El 5 de junio del 2019 se emitió la resolución judicial 148 que señala el 27 de septiembre del 2019 a las 9 de la mañana, como fecha para ejecutar el desalojo de 325.49 hectáreas de “El Algarrobal de Moro”, ubicado en el distrito de Pacanga, provincia de Chepén en la demanda que ganó Giulio Ciriaco Martín Aita Gervasi contra los ocupantes del predio.

El juez Segundo Salvador Rojas Bustamante precisa, en su resolución, que el inmueble “Predio Talambo” será desalojado de “todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación a excepción de algún Centro educativo ubicado en el predio, requiriéndose a su representante legal para que desocupe y entregue el área que posee a favor de la parte demandante al finalizar el año escolar dos mil diecinueve, bajo apercibimiento de lanzamiento”.

Advierte la resolución que la medida se ejecutará con descerraje, derribo de obstáculos, derribo de construcciones e instalaciones en caso fuere necesario.

Encarga solicitar las garantías personales al puesto PNP del CP Pacanguilla y a la III Diterpol de Trujillo.

Se dispone la notificación a la Asociación de Pequeños Agricultores y Ganaderos El Algarrobal de Moro, Asociación Agropecuaria San José de Moro Predio Algarrobal, Eliseo Valle Caro, Antonio Delgado Coronel y otros 90 demandados.

La resolución fue comunicada al juez de Paz del centro poblado Pacanguilla, a fin de que pegue las cédulas de notificación en el frontis de la IE El Algarrobal, ubicada en el predio Talambo.

El 5 de junio 2019, también fue oficiado el comisario de Pacanguilla a fin de que presente las garantías al desalojo anunciado para el 27 de septiembre, así como al director del Centro Educativo, dirección de Ugel-Chepén y Gerencia Regional de Educación.

ESPERAN FIRMA DE AUTORIZACIÓN

El lanzamiento estará dirigido por el jefe de la División Policial, Cmdte. PNP Edwin Martín Pino Valdivia.

En declaraciones a los medios, el oficial señaló que se tiene lista la orden de operaciones, sin embargo aún esperaba que se firme la autorización por el comando.

Reconoció que es una situación difícil. Por esa razón hasta por cinco veces fue aplazada la ejecución de la diligencia.

“Hay una iglesia, colegio, es una situación socio económica política, es una población que vive años. Es una situación delicada, ya es cuestión de que el juez lo decida. Ya ha dispuesto que se haga el desalojo en una fecha x, y estamos esperando la firma”, dijo el oficial.

Reveló que será él quien comandará la operación para la que se ha solicitado 1,500 efectivos policiales.

Adelantó que se ha trabajado en el plan de operación y en todas las medidas necesarias para resguardar la integridad de las personas, los transeúntes, residentes de las zonas aledañas y de los mismos efectivos policiales.