Una denuncia por violación sexual que habría sufrido una menor cuando tenía 12 años, en el año 2016, sigue el tortuoso camino del proceso en las sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial. La víctima, con discapacidad mental moderada, es ahora una joven mujer de 18 años que carga su hijo en brazos, producto del supuesto acto contra la libertad sexual.

El caso fiscal se remonta al 15 de junio de 2020, cuando la ciudadana G.M.J.R. (45) notó que su hija de N.R.H.J. (16) no se encontraba bien de salud, y no quería alimentarse. La madre llevó a la menor al Hospital Tomás Lafora donde detectaron que estaba embarazada.

En 2020, la madre llevó a la menor al Hospital Tomás Lafora donde detectaron que estaba embarazada.

La adolescente manifestó a su madre que su vecino Luis Fernando Quiroz Cotrina (23), habría abusado sexualmente de ella desde que tenía 12 años. Según la agraviada, los hechos habrían ocurrido periódicamente en la vivienda del presunto agresor en el pueblo joven San José, distrito de Guadalupe. Nunca dijo nada a su familia por temor.

La madre de la menor, mujer humilde y con bajo grado de instrucción, no acudió inmediatamente a las autoridades. Posteriormente buscó al hombre para exigirle asuma responsabilidad. Pero éste negó haber violado a la menor y en consecuencia rechazó ser el padre de la criatura. Recién entonces decidió acudir a la Comisaría de Guadalupe y denunciar los hechos el 19 de septiembre del 2020, cuando la menor estaba en el cuarto mes de gestación.

La denuncia se encuentra en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo.

La denuncia por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, fue derivada a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo. Se le asignó el número 1421-2020, y pasó al despacho del fiscal Ítalo Rubén Sigueñas Cáceres.

El fiscal, en el marco de las diligencias preliminares, el 2 de noviembre del 2020, solicitó al juez de Investigación Preparatoria se convoque a prueba anticipada de declaración de la agraviada en cámara Gesell.

En el proceso se acreditó que la menor agraviada padecía retardo mental moderado.

El 31 de marzo 2022, el entonces juez de Investigación Preparatoria, Leomara Junior Castro Juárez, dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra el imputado por el delito de violación sexual de menor de edad. Para entonces la menor ya había dado a luz a una niña, el 28 de febrero de 2022.

El 10 de mayo del 2022, luego de excusas en sedes fiscal y judicial, reprogramó, la urgentísima audiencia de entrevista en cámara Gesell, para el 2 de junio del 2022.

En el proceso se acreditó que la menor agraviada padecía retardo mental moderado, lo que habría sido aprovechado por el presunto agresor para someter a su víctima.

Desconectados del proceso

De acuerdo a la versión de la familia de la menor, no saben en qué estado se encuentra el proceso. El padre de la menor agraviada, es un ciudadano que labora lustrando zapatos en la plaza de armas de Guadalupe. Contó que un abogado al que con mucho esfuerzo le pagaron S/ 250, por sus servicios, después de supuestas averiguaciones, se limitó a decirles que el caso ya se había cerrado, y que ya no insistan. Que el acusado -supuestamente- ya se había librado de los cargos.

La familia de la víctima señala que no han recibido ninguna notificación más

La familia de la víctima señala que no han recibido ninguna notificación más respecto del caso y que por el contrario, la víctima es amenazada el entorno del denunciado.

La víctima, que era menor de edad cuando se denunciaron los hechos, no encuentra hasta la fecha justicia. Fue menor de edad cuando quedó embarazada. Alguien abusó de su condición de menor de edad y retraso mental moderado, pero ha quedado sumida en el abandono de la justicia y con una niña que tiene derecho a ser asistida.

El caso también ha sido de conocimiento del Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría de San José. El asesor legal asignado por esta sede fue Roy Charlie Arbayza Corcuera.

Últimas Noticias intentó comunicarse con el número reportado al Ministerio Público, pero no respondieron.

El Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría de Guadalupe logró dos resoluciones de medidas de protección para la agraviada contra el presunto agresor ante el 15° Juzgado de Familia, que despacha la jueza Karina Oliva Vásquez.