El excongresista Reber Joaquín Ramírez Gamarra deberá responder ante la justicia acusado por la presunta comisión de tres delitos: falsificación de documentos, uso de documento falso y fraude procesal en una denuncia iniciada por la Comunidad Campesina de Chepén hace más de cuatro años.

El viernes 14, el juez de Investigación Preparatoria de la provincia de Chepén, Wilson Manayalle Calle, dictó acto de enjuiciamiento declarando fundado el pedido de acusación que formuló el Ministerio Público, el cual solicita para el procesado, seis años de pena privativa de la libertad.

Además de Ramírez Gamarra, está involucrado en este proceso, Antenor Espinoza Eugenio, trabajador del excongresista. Según la acusación fiscal, Espinoza realizó los trámites ante los organismos estatales, utilizando un documento falso, para beneficio de Ramírez Gamarra.

El expediente del caso será elevado al Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Pacasmayo, que despacha el magistrado Edward Ernesto Araujo Ramos de Rosas, donde se debe programar audiencia de inicio del juicio oral contra Ramírez Gamarra y Espinoza Eugenio.

Cabe anotar que el caso estuvo prácticamente estancado debido a que Ramírez Gamarra gozaba de inmunidad parlamentaria y el proceso judicial se detuvo. Meses después de concluir su período como congresista, el proceso se reanudó.

LA ACUSACION

Las acusaciones del Ministerio Público, representado por el fiscal provincial de Chepén, Jaime Williams Mori Chavesta, apuntan a que Ramírez Gamarra tendría responsabilidad en la falsificación de un Certificado de Posesión que le permitió apropiarse de 1,183 hectáreas de tierras de la Comunidad Campesina de Chepén.

“Los hechos claros, el grado de intervención, delito de falsificación que se le imputa a Joaquín Ramírez Gamarra como autor del delito de falsificación de documentos, Certificado de Posesión N° 006-2012; y otro hecho: Uso de documento falso”, sentenció el fiscal.

El fiscal se basó en “pruebas periciales científicas” que determinan que el Certificado de Posesión, supuestamente emitido por la Comunidad Campesina de Chepén, es en realidad falso.

Los hechos, según narró el fiscal ante el juez, no quedaron allí. Con ese falso certificado de posesión, Ramírez obtuvo permiso de la Autoridad Local del Agua Jequetepeque (ALA-J) para uso de agua con fines agrícolas, y permanece en posesión del predio.

El fiscal formuló acusación por la presunta comisión de los delitos en contra la fe pública, como autor, en la modalidad de falsificación de documentos; como instigador del delito de uso de documento falso, y por fraude procesal, en agravio de la Comunidad Campesina de Chepén. Y solicitó seis años de pena privativa de la libertad y 360 días multa.

LA DEFENSA

Por su parte, el abogado de Ramírez Gamarra, William Tantajulca Burga, expresó su desacuerdo con las observaciones subsanadas por el Ministerio Público. Además pretendió ofrecer nuevas pruebas, como pericias.

Lo primero fue replicado por el fiscal; y lo segundo fue rechazado por el juez, debido a que ya se había concluido la etapa de presentación de pruebas.

La audiencia se prolongó por casi tres horas.