El Ministerio Público del Distrito Judicial de La Libertad, a través de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo, formalizó investigación preparatoria contra la cúpula directiva de la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, dejando a la vista una supuesta red dedicada presuntamente al fraude y la apropiación ilícita sistemática de los recursos comunales. En el centro de esta investigación penal, signada bajo el Caso 631-2022, se encuentran exdirectivos que habrían convertido el patrimonio de la comunidad en su botín personal durante los períodos 2019-2020 y 2021-2022.

Como principal investigado está Pedro Agustín Domínguez Sánchez, quien ocupó la presidencia en el primer período investigado, y en el marco de un concierto de voluntades también se investiga a Tania Elizabeth Montenegro Cerna, vicepresidenta en la primera gestión y presidenta en la segunda. Junto a ellos enfrentan los cargos Yrma Elsa Huertas Rodríguez, Clay Camel Gálvez Castro, Mirtha Crisálida Huamán Chanduví y Víctor Alberto Vásquez Palomino. Las graves imputaciones del Ministerio Público apuntan directamente a la presunta comisión de los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas y apropiación ilícita, infracciones penales que podrían conllevar penas privativas de la libertad considerables si la teoría fiscal se demuestra en base a la culpabilidad atribuida.

Según la investigación fiscal, el modus operandi de esta presunta organización habría comenzado con la captura y el control absoluto de la institución desde el padrón comunal. De acuerdo con la Disposición Número Cuatro del Ministerio Público, los investigados ejecutaron una purga arbitraria e injustificada de los miembros calificados y más antiguos de la comunidad. El documento fiscal señala enfáticamente que los directivos "excluyeron a varios comuneros calificados, en su calidad de integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad, contraviniendo los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas y el Estatuto". Esta exclusión masiva, materializada en una asamblea de enero de dos mil veinte, sirvió para expulsar a treinta y nueve comuneros; no se sustentó en ninguna falta real y terminó silenciando cualquier oposición interna. Inmediatamente después del vaciado del padrón, los investigados procedieron a incorporar a veintidós nuevos individuos que no cumplían con los requisitos de ley. Entre estos nuevos comuneros figuraban estratégicamente hijos, hermanos y allegados directos de la junta directiva, consolidando así un monopolio familiar que daba todo el soporte a las decisiones de la asamblea y blindando sus futuras acciones contables.

Con el poder absoluto en sus manos, la directiva habría instaurado un régimen de total opacidad financiera. La entonces tesorera, María Ernestina Quispe Nizama, que al parecer decidió asumir un rol responsable para con la institución comunal, se convirtió en una testigo clave del desfalco investigado por la fiscalía al exigir insistente pero inútilmente a Pedro Domínguez Sánchez y a Tania Montenegro Cerna la entrega de recibos por ingresos de miles de soles. Se descubrió que fuertes sumas de dinero, entregados por particulares por concepto de traspasos agrícolas y adjudicaciones de lotes, jamás ingresaron a la caja comunal. En lugar de ello, los fondos habrían sido desviados hacia cuentas personales de terceros vinculados a la red. La Fiscalía es tajante al respecto, cuando advierte que "no existe balance correspondiente que realizara la junta directiva del periodo 2019-2020, en el cual los comuneros puedan apreciar los ingresos o beneficios o pérdidas de la Comunidad, lo cual constituye un ocultamiento de la situación económica de la Comunidad".

No obstante, la apropiación ilícita del patrimonio de la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc se habría orquestado a través de oscuros convenios corporativos. La investigación revela que la directiva cedió cientos de hectáreas en la zona de Puémape a grandes empresas a cambio de cuantiosos pagos que literalmente se evaporaron de los registros institucionales. Un caso emblemático es el de Inversiones y Construcciones Gubal S.A.C., que supuestamente entregó ochenta mil soles como pago único institucional, pero que en la realidad documentada extendió cheques de gerencia a favor exclusivo del entonces presidente Pedro Domínguez Sánchez por un monto total de ciento veinte mil soles. Este dinero, pilar de la acusación, nunca fue declarado en los libros contables de la institución comunal.

