El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otorgará un ‘apoyo económico’ a favor de los deudos de las personas fallecidas, así como de las personas que sufrieron lesiones de gravedad con secuelas, sean civiles o policías, que resultaran afectadas por la represión policial en las protestas realizadas entre el 8 de diciembre de 2022 y 10 de febrero del 2023.

De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 006-2023, se autoriza el otorgamiento, de manera excepcional y por única vez, de un ‘apoyo económico’ de S/50 000 por cada persona fallecida y de S/25 000,00 por cada herido de gravedad.

“Los beneficiarios serán identificados por la Comisión Multisectorial creada para atender a las personas afectadas en las movilizaciones, la cual propuso este apoyo económico producto de la labor que realiza”, precisó el Ministerio de Justicia.

“Se trata de una medida que busca paliar las necesidades inmediatas de las familias afectadas que han perdido a sus familiares, muchos de los cuales eran el sustento de su hogar. Este apoyo económico ha sido aprobado a través del Decreto de Urgencia, que es un procedimiento célere que responde al compromiso que tiene el Gobierno con las familias, tanto de civiles como de miembros de la policía”, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro.

En los considerandos de la norma se señala que, “a raíz de los lamentables hechos ocurridos en el contexto de las recientes movilizaciones, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de atender a las personas afectadas, conforme se ha hecho anteriormente, y coordinar la adopción de medidas a su favor, comprendiendo dentro de ellas tanto a civiles como efectivos policiales en la perspectiva de promover la reconciliación nacional”.

Aunque el Ejecutivo rechaza responsabilidad, la medida es un reconocimiento de lo ocurrido.

En los próximos días se publicará, mediante Resolución Ministerial, el primer listado de beneficiarios del apoyo económico, quienes serán debidamente identificados por la Comisión Multisectorial creada mediante Resolución Suprema N° 264-2022-JUS, modificada por Resolución Suprema N° 027-2023-JUS.

El apoyo se financia con cargo al presupuesto institucional del Año Fiscal 2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “y no tiene naturaleza resarcitoria ni indemnizatoria”, se indica desde el Minjus.