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Gallito Ciego es una Infraestructura que Pertenece al Sector Estratégico Nacional

Gallito ciego 1

 

Está enclavada en Cajamarca y sirve a tres regiones

 

A propósito de la RJ N° 115-2025-ANA, existe un criterio que también cabe en la discusión de la pertinencia o no de que la operación y mantenimiento de una Infraestructura Hidráulica Mayor de un sistema de riego regulado, se ponga en manos de una organización de usuarios. Se trata de la calidad de infraestructura de un sector estratégico que tendrían las represas, en el caso del valle Jequetepeque, Gallito Ciego.

Recuérdese que un sector estratégico es aquel que se considera de vital importancia para la economía y la sociedad de un país, a menudo por razones de seguridad nacional o por su impacto en el bienestar general de los ciudadanos. Es crucial para el funcionamiento del Estado y para la provisión de servicios esenciales.

Sofía Calderón Cabrera, abogada en Derecho del Agua y Regulación de Servicios Públicos se refirió en una publicación en la red social profesional LinkedIn sobre el caso, que también involucra al Valle Jequetepeque. 

“La reciente RJ N° 115-2025-ANA, establece que “en el caso que, el operador de infraestructura hidráulica mayor o de aguas subterráneas, comunique la decisión de no continuar ejerciendo el título habilitante, la extinción es declarada por la Autoridad Administrativa del Agua”.

Se pregunta, “¿algún operador de infraestructura hidráulica mayor renunciaría voluntariamente a su título habilitante? Considero que en algunos casos (no todos), la posibilidad de que las Juntas de Usuarios asuman el rol de operador de la IH Mayor podría ser preocupante, principalmente por lo siguiente: Se afecta la subsidiariedad estatal en la gestión de infraestructura estratégica.- Al respecto, el Artículo 58° de la Constitución señala que la iniciativa privada es libre, pero se ejerce dentro de una economía social de mercado, lo cual exige la intervención del Estado cuando se trata del interés público o sectores estratégicos. El principio de subsidiariedad se deriva de esta idea, limitando la actuación privada cuando el bien gestionado es de interés nacional o requiere una visión integral”.

Añade, “desde mi punto de vista, la infraestructura mayor es multisectorial y por su escala e impacto regional o supraregional, demanda capacidad técnica, logística y económica que no siempre está al alcance de organizaciones con estructura limitada. Aunque la nueva ley promueve su fortalecimiento, podría en todo caso pensarse en un tiempo de consolidación antes de asumir dicha infraestructura”.

La abogada Calderón Cabrera indica que, “se desplaza la responsabilidad estatal sobre bienes públicos fundamentales.- Partiendo de lo anterior, permitir que las juntas administren obras que forman parte de los proyectos especiales transferidos a gobiernos regionales o incluso del ámbito nacional (según el nuevo numeral 6.9 del Reglamento) podría debilitar la rectoría del Estado sobre estos recursos estratégicos”.

Concluye que, “se puede poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas hídricos compartidos.- El otorgamiento de títulos habilitantes a organizaciones de usuarios que operan en sectores delimitados puede generar conflictos por el acceso, control y coordinación entre distintos sectores hidráulicos conectados. Esta norma se emite en un escenario en que algunas juntas vienen aspirando el otorgamiento de títulos habilitantes para operar infraestructura hidráulica mayor, encontrándonos por tanto en la víspera de lo que puede ser una nueva etapa en la gestión de la IH pública, esperamos que nuestras preocupaciones sean superadas con una buena gestión y compromiso”.

Otras consideraciones

En el caso de la represa Gallito Ciego, que opera el Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña (Pejeza), a la fecha se desconoce la posición de los gobiernos regionales de Cajamarca y Lambayeque, que coparticipan en el desarrollo del proyecto y la represa, que está instalada en la jurisdicción de la región Cajamarca.   En los últimos días, el interés y hasta las decisiones anunciadas que afectarían al Pejeza, se han atribuido sólo al gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta.

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