La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo viene investigando de manera preliminar al alcalde de Guadalupe Juan Castañeda Llanos y funcionarios de su gestión,  por la presunta comisión del delito de malversación de fondos y negociación incompatible en agravio del Estado, la Municipalidad Distrital de Guadalupe.

Según el contenido de la carpeta fiscal 576-2023, el caso se remonta a la denuncia fechada el 15 de enero de 2024 y recibida el 16 de enero de 2024 por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo, denuncia formulada por los regidores Virginia Marlene Zamora Vera y Ricardo Vargas Durand.

La denuncia generó la disposición fiscal N° 01, de fecha 19 de enero de 2024,  para la realización de diligencias preliminares de investigación, emitida desde el despacho del fiscal Roberto Lecaro Alvarado.

El representante del Ministerio Público indicó en su disposición que “se comprobó que en el año 2023 no se convocó a licitación pública para la adquisición de combustible para todas las áreas de esta comuna. Efectuando las averiguaciones del caso de cómo es que las maquinarias que usan combustibles a diario podían efectuar las labores cotidianas si no tenían dicho proceso de adquisición de combustible: dando como resultado de esta investigación resulta que pequeños expedientes técnicos conocidos como IOARR (Inversiones de Optimización de Ampliación Marginal, de Reposición y Rehabilitación) que tuvieran programadas para ejecutar en los años 2024 y 2025 han sido adelantadas en su ejecución para lograr desviar ciertas cantidades de dinero en la compra de combustible para estas maquinarias municipales como son camionetas de serenazgo y motocicletas, maquinaria pesada utilizada en la limpieza pública como son cargador frontal, mini pailover, volquetes, compactadora y otros así como el abastecimiento de combustible de las maquinarias alquiladas para el servicio del señor alcalde”.

Este supuesto colocaba al alcalde Juan Castañeda y a su entonces gerente municipal, Daniel Jesús Moreno Gutiérrez; jefe de abastecimiento Francisco Javier Cotrina Milian; jefe de Desarrollo Urbano, Javier Fernando Rodríguez Flores; jefe de Saneamiento Básico, Omar Plaza Gálvez y otros, como presuntos responsables.

Según la disposición fiscal, los denunciados habrían ejecutado las IOARR “de mala manera y de forma antojadiza sin respetar las normas para la ejecución de estas obras es que dan como resultado el mal servicio de agua potable y saneamiento, las carreteras vecinales supuestamente arregladas o con mantenimiento y el famoso dren que aún se están ejecutando y con especificaciones técnicas no aprobadas”.

Agrega la descripción de la denuncia que en las IOARR se presume que en los expedientes existen una serie de errores y supuestos cambios de piezas; bombas sumergibles presuntamente nuevas con series cambiadas y las bombas antiguas desaparecidas, sin posibilidad de darles de baja y depositarlas en almacén como correspondía según la ley patrimonial del Estado.

Detalla código y descripción de los proyectos de inversión ejecutados de manera presuntamente irregular. Se trata de la adquisición del sistema de suministro eléctrico para la plaza de armas de Ciudad de Dios (CUI 2606514); reparación de pozo de agua en el CP Semán (CUI 2597615); reparación de pozo tubular en el camino al Sector La Calera (CUI 2586917); reparación de pozo tubular en el sector Albujar y Guarniz (CUI 2586892).

Igualmente están incluidas en esta denuncia las obras reparación de vías vecinales San Isidro, Limoncarro (CUI 2598595); Calera, Nuevo San Marcos, Jorge Chávez (CUI 2598612); Manuel Guarniz, Faclo Grande, Faclo Chico, Las Brisas (CUI 2597286); reparación canal de riego Sixto Balarezo, 15 de Abril (CUI 2610072); y construcción de drenaje y muro de contención en el centro de Guadalupe (CUI 2578390). Todas estas adquisiciones presuntamente utilizadas para malversar fondos dirigidos a la compra de combustible.

Para confirmar o descartar la imputación formulada, el Ministerio Público dispuso la recolección de pruebas  requiriendo a la MDG toda la documentación relacionada a los proyectos antes indicados; así como la declaración de los investigados, de los denunciantes y consulta de los antecedentes policiales, judiciales y penales de los involucrados.

El representante del Ministerio Público, declaró caso complejo y dispuso la investigación en un plazo de 8 meses, “dada la multiplicidad de hechos a investigarse, la nutrida documentación a evaluarse y la pluralidad de personas presuntamente involucradas en los presentes hechos”.

Fiscalía Extiende Plazo de Investigación Preliminar

La denuncia presentada en enero 2024 por parte de los  regidores Virginia Marlene Zamora Vera y Ricardo Vargas Durand, contra el alcalde y funcionarios de Guadalupe, ha sido declarada como caso complejo y en este mes de febrero se tomarán declaraciones de varios proveedores.

Cuando estaban cerca de cumplirse los 8 meses de plazo declarados por el fiscal Roberto Lecaro Alvarado para la investigación preliminar del caso, el 26 de agosto de 2024, emite una nueva disposición fiscal de Acumulación de Actuados y Ampliación de Hechos de investigación preliminar. 

Reitera la declaración de caso complejo y amplía nuevamente por 8 meses la investigación preliminar.

El 20 de diciembre de 2024, hace poco más de un mes, emitió la disposición de diligencias complementarias en la investigación preliminar y señaló cronograma de diligencias como la recepción de la declaración de los investigados, iniciando con el alcalde Juan Castañeda Llanos y su ex gerente municipal Daniel Jesús Moreno Gutiérrez para el 10 de febrero en la sede del Ministerio Público en Trujillo.

Para el 11, y 12 de febrero están citados los otros tres funcionarios. A partir del 12 de febrero y hasta el 14 de febrero, los representantes de los proveedores Multiservicios Velásquez, Multiservicios Fada S.R.L., Edysa Constructores y Contratistas S.A.C., Inversiones Greymark E.I.R.L., Gran Aventura E.I.R.L. para esclarecer los hechos.

A la Municipalidad se le requiere además alcanzar un listado de órdenes de compra a nombre de los proveedores citados a declarar; comprobantes de pago, facturas, memorandos, y requerimientos.

La información, concluye el fiscal en su disposición, se remitiría al perito contable de la Fiscalía Provincial Anticorrupción a fin de que emita informe técnico.