Después de evidentes dilaciones, hoy el excontralor y actual congresista Edgar Alarcón deberá enfrentar al pleno del Congreso que sesionará para debatir la denuncia constitucional en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Mediante un oficio, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, le recordó que ya ha sido citado hasta en tres ocasiones y que la sesión del pleno se realizará hoy viernes “indefectiblemente”.

La primera citación fue el 8 de marzo, es decir, hace 38 días; la cual se frustró. Otras dos sesiones previstas para el 12 de marzo y el 13 de abril, también fueron suspendidas “a su solicitud y por diversas razones, comunicadas siempre un día antes de cada sesión”, encaró Vásquez a Alarcón en el oficio.

Por cuarta vez, Alarcón había solicitado aplazamiento, con el argumento de que su nueva abogada, Rosa Bartra, necesitaba tiempo para prepararse.

Vásquez Chuquilín argumentó que es responsabilidad del parlamentario de Unión por el Perú (UPP) “haber adoptado las previsiones del caso para evitar constantes dilaciones”.

Por su parte, Alarcón recién formalizó ayer jueves, la designación de Bartra como su abogada para el debate en el Congreso.

En el pleno de hoy se debatirá la denuncia constitucional, por antejuicio político, contra Alarcón, en su condición de excontralor de la República.

En tanto, en declaraciones a la prensa, Bartra manifestó: “Acabo de aceptar la defensa del congresista Edgar Alarcón. Estoy recibiendo los más de 15 mil folios que componen su acusación. Vamos a trabajar durante el día y, por lo tanto, me es imposible comentarte alguna estrategia, porque primero tengo que seriamente conocer a profundidad el caso”.

El Ministerio Público le imputa a Alarcón un aparente desbalance patrimonial de S/ 201 377.24 entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, en el que fue contralor general. El documento indica que este delito prevé una pena prevativa de la libertad de entre 10 y 15 años además de una inhabilitación política.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también lo denunció por peculado doloso por una serie de supuestos servicios simulados al interior de la Contraloría, también durante el periodo en el que Alarcón dirigió la institución.

Estas acusaciones llegaron a la Comisión Permanente que aprobó por mayoría (18 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones), acusar a Alarcón Tejada (UPP) por antejuicio político en su condición de ex contralor, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito.