Dieciocho meses después de las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en las que 50 personas y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe presentado ayer jueves 18 de julio.

El informe se denomina ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú. Allí se detalla las decisiones tomadas por la presidenta como jefa suprema de las fuerzas armadas y la policía de Perú.

“La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos,” sostuvo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, en la presentación del informe.  

Aunque la presidenta Boluarte negó bajo juramento ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y minimizó su papel en la represión estatal, el informe muestra que, durante los tres meses en los que tuvieron lugar las protestas en todo el país, se reunió varias veces con los comandantes de las fuerzas armadas y la policía, lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno, precisó Amnistía Internacional en nota informativa. 

Sin embargo, en lugar de utilizar sus frecuentes reuniones con ministros, policías y comandantes militares para este fin, continuó elogiando públicamente a las fuerzas de seguridad mientras vilipendiaba a las personas manifestantes como “terroristas” y “criminales,” sin brindar pruebas de ello. Además, en vez de pedir cuentas a sus subordinados, decidió ascender a funcionarios clave a puestos más altos, aunque supervisaban directamente las operaciones policiales y militares que causaron múltiples muertes, se anota.

Asimismo dan a conocer que la PNP “no pudo proporcionar a Amnistía Internacional detalles de ninguna medida disciplinaria contra los agentes implicados, ya que había archivado al menos 18 investigaciones disciplinarias abiertas contra agentes de policía”.

Después de supervisar y firmar todos los planes operativos que tuvieron consecuencias letales durante las protestas, la presidenta Boluarte ascendió al general policial responsable de estos planes a Comandante General de la PNP.

Amnistía Internacional precisa que obtuvo los planes de operación internos de la PNP y descubrió que, la policía recibía órdenes vagas y de amplio alcance, como “eliminar barreras humanas.” “Con este fin, la policía fue provista con fusiles y los planes permitían que las unidades con esas armas letales dispararan bajo las órdenes de un jefe operativo. Este marco permisivo para la fuerza letal violó, tanto la legislación peruana como el derecho internacional de los derechos humanos, que señalan que las armas de fuego son inapropiadas para el control de multitudes”. 

Las operaciones del gobierno resultaron letales desde los primeros días de su despliegue pese a lo cual se mantuvieron y replicaron, sin detener la fuerza excesiva, desproporcionada e innecesaria. 

Dieciocho meses después, las investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas avanzan lentamente, “simplemente pasando por las formalidades sin llegar al corazón de los hechos, incluida la posible responsabilidad penal individual de la presidenta como jefa suprema de la policía y las fuerzas armadas”.

Los fiscales han logrado algunos avances en la identificación de varios policías y militares como sospechosos, pero siguen pasando por alto a funcionarios clave de la cadena de mando, especialmente a altos mandos, destaca Amnistía Internacional.

“Perú no puede permitir que estas graves violaciones de derechos humanos queden impunes. Muchas de las víctimas provienen de comunidades indígenas y campesinas, cuyas voces han sido históricamente ignoradas. Los responsables del dolor de cientos de personas que han perdido a sus seres queridos o están gravemente heridas deben enfrentar la justicia, sin importar su alto rango,” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.