Tras una visita de observación al Perú, entre los días 11 y 13 de enero, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón Orellana, brindó conferencia de prensa para dar a conocer un informe preliminar del trabajo que han realizado en el país.

El trabajo de la CIDH consistió en designar delegaciones para que acudan a las ciudades que se encuentran padeciendo la ola de protestas, de esta manera puedan tener un diagnóstico preciso de lo que viene pasando el país, en base a los testimonios de las personas.

Las delegaciones de la CIDH sostuvieron más de 60 reuniones con víctimas y familiares, en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho, y Cusco.

Reporte General

Ralón dio a conocer cifras totales, desde que iniciaron las protestas en el Perú.

“Desde el inicio se han registrado 47 personas fallecidas, entre ellas 7 adolescentes, y heridas al menos 650 personas, 290 integrantes de las fuerzas de seguridad, estos hechos han ocurrido principalmente en Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Junín, La Libertad y Juliaca”.

Asimismo, informó sobre el reporte emitido por la Defensoría del Pueblo.

“La Defensoría del Pueblo ha contabilizado 477 acciones de protesta de este universo se ha registrado 68 hechos graves de violencia, 6 de ellos vinculados a la toma de instalaciones, 41 a la destrucción o daño a la propiedad privada o pública y 21 enfrentamientos con la fuerza pública. Entre los hechos, 24 ataques a locales del Ministerio Público y 10 ataques a instalaciones del Poder Judicial que han ocurrido en el lapso de un mes”.

Ayacucho

En el informe preliminar del CIDH, menciona cifras de los hechos ocurridos en la primera ola de protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.

"En Ayacucho, en las manifestaciones sucedidas el 15 de diciembre, habrían fallecido al menos 12 personas (...) agentes del estado hicieron uso excesivo de la fuerza al momento de repeler un intento de toma de aeropuerto, en dicha lugar también resultaron al menos 70 personas heridas".

Juliaca

Las cifras lamentables en esta ciudad ocurrieron en la segunda ola de protestas. Así lo dio a conocer Ralón, junto a los principales hechos que indignaron al país:

"En Juliaca se han registrado hechos de extrema violencia (...) hasta el momento en Juliaca han sido de 19 personas que perdieron la vida, según la necropsia dichas persona fallecieron por heridas de armas de fuego. En esta misma localidad fue incinerado vivo un agente de las fuerzas de seguridad, adicionalmente se registró el fallecimiento de un bebé en Puno, que no pudo recibir ayuda debido a un corte de ruta que impidió el pase de la ambulancia".

Llamado a las autoridades

Frente al reporte descrito, la CIDH recordó su rol al Estado Peruano.

"El estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas, y la fiscalía especializada en derechos humanos. Así como juzgar y sancionar a las personas responsable".

“En el Perú existe un marco normativo que regula el uso de la fuerza por agentes del estado".

Pidieron esclarecer los hechos y adoptar medidas.

“Considerando la naturaleza de los hechos, (...)establecer quiénes fueron las personas que activaron las armas de fuego, lo que debe ser resultado de las investigaciones".

“Corresponde a las autoridades adoptar las medidas necesarias para reparar de manera integral este daño incorporando un enfoque intercultural, que considere los impactos, las víctimas, sus familias, y su comunidad. Asimismo que no se limite al tipo económico, sino que también incluya la restitución, rehabilitación y las garantías de no repetición".

Asimismo, hicieron un llamado de urgencia para ayudar a las personas.

"La Comisión hace un llamado para dar atención médica urgente a las personas heridas de gravedad, así como económica a favor de los familiares de las personas fallecidas y heridas en el contexto de las protestas".

Ante los testimonios de las personas, que no dudan que las acciones violentas hayan sido cometidas por infiltrados, la CIDH pidió tratar de identificarlos.

“Se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos de violentistas que apartados del derecho de protestas puedan desnaturalizar o bien utilicen el contexto de protesta para otros fines".

Conclusión final de la CIDH

La CIDH sostuvo:

“La Comisión considera que las manifestaciones obedecen a una serie de factores complejos , uno de estos es la debilidad institucional y se enmarca en una serie de crisis políticas e instituciones que en forma crónica viene atravesando el país desde el año 2016".

"Como consecuencia de estos hechos el país ha tenido 6 presidentes y 3 parlamentos en 7 años"

En ese sentido, la CIDH recordó:

"La Comisión ha venido advirtiendo sobre el riesgo de tres figuras constitucionales para la separación y equilibrio de los poderes y gobernabilidad del país; de una parte la acusación inconstitucional, por infracción a la constitución, por otra la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, como atribuciones de poder legislativo y otras como la disolución del congreso fundada en la negatoria de confianza de dos consejos de ministros por parte del ejecutivo".

Ante ello, la Comisión pidió de manera urgente, "instar al estado (...) a reglamentar y delimitar con parámetros objetivos y claros estas tres figuras constitucionales".

Dato

La CIDH anunció que dentro de 30 días emitirán un informe completo de la lamentable situación que viene atravesando el país, en base a trabajo de campo e indagaciones correspondientes.