Volvió a la Fiscalía de origen una denuncia interpuesta por Angel Quiroz Silva, director del CEBA Antonio Raimondi. Está formulada contra el exalcalde de Pacasmayo, Oscar Luperio Honorio Horna; el exjefe de la Desarrollo Urbano, José Asunción Zaldívar Cabanillas; y Walter Ernesto Trujillo Fernández, jefe de Proyectos, por la presunta comisión de delito contra la Administración pública en la modalidad de abuso de autoridad.

La fiscalía provincial de Pacasmayo había dispuesto no formalizar investigación preparatoria, archivando la denuncia. Pero el agraviado, Quiroz Silva presentó queja de derecho (0127-2015) contra la disposición fiscal y el caso fue revisad en Trujillo. La fiscal superior penal titular Carla León Aguilar dispuso que el expediente (Carpeta 1787-2014) retorne a San Pedro de Lloc y se reoriente la investigación.

La denuncia de Quiroz está referida al incumplimiento del levantamiento de las observaciones formuladas a la construcción de un aula y una batería de servicios higiénicos en el local del CEBA Raimondi. Quiroz denunció que, pese a sus continuos requerimientos para que Zaldívar subsane las observaciones a la obra, no atendió su pedido. La obras presenta defectos por lo que denunció a ese funcionario ante el alcalde Honorio Horna sin que éste tampoco atendiese. Los hechos se remontan a junio del 2013.

La fiscal León, al analizar la resolución fiscal cuestionada, concluyó que “se circunscribe a un análisis incorrecto y desligado del hecho materia de imputación, en el sentido que la titular del ejercicio de la acción penal pública representa la conducta incriminada como una ligada al incumplimiento de levantamiento de las observaciones formuladas por el denunciante (…) no obstante revisando minuciosamente los actuados nos percatamos que ese hecho no es el que constituye la notitia criminis sometida a conocimiento de este Ministerio Público (…)".

"El hecho no consiste –como lo sostiene el Despacho de instancia- en el incumplimiento de la subsanación de las correcciones de una obra defectuosa, sino en la negativa de parte de los funcionarios y servidores públicos de la Comuna Distrital de Pacasmayo atinente a la información sobre el trámite brindado a las solicitudes formuladas por el denunciante”, añade.

Considera que en la forma como se ha calificado la denuncia, no se garantiza el debido proceso por lo que la disposición de archivamiento ordenada por la Fiscalía provincial de Pacasmayo debe ser declarada nula. Resuelve que “(…) atendiendo a que los actos de indagación inicialmente realizados estuvieron encaminados a la dilucidación de un hecho que no concuerda con el suceso histórico materia de imputación, a efectos de evitar mayores dilaciones en la presente investigación, necesario es reconducir la misma hacia la clarificación del hecho que sí lo es…”.

Determina las acciones a seguir por la Fiscalía Provincial de Pacasmayo, en un plazo de 40 días, las mismas que “permitirán obtener una mejor percepción de las circunstancias que componen la hipótesis incriminatoria, y la emisión de una disposición fiscal de procedencia o improcedencia de la acción penal, conforme a Derecho".

La resolución de la fiscal superior Carla León tiene fecha 18 de agosto del 2015. Una copia de la misma fue alcanzada por el denunciante para conocimiento e información.