El ejecutivo que preside Dina Boluarte declaró en estado de emergencia a las regiones de Puno, Cusco, Lima y el Callao por un plazo de 30 días, mediante el Decreto Supremo N°009-2023-PCM, publicado el 14 de enero en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

La medida entró en vigencia este domingo 15, y también aplica para las provincias de Andahuaylas (Apurímac), Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios), así como para el distrito de Torata (Moquegua).

Además cinco carreteras de la Red Vial Nacional fueron declaradas en estado de emergencia por el mismo lapso: la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Carretera Central, Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y Corredor Vial Interoceánica.

Como parte de la declaratoria de emergencia en estos puntos del país, quedan suspendidos los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.

Al concluir el estado de excepción, la PNP deberá entregar un informe detallado al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sobre las acciones realizadas, y los resultados obtenidos en un plazo no mayor a los siguientes cinco días hábiles.

En Puno, el gobierno también decretó la inmovilización social obligatoria por un plazo de 10 días calendario. Esta regirá entre las 8 p.m. y las 4 a.m. del día siguiente.

La medida exceptúa la compra de alimentos y de medicamentos. El personal estrictamente necesario para prestar servicios esenciales podrán seguir circulando en el horario de restricción. También quedan exentos los trabajadores de entidades que presten servicios financieros, funerarios, de asistencia, de energía de limpieza y recojo de residuos sólidos y actividades conexas. Lo mismo aplica para el personal de prensa.