Se frustró la audiencia en la que debía debatirse la elevación del pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra. Dicha aprobación es necesaria para que Ramírez Gamarra pueda ser comprendido en el proceso sobre presunta falsificación de firmas, en agravio de la Comunidad Campesina de Chepén (CCCh).

La supuesta falsificación de firmas del presidente y secretario de dicha Comunidad, ha permitido que Ramírez resulte posesionario de más de mil hectáreas de tierras eriazas que figuran a nombre de Agrícola Industrial San José de la cual es su gerente.

La supuesta falsificación de firmas del presidente y secretario de los comuneros ha permitido que Ramírez resulte posesionario de más de mil hectáreas de tierras eriazas, que figuran a nombre de Agrícola Industrial San José, de la cual es su gerente.

El abogado de la CCCh, José Acosta Tello, en entrevista con Ultimas Noticias Diario precisó que el Ministerio Público de Chepén, a través del fiscal doctor Francisco Rivera Navarro, viene gestionando la solicitud.

El martes 15, “tuvimos una audiencia con la intención que se eleven los actuados a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad a fin de que sea el presidente (de dicha Corte quien) solicite el levantamiento de la inmunidad parlamentaria con la que cuenta el congresista y es el obstáculo, se puede decir, para poder continuar con la investigación en su contra ya que por gozar de inmunidad no se le puede iniciar ningún tipo de proceso”.

La audiencia fue programada por el titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén, Rosendo Pompeyo Vía Castillo. La diligencia se frustró, y tuvo que reprogramarse, debido a que no había retornado el cargo de la notificación que se dispuso hacer a Ramírez. La notificación se tramitó en el mes de junio y debió hacerse, en Lima, en el domicilio del conocido dirigente político de Fuerza Popular. Al no tenerse certeza de que fue notificado, la audiencia debió suspenderse.

“El señor Joaquín Ramírez no se ha presentado (…) a la audiencia que (…) era para aprobar el envío del expediente de los autos a presidencia de la Corte Superior para que sea elevado al Congreso de la República. Se eleva al presidente (de la Corte de La Libertad) doctor Carlos Cruz, y él lo envía directamente al Congreso solicitando el levantamiento de la inmunidad parlamentaria”.

Continuó explicando el proceso legal con participación de fiscalía y del poder judicial.

Según la fiscalía hay suficientes y sobrados elementos para investigar al congresista.

“La audiencia es necesaria a razón de que se puedan remitir los cargos a la ciudad de Lima que es donde tiene su dirección el señor Joaquín Ramírez, porque recordemos que él no puede ser considerado ni imputado ni acusado por el hecho de tener inmunidad parlamentaria, (…) ni siquiera como investigado. Está solo como una persona mencionada en la carpeta fiscal. Se le está notificando en su domicilio real en Lima, y a razón de que la notificación vaya y regrese, se ha reprogramado la diligencia para el 13 de noviembre a las 2.30 de la tarde”.

El juez formuló una llamada de atención al personal auxiliar encargado de las notificaciones y ordenó que se le envíe, nuevamente, con suma urgencia la notificación, según ha explicado el abogado defensor de los comuneros.

Proceso contra representante de Alas Peruanas

“Contra quien sí sigue el proceso es contra Rodman Eduardo Souza Reátegui que es el representante legal de la Universidad Alas Peruanas, en Chepén. Contra él sí continúan las investigaciones. Inclusive estuvimos presentes, (en la audiencia), con el abogado del señor Souza quien en audiencia con el juez doctor Vía Castillo manifestó la molestia que existe por parte de su representado en razón de que él es un tercero en esto, y manifiesta que a él le dan el certificado, de parte de la empresa San José del señor Joaquín Ramírez, me da el certificado, yo no tengo nada que ver con este certificado. Pero por haber hecho las gestiones a nombre del señor Joaquín Ramírez se ve involucrado en este tema. Souza es quien tramita, con poder de Ramírez”.

Precisó que la investigación está aun dentro del plazo previsto por ley.

“Pero el fiscal Francisco Rivera, para evitar nulidades o algún tipo de diligencias que dilaten la investigación ha decidido pedir una prórroga tal como lo establece el Código Procesal Penal. Más aun cuando se trata de un caso complejo como es este de falsificación de firmas”.

El caso lleva varios meses siguiendo las etapas del procedimiento legal.