La misma suerte corrieron los acuerdos con la empresa Quinua Manantial S.A.C. y el empresario David Francisco Von Der Heyde Córdova. A la primera entidad corporativa se le cedieron ciento veinte hectáreas de terreno eriazo a cambio de 70 mil soles depositados directamente a Domínguez Sánchez y la donación estipulada de una moderna camioneta Toyota cuatro por cuatro valorizada en más de 133 mil soles. Al segundo individuo se le entregaron más de ciento tres hectáreas bajo la promesa de una considerable renta anual, un cronograma de festividades y la donación de un vehículo de alto rendimiento de marca Mahindra. Sin embargo, la Fiscalía destaca una maniobra dolosa contínua por parte de los imputados, remarcando que operaron "ocultando a los comuneros la extensión de tierras de la comunidad respecto de las cuales se cedía el uso, así como los beneficios obtenidos como consecuencia de la celebración del convenio". Hasta el día de hoy, ninguno de esos vehículos ha sido registrado legalmente como propiedad de la comunidad, operando en una total clandestinidad registral y en aparente beneficio exclusivo de las autoridades investigadas, impidiendo identificar el verdadero patrimonio institucional.

El corolario de esta cadena sistemática de irregularidades se refleja de forma innegable en el vertiginoso e injustificado incremento patrimonial de los acusados. La fiscalía señala que mientras la comunidad campesina entregaba irremediablemente sus tierras y el dinero de sus fondos comunes desaparecía de las arcas, los miembros de la junta directiva adquirían propiedades de alto valor en tiempo récord. El informe fiscal subraya con crudeza esta realidad tangible, afirmando de forma contundente que "como consecuencia de la apropiación del dinero producto de la venta de terrenos de la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, los integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad, adquirieron vehículos y casas situadas en San Pedro de Lloc, Balneario Puémape y Balneario Santa Elena". En los registros públicos de la zona figuran ahora nuevas construcciones, lotes en exclusivas zonas balnearias y automóviles a nombre de Tania Montenegro, Yrma Huertas, Clay Gálvez y Víctor Vásquez, bienes amasados coincidentemente en el preciso lapso de los años dos mil veinte al dos mil veintidós, época del presunto saqueo comunal ejecutado.

Ante la evidencia que apunta a los tipos penales denunciados por el Ministerio Público y los elementos de convicción recaudados, que incluyen copias físicas de cheques de gerencia, testimonios de los agraviados excluidos, informes registrales incriminatorios y actas groseramente fraguadas, la fiscal responsable Judith Incio Nomberto, dictó la continuación de las diligencias preliminares con un enfoque acusatorio suficientemente sustentado. La disposición fiscal convoca a más de una docena de testigos clave, a los representantes legales de las grandes corporaciones implicadas y a los propios acusados principales para que rindan sus descargos ante la justicia bajo apercibimiento de conducción compulsiva por parte de la Policía Nacional del Perú en caso de rehuir el citatorio.

El Ministerio Público ha solicitado además la intervención perentoria de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para congelar, escrutar y rastrear el origen de cada inmueble adquirido, en lo que promete ser un largo, pero necesario camino judicial destinado a esclarecer los hechos, castigar el fraude estructurado y restaurar el patrimonio arrebatado a la histórica Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, institución venida a menos en los últimos años por los constantes sucesos ligados a actos de corrupción.

El caso nació de la demanda interpuesta por el comunero calificado y separado por la directiva denunciada, Carlos Aguilar Solano. 

El 7 de septiembre de 2026, se registró el proceso ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Pedro de Lloc que despacha la jueza Dominga Carmen Castañeda Abanto con el expediente 00726-2026-0-1614-JR-PE-01.