El alcalde Nelson Kcomt Ché se enfrenta al acuerdo de sus regidores que, por mayoría, declararon nulo el contrato que ha firmado con la empresa Consorcio Chepén Vía Segura para la aplicación de fotopapeletas en la jurisdicción de la provincia, incluida la vía Panamericana.

De acuerdo a la opinión del burgomaestre, el contrato que ha firmado con Zoila Guillermina María Moreno Mosquito, representante de la empresa, es un acto administrativo en el cual no pueden tener decisión los regidores, porque compete exclusivamente a  la administración municipal. 

“Después de esa sesión he vuelto a consultar con mis abogados, no solo de Chepén, también de Trujillo. Es un tema netamente administrativo, donde lógicamente el alcalde toma estas decisiones. Sin embargo seguimos evaluando porque nosotros queremos lo mejor, sin tropiezos en la administración. Eso me dice la parte legal”, declaró el burgomaestre.

El alcalde asegura que el contrato se mantendrá vigente y recalca que la finalidad es proteger la vida de las personas, sancionando infracciones de tránsito por exceso de velocidad, en la jurisdicción de la provincia de Chepén. La modalidad será la de las fotopapeletas.

Además de abogados, el alcalde ha consultado con su  amigo y colega, alcalde de Ascope, para asegurarse que el contrato, que tiene un monto superior a los 2 millones de soles, es viable.  “He conversado con el alcalde de Ascope, mi compañero de universidad, es médico también, donde la situación es bastante positiva económicamente. Pero no vayamos a lo económico porque lo primero que tenemos que hacer es por la seguridad que ocurre muchas circunstancias sobre todo el sector ‘Genaro Silva Cotrina’ donde hay un colegio. Es una zona bastante conflictiva”, declaró.

El “Contrato de Servicio de Apoyo Técnico para la Fiscalización de Normas de Tránsito y Transporte en la Provincia de Chepén”  tiene un plazo de 540 días, y es por el monto de 2 millones 448 mil 039 soles. La empresa obtendrá el mayor porcentaje con 67% y la MPCH recibirá el 33%.

Los regidores que por mayoría rechazaron el contrato y acordaron su nulidad consideran que la firma sí requería de un acuerdo de concejo, porque se trata de un contrato de concesión.

Frente a la posición del burgomestre,  el regidor Jesús Rubio Vargas, dijo que: "Él sabrá a qué se expone, si bien es acto administrativo como dice, la LOM señala que el organismo máximo de gobierno de la municipalidad es el concejo, y sus acuerdos los ejecuta el alcalde, bajo responsabilidad. Él no puede negarse a eso por más que sus asesores le digan que no”.

“Tendríamos que recurrir a otras instancias si no se da estricto cumplimiento a los acuerdos de concejo. Nos quedará el camino para ir a otros organismos, porque no se trata que él haga lo que quiere, sino de acatar los acuerdos. Si implementa el contrato incurriría en desacato al acuerdo tomado en el concejo, se tomarán acciones”, advirtió.

El regidor que con mayor énfasis ha sustentado su oposición ha sido Rubio Vargas que en una sesión reciente calificó como un contrato leonino a favor de la empresa, y dijo que no significará ganancias para la MPCh, sino que le traerá problemas.