Mientras que desde Piura, la presidenta Dina Boluarte, siguió evitando a la prensa y lanzando mensajes genéricos; en Lima, el presidente del consejo de ministros, Gustavo Adrianzén tuvo que admitir que el Ministerio Público les ha requerido información relacionada   con el uso de los vehículos presidenciales.

“La Fiscalía de la Nación, hoy [5 setiembre] de manera sorprendente, hace llegar, pasadas las 3 de la tarde, dos oficios al Despacho Presidencial mientras yo estaba en el pleno (del Congreso) pidiendo que, en la fecha, en las horas que están transcurriendo se brinde información de diverso tipo vinculada con esta noticia que ha vuelto a salir a la palestra del automóvil que se encontró en el sur”, dijo Adrianzén a la prensa. Y se apuró en negar responsabilidad de la presidenta. “No hay ninguna presunta participación de la presidenta (Dina Boluarte) en esto, para nada, por lo menos en los oficios que nos ha llegado no dicen que ella tenga participación alguna”.

Cabe anotar que el primer indicio de la presunta protección de la alta esfera política a favor de Cerrón se conoció en marzo de este año con un reportaje de Latina. En el informe se presentó una foto del automóvil presidencial estacionado cerca de un condominio ubicado en Asia. La foto habría sido tomada el 24 de febrero del 2024 y el vehículo se halló estacionado cerca de un condominio, justamente donde la Policía realizó un operativo contra Cerrón, que resultó en fracaso.

El caso se ha actualizado con los audios que proporcionó el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como “Culebra” y que involucran al ministro del Interior, Juan Santiváñez.

En los audios se escuchan diálogos entre quienes serían Izquierdo y Santiváñez, de cuando eran amigos y se frecuentaban. Aunque Santiváñez rechaza los audios, allí se dice que  Cerrón habría sido “trasladado” en el “cofre”.

El Ministerio Público solicitó informes documentados sobre la flota de vehículos destinados al uso oficial de la presidencia de la república; sobre los conductores de la flota vehicular destinada a la presidencia; la bitácora de uso de vehículos oficiales de presidencia; la relación de funcionarios y servidores de presidencia, con sus respectivos correos electrónicos institucionales.

La Comandancia General de la Policía Nacional también deberá entregar un informe documentado sobre el frustrado operativo de contra Cerrón en Asia.

La Fiscalía también ha requerido información a la Sunarp.

Cerrón está prófugo desde octubre 2023.