En Chepén y Pacasmayo se recibió el año nuevo entre la sana algarabía en algunos casos y el descontrol con alcohol, drogas y muerte en otros.

Lo que ha quedado en entredicho es la función y autoridad que encarna la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) y toda su estructura orgánica para garantizar la seguridad en los eventos sociales que concentran público.

En Pacasmayo los dos bailes más importantes que se anunciaron no tuvieron garantías para la seguridad del orden público de la subprefectura provincial y sin embargo con los permisos municipales dieron rienda suelta a sus planes. El "Pacasmayo Summer Fiesta" realizado en un corralón de ENAPU, frente al muelle de Pacasmayo, incumplió las obligaciones que impone ONAGI para que se le otorguen garantía, sin embargo con la venia municipal se hizo. Igual suerte tuvo el "Pacasmayo Fest" realizado en un local al final del malecón sur.

El escenario fue el mismo en Chepén. Dos muertes se produjeron en los primeros días del año, las víctimas, ciudadanos que concurrieron a espectáculos sin garantías en el local llamado Costa Mar. El desenlace de las desgracias no estuvo directamente vinculado al evento, sin embargo desnudaron la ineficiencia en la aplicación de la norma que prevé la seguridad de las personas en espectáculos públicos.

Ni la Policía Nacional, ni el Ministerio Público, menos las municipalidades se atrevieron a actuar clausurando los eventos, de la mano de las subprefecturas.

La subprefecta de Pacasmayo, Consuelo Chilón Alvites, dijo a Últimas Noticias que se exigió la documentación de ley a los promotores de los eventos pero no hubo respuesta oportuna de estos. Incluso, dijo, un evento masivo se realizó en el local del Frigorífico, el "Pacasmayo New Year Fest 2017", sin que este siquiera intentara tener garantías inherentes al orden público. Con solo los permisos municipales les bastó, burlando el procedimiento de garantías ante la subprefectura.

Chilón Alvites, había convocó para el 22 de diciembre a los alcaldes de las municipalidades de la provincia de Pacasmayo para coordinar acciones para la seguridad ciudadana y por los eventos sociales que se anunciaban, sin embargo ninguno asistió.

La infracción a la norma se ha producido con una pasiva participación de las mismas autoridades. Las consecuencias son graves porque no es una autoridad, en este caso ONAGI, la desairada. Es el Estado el burlado y mañana sin duda le va a tocar a otro de sus representantes.