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Contraloría Detecta Irregularidades en Caso Fotopapeletas de Chepén

Contraloria Lima


La Contraloría General de la República ha dado 20 días de plazo para que la Municipalidad Provincial de Chepén (MPCh) cumpla con adoptar las medidas correctivas a seis hechos detectados en el contrato suscrito con un consorcio para la aplicación de sanciones a los infractores de  normas de tránsito en la salida norte de esa ciudad, altura del sector Genaro Silva Cotrina.

El Consorcio Chepén Vía Segura está integrado por las empresas: JMJ Consulting SAC y Tecnología Aplicada al Control y Fiscalización SAC. Tiene como representante a Zoila Moreno Mosquito, con quien el alcalde Kcomt Ché, firmó el contrato. 

Mientras que la mayoría de regidores rechazaron la modalidad de imposición de fotopapeletas, el alcalde defendió validez. Un año después se conoce este informe de la Contraloría que terminaría por confirmar irregularidades. 

Previamente la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención de la Contraloría.

Los hechos  hallados “pondrían en riesgo” obtener los objetivos previstos en el contrato suscrito por la MPCh con el consorcio encargado de sancionar a los vehículos que infrinjan normas de tránsito detectados bajo sistema de fotopapeletas en un puesto de control instalado en la Panamericana en la salida hacia Chiclayo.

El informe completo ya fue notificado al alcalde Nelson Kcomt Ché con fecha 30 de noviembre, habiendo ingresado a la oficina de Trámite Documentario a las 4.20 de la tarde de ese día. La documentación fue remitida por José Dioses Aponte, contralor (e) de la oficina regional de Trujillo.

Así se deduce de la lectura de un resumen ejecutivo y un informe de control de la oficina regional La Libertad de la Contraloría General de la República, documentos que aparecen publicados en el portal institucional, con fecha martes 5 del presente mes.

Cgr Chepen


Se trata del Informe de Acción Simultánea Nº 659-2017-CG/CORETR-AS denominado “Ejecución contractual del servicio de apoyo técnico para la fiscalización de normas de tránsito y transporte en la provincia de Chepén, Departamento de La Libertad”.

El resumen indica que “En la ejecución del mencionado contrato a cargo de la Municipalidad Provincial de Chepén, por un valor referencial ascendente a S/ 2 448 039,30 se han identificado seis (6) hechos que pondrían en riesgo el logro de los objetivos y la función específica en materia de tránsito, vialidad y transporte público…”.

Detalla luego los hechos identificados. 

1. Indica que se detectó que la Municipalidad contrató el “Servicio de Recaudación”  con un ente de la banca comercial autorizando porcentajes distintos a los consignados en la cláusula cuarta del contrato. La distribución de los porcentajes no es efectuada por los responsables del manejo de las cuentas bancarias de la MPCh, “sino por el banco; por tanto, los fondos provenientes de los depósitos y el pago realizado al consorcio no se sujetan al proceso de la ejecución presupuestal y financiera, no registrándose en el SIAF-SP debido a la falta de información y sustento; así como los fondos que deben distribuirse a la cuenta corriente del Consorcio se destinan a la cuenta corriente de un tercero que no ha contratado con la Entidad”.

2. Se determinó que la MPCh no efectuó la retención del 10% (S/ 244 803,93) del monto del contrato como garantía de fiel cumplimiento, pese a “que el Consorcio sí solicitó su retención; lo que generaría riesgos financieros y de cumplimiento al no encontrarse protegida ante eventuales daños y perjuicios por un posible incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del Consorcio”.

3. Se detectó que la MPCh designó como inspectores municipales de tránsito y transporte a dos personas que no cuentan con vínculo laboral o contractual con el Consorcio ni con la entidad, no han sido capacitados en normativa de tránsito y transporte, sin embargo vienen realizando labor de detección de velocidad de vehículos y suscribiendo las “fotopapeletas”, sin haber coordinado con la unidad orgánica de la entidad correspondiente. No elaboran ni cuentan con el formato pre impreso denominado “Acta de fiscalización y control” al iniciar y cerrar su labor diaria; el cual es requisito en el procedimiento de dichas acciones de control, establecido por la entidad.

4. Se advirtió que la unidad orgánica de la entidad correspondiente, no ha solicitado apoyo técnico al Consorcio para la fiscalización de normas de tránsito y transporte u otros relacionados, desconociendo el procedimiento utilizado por el Consorcio relacionado con las acciones y proceder de los inspectores municipales que imponen las “fotopapeletas”. Además, no ha elaborado ningún informe de conformidad por la ejecución del servicio prestado por el Consorcio y, por tanto, no ha verificado la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales ni realizado las pruebas que fueran necesarias.

5. Se ha determinado que la entidad viene efectuando las acciones de fiscalización y control de tránsito terrestre en la avenida Genaro Silva Cotrina N° 411 (entre los kilómetros 711 y 712 de la carretera Panamericana Norte), tramo que corresponde a la “Longitudinal Costa Norte - PE-1N”, que forma parte de la Red Vial Nacional y de competencia de la SUTRAN; generando el riesgo de que la validez de las papeletas de infracción a las normas de tránsito suscritas por los inspectores municipales de la entidad, detectadas con medios tecnológicos, pueda ser cuestionada dado que no han sido impuestas por autoridad competente.

6. Se ha determinado que la entidad no aprobó los Planes Operativos Institucionales (POI) de los años 2016 y 2017; no obstante que las bases integradas del procedimiento de selección convocado para contratar el servicio de apoyo técnico para la fiscalización de normas de tránsito y transporte en la provincia de Chepén, consignan al POI de la Subgerencia de Vialidad y Transporte como sustento y justificación de la contratación de dicho servicio. Asimismo, no se ha realizado el plan de fiscalización de transporte que debió ser elaborado por el Consorcio en coordinación de la unidad orgánica correspondiente de la Entidad, incumpliendo la obligación contractual establecida.

Resumen Ejecutivo 659-2017

Contraloría General de la República

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