Pese a que el Ministerio Público programó el inicio de una investigación preliminar a integrantes de la directiva y allegados de la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, por la presunta comisión de los delitos de apropiación ilícita, administración fraudulenta y falsedad genérica, hasta la fecha no se tienen avances sustantivos.

El casi detenido proceso de investigación tiene como principal dificultad la renuencia de los investigados y testigos a presentarse a declarar dentro del cronograma que había fijado la fiscal del caso, Judith Emperatriz Incio Nomberto.

El caso se inició con la denuncia por la presunta comisión del delito de organización criminal contra los dirigentes de la comunidad campesina, y allegados, formulada por Carlos Enrique Aguilar Solano, un ex comunero que recurrió a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.

Dicha dependencia del Ministerio Público trasladó la investigación a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo para que se realicen las investigaciones dentro de la disposición de investigación preliminar promovida por la fiscal Incio.

Los investigados Tania Elizabeth Montenegro Cerna, Yrma Elsa Huertas Rodríguez, Clay Camel Gálvez Castro, Walter Hipólito Loloy Tirado, Wilder Alejandro Guevara Pozo, Lidia Cruzado Navarro, Pedro Agustín Dominguez Sánchez, Mirtha Crisalda Huamán Chanduví, Víctor Alberto Vásquez Palomino, Rosa Ysabel Rodríguez Guanilo, Dany Emperatriz Reyes Caballero, Roger Alberto Vásquez García, Henry Orlando Grados Méndez, Enrique Castillo Gonzales, Rafael Flores Lara, José Raúl Vásquez Cornejo, Yulisa Octavila Julca Silva, Katherine Veramatus Huertas tenían programadas sus declaraciones desde el 15 de agosto hasta el hasta el 5 de octubre, sin embargo, se acuerdo a lo confirmado por el denunciante, no asistieron pese a que se les citó “bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva con el apoyo de la Policía Nacional del Perú en caso de inconcurrencia”. Añade que tampoco lo hicieron los que se encuentran en calidad de testigos. Solo concurrió el denunciante.

Por este motivo, la representante del Ministerio Público emitió la providencia N° 01, del 20 de octubre, y volvió a citar a los investigados bajo un nuevo cronograma desde el 28 de octubre hasta el 21 de noviembre, nuevamente, “bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva con el apoyo de la Policía Nacional del Perú en caso de no concurrir a la diligencia”.

Igualmente ha fijado nuevo requerimiento al representante legal de la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, para que entregue copia certificada del Padrón Electoral 2018, 2019, 2020, y 2021, las actas de asambleas 2018, 2019, 2020, 2021, los libros contables de dichos años, los convenios de todo tipo que se hayan generado en dichos periodos, y las actas y documentación relacionada a la exclusión e inclusión de comuneros desde el 2018 al 2021.

Llama la atención que la investigación no haya avanzado en los términos solicitados por el Ministerio Público, dado que en entrevista a Últimas Noticias, tanto la presidenta Tania Montenegro, y los directivos Clay Gálvez e Yrma Huertas Rodríguez aseguraron que tenían toda la documentación necesaria para afrontar la denuncia y que esperaban que se desarrolle para esclarecer los hechos. Incluso se señaló que se contrademandaría a Aguilar Solano por presuntamente haber excedido sus versiones llegando a lo que consideraban una posible difamación.

Como se recuerda Aguilar Solano denunció una presunta exclusión irregular de 43 comuneros, e inclusión de 11 familiares ya llegados, previo a la elección de la junta directiva para el período 2019-2020; exclusión presuntamente “fabricada” a nivel documental.

También señaló a Pedro Agustín Domínguez Sánchez, el ex presidente bajo cuyo mandato habría incorporado a 40 comuneros calificados con vínculos familiares con su directiva.

Otro cargo a la supuesta organización criminal enquistada en la CCSPLl fue el supuesto tráfico de terrenos, que terminó con la expulsión de la entonces tesorera de la junta directiva, María Ernestina Quispe Nizama, quien habría destapado los presuntos actos ilícitos en la contabilidad comunal.

Otro hecho grave, que fue confirmado por la directiva, fue el cobro por parte del presidente Pedro Agustín Domínguez Sánchez de dinero procedente de la venta de más de 181 hectáreas. El irregular cobro habría ido a parar directamente a las manos del presidente sin que la CCSPLl reciba el dinero en sus cuentas. Similar hecho se denunció contra la entonces vicepresidenta Tania Montenegro Cerna, dinero que supuestamente se habría depositado a la cuenta del ex fiscal Clay Camel Gálvez Castro.

La CCSPLl ha entrado a una etapa de renovación de junta directiva, por lo que el lento avance del caso denunciado por Aguilar Solano ante el Ministerio Público, se ha convertido en un aliado.