La presidenta de la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, Tania Montenegro Cerna, aseguró que las acusaciones contra ella y su directiva, contenidas en una disposición fiscal que abre investigación por presunta organización criminal, son infundadas y que el denunciante, Carlos Aguilar Solano, tendrá que sustentar las mismas y eventualmente responder por una querella que le interpondrían por difamación.

Pese a que aseguró que en su gestión no se han cometido irregularidades, sí reconoció que algunos de los hechos denunciados por la gestión que le precedió, encabezada por Pedro Domínguez Sánchez y en la que ellos también participaron, sí se cometieron presuntos ilícitos que han denunciado ante el Ministerio Público. Dijo que Pedro Domínguez, ahora expulsado de la Comunidad Campesina, debe responder por sus actos.

En la entrevista, acompañaron a la presidenta de la CCSPP sus directivos Yrma Huertas Rodríguez y Clay Galvez Castro, además de su asesor legal, Luis Villanueva. Aunque son 18 personas y “las que resulten responsables” de la presunta organización criminal en la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, Tania Montenegro, defendió que en su gestión, desde el 2021, no se ha incurrido en hechos que pudieran calificarse de delictivos.

Montenegro y sus directivos cuestionaron duramente al denunciante Aguilar Solano, al considerar que a través de familiares suyos, tuvo injerencia y participación en las directivas que encabezó en su momento Rodolfo Adrianzén Reyes Boadilla hasta el año 2018. Recordaron que en las gestiones de Reyes Bobadilla sucedieron ilícitos que nunca fueron esclarecidos, dejando a la institución sumida en el descalabro y la corrupción.

Ante esta afirmación, preguntamos si tanto Dominguez como Montenegro han denunciado ante el Ministerio Público, a Reyes Bobadilla y sus directivos. Respondió que no, pero que ahora lo harían, porque la gestión económica del 2013 al 2018 dejó mucho por aclarar.

Dieron su versión sobre los cargos de la presunta comisión del delito de organización criminal, falsificación de documentos y tráfico de terrenos, interpuesto contra Domínguez y Montenegro .

ELECCIONES Y SOCIOS

Respecto de la exclusión irregular de 43 comuneros previo al proceso electoral para la gestión 2019-2020, Montenegro señaló que el proceso de exclusión arrastraba hechos y actos constantes que terminaron por llevar a la exclusión de los involucrados.

Dijo que la exclusión se materializó en asamblea de fecha 25 de enero del 2020, y agregó que se realizó de manera legal, de acuerdo a lo señalado en el estatuto. Añadió que a los comuneros se les notificó por conducto notarial.

Al pedirles que precisen por qué realizaron una asamblea de exclusión en enero cuando en el estatuto estas determinaciones se deben tomar en junio.

Intervino el abogado Luis Villanueva señalando que por las restricciones de la situación del estado de emergencia por la pandemia se hizo en esa fecha. Sin embargo se le precisó que la pandemia fue declarada el 16 de marzo 2020, y la asamblea que mencionaban era del 25 de enero de ese año.

Montenegro Cerna agregó que fue porque los actos ocurrían uno tras otro durante varios meses. Apelando a un sentido de consideración y darles oportunidad, explica, esperaron que se rectifiquen los actos de los procesados, pero al hacerse insostenible la situación, tomaron la decisión en enero del 2020.

Sobre la inclusión en la misma fecha de exclusión, la inclusión de 11 comuneros calificados, que coincidentemente eran familiares de los directivos, Tania Montenegro dijo que en el mismo estatuto de la CCSPLl se especifica que la comunidad son grupos de familias. Agregó que a pesar de ello existen requisitos que deben cumplir y los que se incorporaron en esa fecha cumplían. Tenían más de dos años de comuneros. Respeto de si fueron incluidos en el comité electoral y en las directivas, justifica en que esa fue la decisión de la asamblea.

TRÁFICO DE TERRENOS

La gestión de Pedro Domínguez Sánchez, en la que participó la actual presidenta, fue acusada de tráfico de terreno y un manejo económico irregular. Se ha denunciado tráfico de tierras que habría terminado con la expulsión de la entonces tesorera de la junta directiva, María Ernestina Quispe Nizama, pues ella habría reclamado se rinda cuentas al encontrar recibos adulterados por pagos a la Comunidad Campesina de San Pedro no ingresados, pagos a la Comisaría de San Pedro y a algunos efectivos policiales que no se registraron en los libros oficiales de contabilidad, sino en un “libro negro” de contabilidad paralela.

Sobre estos actos, Montenegro señaló que efectivamente se descubrieron hechos irregulares, pero quien debe responder por ellos es la misma tesorera, pues es ella la que llevaba las cuentas y que se quedó con los libros contables.

Dijo que se le envió cartas notariales requiriendo su presencia para que se realice el balance de ese año, pero que nunca se acercó a aclarar las cosas. Agregó que existen actas de asamblea en las que consta que nunca asistió para ejercer y responder por su cargo. Sobre los pagos a la policía, añadió, es ella la que debe aclararlo.

Reconoció que sí han tenido resguardo policial en determinadas asambleas, pero esto se dio porque hubo amenazas de hechos violentos contra el local y sus asambleístas por los excluidos. Al consultarle la presencia de personal de Depincri en los exteriores del local comunal en esas fechas, dijo que fue porque se tuvo amenazas de ataques con artefactos explosivos.

Esta participación policial al extremo de acudir por supuestas amenazas de explosivos, consultamos si las habían denunciado ante la policía, dijo que no. Añadió que la presencia policial se hacía coordinando con comisaría y la prefectura provincial, con el entonces subprefecto Carlos Vigo Castaleda.

Los directivos de la Comunidad Campesina aseguraron que no se les ha facilitado tierras ni a personal policial ni a sus allegados.

CAMIONETAS NO REGISTRADAS

Sobre los convenios con dos empresas que ya aprovechan las tierras comunales a cambio de la donación de dos camionetas, la presidenta reconoció que esos convenios de realizaron durante la gestión de Pedro Domínguez.

Uno con la empresa Quinua Manantial S.A.C., por 100 hectáreas a cambio de la donación de una camioneta Pick Up Hilux. El otro por 50 hectáreas a favor de David Francisco Von Der Heyden Córdova por una camioneta Mahindra.

Si bien es cierto las camionetas están en posesión de la comunidad, el abogado Luis Villanueva dijo que aún no se ha concretado la inscripción. Dijeron que fue entre las limitaciones de la pandemia y la ausencia de los titulares de las empresas para la firma de documentos, lo que ha retrasado la inscripción registral de las camionetas a favor de la comunidad. Los directivos dijeron que el proceso está por terminarse y que dentro de poco debe salir el registro.

Sobre el extremo de la denuncia que señala que los representantes de Quinua Manantial S.A.C. serían comuneros y que dos dirigentas tendrían contrato privado para hacerse socias en cuanto dejen el cargo, tanto Tania Montenegro como Yrma Huertas rechazaron dichas imputaciones. Agregaron que los representantes de esa empresa no son comuneros y no son las personas que se consignan en la denuncia fiscal.

Sobre el presunto cambio de estilo de vida de los denunciados con adquisiciones de vehículos y propiedades en diferentes localidades, los directivos las rechazaron y aseguraron que son imputaciones que tendrán que demostrarse.

LOS CONVENIOS Y DENUNCIA A DOMINGUEZ

En la disposición fiscal se consigna que el denunciante atribuye tráfico de terrenos a la directiva comunal. Detalla los casos de la empresa Inversiones y Construcciones Gubal S.A.C. representada por Benigno Encarnación Villarruel Benites, a la que se le entregó 181.3854 hectáreas en Puémape por 120 mil soles, pago que se hizo en dos armadas de S/ 80 mil y S/ 40 mil, en enero de 2020, con cheques girados a nombre del presidente de la CCSPLl, Pedro Agustín Domínguez Sánchez. Según la denuncia ese dinero nunca ingresó a las cuentas de la CCSPLl, según los libros contables, pero se enajenó los terrenos con un acta de asamblea extraordinaria que sería fraguada. En la misma asamblea se habría aprobado el deslinde de tierras con empresas como Técnica Avícola S.A., Inversiones y Construcciones Bugal S.A.C., Usuy S.A.C. y Corporación GF S.A.C. En estas acciones, el denunciante atribuye procedimientos supuestamente ilícitos al topógrafo de la CCSPLl, Rafael Flores Lara.

