POR INCUMPLIR APORTES ONP

El primero es que se generaron multas por omisión y/o pagos fuera del plazo de aportes previsionales a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en los periodos de abril, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2020; de enero a diciembre de 2021; y de enero a abril de 2022.

La Contraloría indica que mediante oficio del 22 de setiembre de 2025, la Sunat informó sobre “omisiones al pago y/o pagos fuera de plazo por las retenciones al Sistema Nacional de Pensiones de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo”.

Sobre este asunto comparte detalles importantes, como que de los 21 períodos consultados, la MPP fue notificada con 21 órdenes de pago (dos de ellas respecto a octubre de 2021), de las cuales 12 se encontraban en situación de cobranza coactiva al 22 de septiembre de 2025. 

Por otro lado, se resalta que la Sunat ha notificado resoluciones de multa en 20 de los 21 periodos informados, siendo que una de ellas (diciembre de 2020) se encuentra en situación de cobranza coactiva.

Precisa que la infracción por la cual la MPP fue notificada, según el Código Tributario, es  “No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos”.

Se afirma que las multas no fueron pagadas a la fecha de emisión del informe, en diciembre de 2025. Igualmente se observa que ”la recurrente falta de atención a los plazos establecidos para el pago de las aportaciones previsionales de sus servidores, constituyendo un perjuicio potencial para la Entidad” es decir para la MPP.

REGISTRO DE GIROS A TRAVÉS DE USUARIO NO IDENTIFICADO

El segundo aspecto relevante es el Registro de Giros a través de un usuario SIAF-SP no identificado por la MPP. La Contraloría detectó que ese usuario denominado “A” registró el comprobante de pago n° 761 del 25 de marzo de 2022 por el cual se benefició, “sin obligación acreditada de pago” a Eduardo Anderson Nomberto Huamán por la suma de 908,54 soles y a Pedro Agustín Amaya Grados por la suma de 4 mil soles.

El problema es que la MPP declaró que “no existe documentación en la que se asigne dicho usuario a un funcionario y/o servidor público de la entidad”; pese a que en el 2022 ese usuario contaba con permisos para ingresar a los módulos SIAF-SP de administración del sistema, módulo contable y administrativo, “desconociéndose quién asignó dichos permisos”. Es más, al ser consultado por la identificación de las personas que tuvieron el perfil de Usuario SIAF-SP denominado “A“ en los años 2021-2022, el Ministerio de Economía y Finanzas  declaró que “dicha  información no fue transmitida a la base de datos del SIAF-SP, por lo que no es posible brindar dicha información”.

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

En función de lo hallado, la Contraloría detalló deficiencias del control interno municipal. 

Se observó la falta de control en la elaboración y aprobación de planillas de remuneraciones.

Esto debido a que la MPP no ha diseñado, establecido, ni documentado controles internos respecto al flujo completo que siguen las planillas de remuneraciones, lo que incluye su gestión, elaboración y pago. 

La carencia de controles internos documentados genera el riesgo de un incorrecto procesamiento de la planilla de remuneraciones y falta de transparencia en su pago.

También se encontró una inadecuada preservación y conservación de archivos respecto al procesamiento de planillas de remuneraciones, lo que no deja evidencias sobre la gestión que se realiza.

Con Oficio del 31 de octubre de 2025, la subgerencia de Tesorería de la MPP indicó que no cuenta con un sistema que le permita identificar la documentación en general del período 2019 hasta la fecha, y adjuntó una relación de comprobantes de pago identificados como faltantes en los períodos 2021 y 2022.

DESVÍOS DE FONDOS Y BENEFICIARIOS

La auditoría reveló que se realizaron “desembolsos indebidos en beneficio de gerente de Administración y Finanzas, de un trabajador de la subgerencia de Tesorería y de una persona sin vínculo laboral y/o contractual con la entidad”. Estos fondos estaban destinados al pago de planillas, aportaciones a EsSalud y aportes previsionales a la ONP y las AFP. El monto del perjuicio económico es de 229 mil 152,79 soles.

Además del desvío directo de dinero, la entidad sufrió daños colaterales financieros. El informe detalla la generación de “multas reportadas por la Sunat, en razón de no haber pagado puntualmente las retenciones de ONP”, lo que evidencia una gestión negligente de los recursos públicos.

BAJO LA LUPA

La Contraloría ha señalado a tres personas, a los que atribuye incluso  presunta responsabilidad penal, por estos hechos. Se trata de Pedro Agustín Amaya Grados (ex gerente de Administración y Finanzas), Eduardo Anderson Nomberto Huamán (ex apoyo de la subgerencia de Tesorería), Mirtha Rosmery Amaya Flores (ex subgerente de tesorería).

La Contraloría precisa “del total desembolsado indebidamente, el importe de S/152 441,93 fue transferido a la cuenta bancaria del señor Pedro Agustín Amaya Grados, gerente de Administración y Finanzas; asimismo el importe de S/ 60 729,55 se transfirió a la cuenta bancaria del señor Eduardo Anderson Nomberto Huamán, personal de la Subgerencia de Tesorería; y el importe de S/ 15 981,31 fue transferido a la cuenta bancaria de la señora Ruddy Lisbeth López Benavides, persona sin vínculo laboral y/o contractual con la Entidad”.

Según el informe, se atribuye presunta responsabilidad a Grados Amaya y Nomberto Huamán por participar directamente en los desembolsos; mientras que a Amaya Flores se le atribuye que habría permitido que se realicen los pagos indebidos al no controlar las acciones del SIAF-SP.El informe cita que se evaluaron los comentarios o aclaraciones y documentos, pero “se concluye que los mismos no desvirtúan los hechos…”.

Ante estos hallazgos, el órgano de control ha dispuesto que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción inicie las “acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos” para determinar las responsabilidades legales pertinentes.

CASO PASA A PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN

La Contraloría ha emitido una serie de recomendaciones al actual alcalde, entre las que destacan el elaborar una normativa para regular la “asignación de perfiles de accesos, claves y/o contraseñas a softwares y aplicativos utilizados por la entidad”, así como la baja inmediata de estos ante ceses o vacaciones. También establecer procedimientos detallados que fijen competencias y responsabilidades en la gestión de planillas para asegurar el “correcto y oportuno procesamiento de la documentación sustentante”.

Finalmente advierte que se debe implementar políticas de archivo que permitan la “trazabilidad de las acciones del personal y la salvaguarda de los fondos públicos”.

A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, le indica que inicie las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos para que se determinen responsabilidades.

El informe fue emitido el 18 de diciembre de 2025 y estuvo a cargo del Órgano de Control Institucional (OCI) de la MPP.