Nacional  |  

Pleno Suspende a Edgar Alarcón Tras Aprobar Acusación Por Presunto Enriquecimiento Ilícito

Edgar Alarcón

El Pleno del Congreso aprobó la denuncia contra Edgar Alarcón, congresista de Unión por el Perú, por el delito de enriquecimiento ilícito, presuntamente cometido cuando fue contralor general de la República.

En consecuencia, la Fiscalía de la Nación podrá continuar con la investigación al parlamentario sobre la denuncia presentada el 9 de julio del 2020.

Según La República, fueron 62 votos a favor, 0 en contra y 13 abstenciones los que permitirán que el Ministerio Público inicie el proceso que se ha dilatado por más de un año.

"Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso por la que se declara haber lugar a la formación de causa contra el denunciando Edgar Arnold Alarcón Tejada en su calidad de excontralor general de la República por ser el presunto autor del delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito agravado previsto y sancionado en el artículo 401 del código penal en agravio del Estado peruano", indicó la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.

Por otro lado, luego de votar para aprobar su acusación, el congresista Betto Barrionuevo de Descentralización Democrática sugirió la suspensión de Edgar Alarcón de sus funciones parlamentarias.

De esta manera, con 61 votos a favor, cero en contra y 14 abstenciones, el Legislativo acordó que el legislador no ejerza sus funciones como representante del Parlamento.

Denuncias

Según indagaciones preliminares, el congresista no ha justificado un aumento en su patrimonio por la suma de S/ 201.337.

Esto sucedió entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, durante el tiempo que ejerció como titular de la Contraloría de la República.

Además, el informe también señala que Alarcón reporta depósitos bancarizados por la suma de S/ 275.644, de origen presuntamente desconocido.

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también lo denunció por peculado doloso por una serie de supuestos servicios simulados al interior de la Contraloría, también durante el periodo en el que Alarcón dirigió la institución.

Por esto, indica que con la denuncia constitucional corresponde "iniciar el procedimiento constitucional de antejuicio político" contra el investigado.

Sobre el autor

Almendra Ruesta Granda