Aunque el desalojo de las 325.49 hectáreas de “El Algarrobal de Moro” anunciado para el 27 de septiembre tenía preparado un plan de acción táctica en la policía, casi nadie creía que se realizaría. Así fue.

La mañana del miércoles 25, el juez del Juzgado Mixto de Chepén, Segundo Salvador Bustamante Rojas, anunció que el comando policial regional emitió oficio anunciando la falta de garantías para la realización de la diligencia.

En una escueta declaración, el magistrado señaló que la programación de una nueva fecha sería dispuesta luego de que el demandante lo solicite.

Como se recuerda, el juez Bustamante, con resolución 148 del 5 de junio 2019, dispuso para mañana 27 de septiembre, a las 9 a.m., fecha para ejecutar el desalojo de 325.49 hectáreas de “El Algarrobal de Moro”, ubicado en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén en la demanda que ganó Giulio Ciriaco Martín Aita Gervasi contra los ocupantes del predio.

Sobre el inmueble “Predio Talambo” pna sentencia para ejecución de desalojo de “todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación a excepción de algún centro educativo ubicado en el predio”. Advertía en la resolución que la medida se ejecutaría con descerraje, derribo de obstáculos, derribo de construcciones e instalaciones en caso fuere necesario.

Se encargó solicitar las garantías personales al puesto PNP del centro poblado Pacanguilla y a la III Diterpol de Trujillo. Como se ve las garantías no fueron concedidas.

Los demandados en el caso son Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos El Algarrobal de Moro, Asociación Agropecuaria San José de Moro Predio Algarrobal, Eliseo Valle Caro, Antonio Delgado Coronel y otras 90 personas.