La presidenta Dina Boluarte deberá responder a la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pliego de preguntas por el excesivo uso de la fuerza en las manifestaciones de protesta, en las que han muerto 60 personas.

El Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas indica que han recibido información relacionada con ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, estigmatización y uso del terruqueo, represión de la protesta, violaciones a la libertad de expresión, violaciones del derecho a la reunión, tortura y trato inhumano contra personas detenidas, que ocurrieron a partir del 7 de diciembre de 2022.

Además de anotar con detalle estos hechos, se refiere a la disolución del Congreso que dictó el presidente Pedro Castillo, y su vacancia. Así como la toma de mando por parte de la presidenta Dina Boluarte, convocada por el Congreso.

Respecto de los hechos violentos producidos durante la protesta, también figuran la toma de aeropuertos, los bloqueos de carreteras, y la muerte de un policía.

El documento está suscrito por siete relatores de Naciones Unidas, y concede un plazo de 60 días para que el gobierno se pronuncie sobre las graves denuncias de violaciones de derechos humanos.

Señalan que han recibido información sobre la existencia de un elevado número de personas indígenas y también de campesinos, quienes “parecen haber sido objeto de detenciones supuestamente arbitrarias y asesinatos, así como la falta de prestación de asistencia médica rápida en el contexto de los hechos mencionados”.

Anotan que “Se recibió información de que los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes y defensores de derechos humanos; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”.

En otro párrafo se lee: “Las organizaciones de sociedad civil indican que se habría observado el uso de distintas estrategias por parte del Estado para disuadir la protesta pacífica, por ejemplo, a través del uso desmedido de gases lacrimógenos, sobrepresencia de personal policial y militar y agresiones”.

Indican que pese a que se ha negado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, “Sin embargo, una investigación basada en los informes de autopsias y análisis forenses habría revelado que todas las muertes en Puno habrían sido causadas por heridas de bala”.

La intervención en la UNM San Marcóa también es abordada en detalle.