Otro pedido de levantamiento de su inmunidad parlamentaria enfrenta el congresista Joaquín Ramírez Gamarra, quien es secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular. Este segundo pedido ha sido presentado, en Lima, por la fiscal provincial Rosana Villar Ramírez. Otro pedido en trámite, que ha encontrado diversos contratiempos, se ve en Chepén a raíz de una denuncia de dirigentes de la Comunidad Campesina de ese lugar por presunta falsificación de documentos con los cuales el congresista se habría apropiado de más de mil hectáreas de tierras eriazas.

La investigación en Lima

De acuerdo con información de Perú 21, el político fujimorista está comprendido en una investigación por la presunta comisión de delito de lavado de activos.

El Ministerio Público habría encontrado indicios que fundamentan su pedido para levantar la inmunidad parlamentaria del citado congresista cajamarquino. La publicación señala que en la resolución fiscal se precisa solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ramírez a fin de que el juez de turno proceda conforme a sus atribuciones.

Ramírez Gamarra ha confirmado el pedido de la Fiscalía y ha declarado que no se opondrá a que se cumpla dicho trámite, y en su descargo ha dicho que “la denuncia se hizo en el contexto que había asumido la secretaría general del partido Fuerza Popular. Se fabricó esta denuncia a través de un correo anónimo”, precisa citado por Perú 21.

De acuerdo con lo informado por el citado diario, el pedido fiscal está contenido en la resolución del 19 de octubre, de la carpeta fiscal N° 339-2014, que fue abierta tras la denuncia interpuesta por la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos contra Ramírez, el 9 de setiembre de 2014.

De cobrador de combi a empresario

Indica la nota: “En su denuncia, la procuradora lo acusó de poseer, “conjuntamente con su esposa, Rosa Castañeda, un inmenso patrimonio inmobiliario al que se suman millonarias inversiones y acciones, en personas jurídicas, que no guardan relación con sus ingresos iniciales, como cobrador de transporte público-combi”.

“También se conoció que en el contexto de las indagaciones preliminares, la magistrada Villar Ramírez, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, habría obtenido de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el reporte de Ramírez y de los demás investigados y en el cual se advierte que al menos tres familiares directos del parlamentario fujimorista habrían sido “reportados como sujetos a operaciones sospechosas”.

El pedido de Villar será derivado al despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien lo remitirá al Poder Judicial. Ahí, una comisión ad hoc evaluará la solicitud y, de declararla procedente, la elevará al Congreso de la República.

Capital de 2 mil soles

La publicación periodística consigna que según la denuncia interpuesta por la Procuraduría de Lavado de Activos, Ramírez inició sus actividades económicas en el año 1999 con la inscripción en la Sunat, de la empresa Capricornio Import S.A.C., con un capital social de S/.2,000, el cual, dos años después, se incrementó a S/.107,000, aportando en efectivo S/.105,000. Estos aportes inusuales llamaron la atención de la Procuraduría.

En 2001 constituyó, con S/.5,000, la empresa Interactiva World S.A.C., que se encuentra inactiva desde el 2006.

En el 2003, el legislador incrementó su patrimonio y empezó a diversificar sus “inversiones”, incursionando en el negocio inmobiliario y venta de combustibles. Decide ampliar más sus inversiones financieras y se vincula con activos en educación e invierte en clubes deportivos profesionales como el UTC de Cajamarca.

13 empresas como congresista

En su denuncia, la Procuraduría destaca que, tras su elección como congresista, constituyó 13 empresas y adquirió acciones en otras cuatro, por un valor superior a los S/.5.7 millones.

La Procuraduría de Lavado de Activos calificó de “operaciones comerciales inusuales” el pago por la compra de un inmueble efectuado por el cuñado del parlamentario investigado, Miguel Castañeda Cubas, a través de su empresa Milestone Group S.A.C., de la cual Joaquín Ramírez es apoderado, en favor de la compañía Lima Ingeniería y Construcción S.A.C., cancelando “una supuesta deuda” de US$2.8 millones.

El caso Chepén

La Procuraduría también enfatiza que el legislador fujimorista fue sentenciado en 1998 por el delito contra la fe pública y, por este mismo delito, en agosto de 2014 fue denunciado por la Comunidad Campesina de Chepén, que lo acusó de haberse apropiado de mil hectáreas con documentos falsos a través de su empresa Agroindustrial San José S.A.C.

La denuncia consigna además el registro de diversos viajes hechos por el congresista cajamarquino, desde el año 2002 hasta el 2014, a países considerados paraísos fiscales, donde suelen constituir empresas ‘off shore’. Tiene varios viajes a Panamá, Costa Rica y El Salvador. También ingresos a Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina y España.

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Joaquín Ramírez dice que no se opondrá a que lo investiguen. Caso Lavado de Activos

Fiscal solicita levantamiento de inmunidad parlamentaria a parlamentario fujimorista