Al respecto los directivos indicaron que el pago a Domínguez Sánchez si se produjo tal como se ha denunciado, pero que es él el que debe responder por esos actos, pues recibió a título personal un dinero que efectivamente no ingresó a las arcas comunales. Añadieron que ese caso fue denunciado ante el Ministerio Público y será Dominguez el que deba responder.

Últimas Noticias preguntó sobre las actas que generaron esos convenios y deslindes de tierras. Aseguraron que no se ha producido ningún deslinde de tierras en la comunidad campesina.

Debe precisarse que a pesar que se ha declarado que no hubo deslinde de tierras, la tarde de ayer se conoció que la Comunidad Campesina de San Pedro realizará una asamblea este martes 20 para anular 3 acuerdos de asambleas del 2019 y 2020. Se planteará la nulidad del acuerdo “Transferencia y Deslinde de Terreno comunal con las empresas Técnica Avícola, Inversiones y Construcciones Gubal SAC, Corporación GF SAC”; y del acuerdo Transferencia y deslinde de terrenos comunales para el proyecto social de vivienda con la empresa Brick S.A.C.”, tomados en asamblea de fecha 9 de septiembre 2019. También se tratará la nulidad del acuerdo “aprobar venta a favor de Jorge Ricardo Fernández Campana” de un sub lote de 10 Has. de terreno”, de la asamblea del 8 de setiembre 2020.

En cuanto a la adjudicación de una parcela de 32 hectáreas a favor de Segundo Darío Bautista Silva en la quebrada Jagüey, por un adelanto de 53 mil soles se acusa a la entonces vicepresidenta Tania Montenegro Cerna y la asesora María Ernestina Quispe Nizama el haber recibido el dinero de los S/ 170 mil. Del adelanto supuestamente ingresó S/ 5,300 en lugar de los S/ 53,000. Los directivos rechazaron esa imputación y dijeron que exigirán que el señor Bautista Silva demuestre que pagó alguna cifra a la comunidad a a alguna de las entonces integrantes de la directiva. También que muestre el supuesto acuerdo de los S/ 170 mil.

Señalaron que las tierras fueron prácticamente invadidas por Bautista Silva y que recurrió a la comunidad campesina para que se le otorgue certificado de posesión. Últimas Noticias les preguntó, a cambio de qué o cuánto dinero se le atendió; señalaron que a cambio de nada. Inmediatamente corrigieron diciendo que porque estaba apoyando a la comunidad. Precisaron que incluso esas tierras están en zona intangible y que según Bautista Silva sería por dos campañas de quinua, pero que se quedó indefinidamente.

Esto, añadieron, también se generó en la presidencia de Pedro Dominguez, y por consiguiente, dijeron, es parte de lo que él mismo debe responder.

Finalmente sobre la oferta de venta de un terreno agrícola de 120 hectáreas de la Comunidad Campesina hecha por un familiar de una directiva, por S/ 360 mil, evidenciando una red que dispone ilícitamente de los predios comunales. La presidenta dijo que se refieren a un señor cuyo apellido materno coincide con el suyo pero que en realidad no tiene ningún grado de familiaridad.

QUE SE INVESTIGUE

Los directivos comunales señalaron que están plenamente dispuestos a colaborar con las investigaciones y desvirtuar los cargos. Aclararon que efectivamente los casos que corresponden a las acciones que directamente está involucrado el expresidente Pedro Domínguez, es el quien tendrá que responder. Pedro Dominguez, reiteraron, fue excluido de la comunidad por los hechos antes mencionados y denunciado ante el Ministerio Público.