Las irregularidades estuvieron a la vista desde el inicio en el proyecto inconcluso denominado “Construcción del Sistema de Agua Potable AA.HH El Polvorín, Zapotal, Arenita, Huabal, Amaya, Nuevo Méjico, San Mateo y otros-Provincia de Chepén”. Según la denuncia de Joel Alí Quiroz Vásquez ante la Fiscalía Anticorrupción, por esta obra la Municipalidad Provincial de Chepén pagó 5’270,429.49 de un presupuesto ascendente a  S/ 5’704,731. 

Observaciones de gerente 

El 27 de noviembre 2012, la arquitecta Doris Ramírez Hernández, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chepén (MPCh) denunció las presuntas irregularidades que halló al asumir el cargo. Ya se había producido el relevo del alcalde Quesquén Terrones por fallo del JNE y había asumido funciones, David Lías Ventura.

Con el cambio de la cabeza llegaron los cambios en algunas jefaturas. Rogger Castañeda Risco dejó Desarrollo Urbano e ingresó Ramírez Hernández. Con Informe 1091 del 27 noviembre 2012, esta funcionaria se dirigió al gerente municipal Tomás Benites Bobadilla solicitándole realizar una auditoría financiera operativa.

La arquitecta Ramírez mencionaba en su escrito que fue designada con RA 1246 del 3 de octubre 2012, y que no recibió de su antecesor ningún documento que acreditase la entrega del cargo. Y agregaba que desde el inicio de sus funciones notó “Supuestas irregularidades producidas en la gestión anterior”, y enumeró sucintamente cinco, a saber: 

1. Sistema de agua potable del AH El Polvorín y otros
2. Pabellón de nichos
3. II etapa del cerco perimétrico en la IE Santa Victoria
4. Pavimentación del jirón Manuel Ascate 
5. Pavimentación de la última cuadra del jirón San Martín.

Documentos de los procesos de selección para contratar ejecución y supervisión de obra en Polvorín fueron extraviados.

Respecto del sistema de agua potable para El Polvorín y otros, indicaba que había solicitado a la sub gerencia de Logística y bienes patrimoniales, las propuestas técnicas y económicas de los procesos de selección para contratar la ejecución y la supervisión de obra. Se le respondió que no habían “dándose por extraviados los documentos”.

Informó la arquitecta Ramírez que, según el contrato suscrito el 29 de diciembre 2011, el plazo de ejecución de obra era de 180 días calendarios (seis meses). Sin embargo, habían transcurrido 9 meses “sin que se me haya hecho llegar alguna Resolución  Aprobando Ampliación de Plazo y existe otorgamiento de Adelanto Directo, pago de Expediente Técnico y pago de Primera Valorización, por parte de esta Entidad Edil”.

Da también referencias de los otros proyectos mencionados. Pero detalla como marco general que: “En la mayoría de casos  las Obras Ejecutadas actualmente, que han sido Licitadas con la Gestión anterior, se han aprobado sin tener los respectivos Estudios de Pre Inversión (…) dichas obras licitadas se han ejecutado en la fase de Viabilidad más no en la fase de Inversión”.

En 2012 gerente de Desarrollo Urbano solicitó auditoría financiera operativa.

“Los Expedientes Técnicos, de las obras que actualmente están en ejecución, (…) en su mayoría se encuentran con deficiencias, no presentan planos de ubicación, estudios de suelos, algunos con Problemas de Saneamiento de Terreno, obras sin autorización del Instituto Nacional de Cultura, por tales motivos se ha tratado de subsanar los errores, los Supervisores están  exigiendo las Pruebas Técnicas respectivas”.

Concluía solicitando gestionar se realice una auditoría financiera operativa “de lo actuado en cuanto a la Ejecución de Obras efectuadas por la Gestión anterior, de tal manera que en un posible futuro Control, deslindemos responsabilidades…”.